INSTITUTO YRIGOYENEANO
LOS GOBIERNOS RADICALES:
DEBATE INSTITUCIONAL Y PRACTICA POLITICA
Ana Virginia Persello
El 6 de septiembre de 1930 se
cerró un ciclo de la historia argentina. El golpe de estado que desalojó a
Hipólito Yrigoyen del gobierno marcó el primer quiebre de la regla de sucesión
del poder establecida en la Constitución de 1853. Abortaba, de este modo, la
intención de articular a la experiencia liberal afianzada por los hombres del
'80, caracterizada por la inserción de la Argentina en el mercado mundial como
país agroexportador, la unificación del mercado interno, la nacionalización del
estado y la extensión de los derechos civiles; la democratización de la vida
política.
El acceso del radicalismo al poder, en 1916,
fue posible en la medida que esa intención -la ampliación de la participación
política- se tradujo en ley. En 1912, la sanción de la ley electoral 8871
incorporó la obligatoriedad y el secreto del voto poniendo en acto una
universalidad que no se correspondía con su práctica concreta. El principio
"cada hombre un voto" transformó la vida colectiva en distintos
niveles. Su propósito declarado era evitar el fraude, la manipulación del
elector; desplazar a los círculos enquistados en el gobierno reemplazándolos
por el juego armónico de partidos organizados rotándose o compartiendo el
poder; moralizar la vida administrativa eliminando las clientelas del aparato
estatal. Es decir, provocar el pasaje de un sistema político que funcionaba de
manera excluyente a otro de participación ampliada Sus primeras aplicaciones a
nivel provincial le dieron el triunfo al partido radical en Santa Fe, Córdoba y
Entre Ríos y en el ámbito nacional, entre 1916 y 1930 se sucedieron tres
gobiernos radicales, el de Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna entre 1916 y 1922,
el de Marcelo T.de Alvear, entre 1922 y 1928 y el de Yrigoyen y J.E.Martínez,
entre 1928 y 1930. La bandera y programa del partido era el cumplimiento estricto
de la constitución.
Se inició así una nueva
experiencia en la que se combinaron prácticas nuevas con viejos modos de hacer
política, resistentes al cambio propuesto por la ley.
Nuevos sectores se
incorporaron a la práctica del sufragio, lo cual modificó la estructura de los
partidos que debieron competir en otros términos por la conquista del poder,
ampliar su aparato y adaptarse a campañas electorales masivas. Cambió la
composición y dinámica del parlamento; el radicalismo, ocupó por primera vez el
gobierno y los tradicionales sectores gobernantes, ocuparon el rol de la
oposición. El espectro de partidos se amplió, por divisiones de los ya
existentes más que por el surgimiento de agrupaciones nuevas. Esto fue
acompañado por un proceso de transformaciones en el aparato estatal vinculado
con la particular relación que se estableció entre gobierno y partido
gobernante.
El período de los gobiernos
radicales, como no podía ser de otro modo, en tanto se trata de una coyuntura
de cambio, estuvo atravesado por un debate -en el que participaron publicistas,
intelectuales, prensa y agrupaciones políticas- sobre el sentido de las
transformaciones que se operaban en la vida política. Es decir, la apertura
electoral planteó como tarea la construcción de un sistema político
democrático, que pusiera en acto los principios representativo, republicano y
federal inscriptos en la constitución, y lo que ahora enfrentaba a los
diferentes sectores era el contenido que se le asignaba a cada uno de ellos. En
la medida en que el sufragio universal era un dato dado, el debate atravesaba
el diseño institucional. Sus términos oponían el presidencialismo con el
parlamentarismo y por ende, discutían el lugar de la soberanía; el principio de
legitimidad del gobierno representativo; la forma que debía adoptar el sistema
electoral; la separación o involucramiento de la política con la
administración.
El gobierno representativo: Partidos políticos.
Entre f
La sociología, la historia, la
tradición cultural y la psicología aplicada a las masas fueron utilizadas en el
momento de explicar prácticas políticas que se consideraban distorsionadas en
relación al orden político pensado como deseable.
La ampliación del sufragio
situó a los partidos en el centro de la escena política. La política de masas
requería de organizaciones para reclutar al elector. Junto con la demanda por
una participación ampliada, las organizaciones políticas, la prensa y los
publicistas demandaban la organización de partidos permanentes y orgánicos. La
referencia obligada, el modelo a incorporar de partidos que se adaptarían a los
cambios propuestos en la ingeniería institucional eran los partidos ingleses y
norteamericanos, a los que se consideraba estables, orgánicos y disciplinados.
En 1889 habían llegado a la
Argentina -a la librería Jacobsen, en la calle Florida- dos ejemplares de la
primera edición del libro de James Bryce, La
república americana. El texto describe la organización de los partidos
americanos basados en el sistema de convenciones. Estas reemplazaron a los
comités que elegían a los candidatos en cónclaves. El sistema de división entre
comité y convención fue adoptado por los dirigentes de la Unión Cívica y se
incorporó a la carta orgánica de 1892, a sugerencia de José Nicolás Matienzo y
Virgilio Tedín, quienes habían adquirido los ejemplares arriba mencionados.
Aparecía como una superación de las prácticas existentes en el interior del PAN
y como un medio de erradicar a las agrupaciones personalistas nucleadas con f
Los estatutos de 1892 de la
UCR -independientemente de su funcionamiento en la práctica- proponían
conformar una agrupación permanente, principista e impersonal y establecer un
gobierno descentralizado, dándole al partido una estructura federativa con base
en los clubs (organismos locales que a partir de 1908 adoptarán el nombre de
comités).
Se diferenciaban de este modo
del Partido Autonomista Nacional (PAN), agrupación constituida por grupos de
notables provinciales, sin dirección centralizada y de la que surgían, a partir
de una complicada red de alianzas renovadas en cada coyuntura electoral, los
candidatos a presidente, gobernadores y senadores, sin responder a normativa
alguna para seleccionarlos. Eran el grupo en el poder, y la recurrencia al
fraude les evitaba el reclutamiento de adherentes, la ampliación de sus bases o
la constitución de un aparato centralizado.
Independientemente del lugar
donde se colocara el eje de la argumentación -historia, tradición o prácticas
políticas- para dar cuenta de una crisis que se consideraba política y moral,
es común el sentido del progreso con que se leía la historia. La coyuntura de
fin de siglo era pensada, por buena parte de sus contemporáneos, como un
momento de cambios en sentido positivo. La visión optimista del futuro opacaba
los argumentos escépticos y la visión idealizada del funcionamiento del sistema
político en Estados Unidos e Inglaterra constituía un horizonte a alcanzar.
Estas ideas se traducían en la
creencia en la capacidad regeneradora de la ley. La reforma electoral
constituiría a los partidos políticos. Los sectores políticos, la prensa y los
publicistas que la propiciaron apelaban a los grupos de notables -inorgánicos,
locales, transitorios- nucleados
alrededor del PAN para que se unificaran y se organizaran y al Partido Radical
(UCR), al que se lo reconocia como partido nacional, permanente y orgánico,
para que definiera un programa. La demanda por una definición programática se
fundaba, tanto fuera como dentro del radicalismo, en la necesidad de superar el
estilo político de Yrigoyen, que se proponía como jefatura única e indiscutida.
Las ideas debían reemplazar el enorme peso de su liderazgo.
A pesar de la generalizada
confianza en la virtud de la ley, subsistía, en los sectores gobernantes,
cierta incertidumbre frente al futuro político. Se temía la dispersión
conservadora y la hegemonía del sector radical liderado por Yrigoyen. Las
predicciones negativas se transformaron en constataciones una vez dictada la
ley Sáenz Peña. Fracasó el intento unificador de las fuerzas conservadoras con
eje en el Partido Demócrata Progresista -que se constituyó en 1914 y tuvo su
origen en la Liga del Sur, agrupación santafesina liderada por Lisandro de la
Torre- y la candidatura de Yrigoyen se impuso en la convención de la UCR.
El triunfo radical en las
elecciones de 1916 oscureció, en parte, la visión optimista de aquellos
sectores liberales y conservadores que apoyaban la ampliación del sufragio
confiando en la "modernización" de los grupos conservadores. La
confianza en que la reforma electoral constituiría sin más partidos orgánicos
comenzó a ser puesta en cuestión. Frente al triunfo radical y a la dispersión
conservadora la pregunta obligada era si la ley debió ser corolario y no punto
de partida del proceso de democratización.
De hecho, entre 1916 y 1930 se
dió un proceso de dispersión de las fuerzas políticas. No sólo las agrupaciones
conservadoras provinciales no constituyeron un partido a nivel nacional, a
pesar de sucesivos intentos en ese sentido, sino que los radicales y los
socialistas se dividieron y el partido demócrata progresista se eclipsó,
quedando nuevamente reducido a una agrupación provincial.
Las coyunturas electorales, y
sobre todo aquellas que implicaban la renovación presidencial, actualizaban en
la agenda de cuestiones de las agrupaciones conservadores provinciales la
constitución de un partido nacional de oposición que no llegó a sustanciarse
como tal. Los intentos se limitaron a uniones con f
A mediados de 1921 se promovió
desde el partido conservador de Buenos Aires la unión de las fuerzas contrarias
a la política presidencial. La idea de una concentración opositora comenzó a
tomar cuerpo, aunque desde sus inicios se adujo la falta de tiempo para
constituirse en partido. Se especulaba, además, con una posible escisión en el
partido gobernante. La idea era que algunos dirigentes disidentes del
radicalismo merecerían que se les acercara apoyo electoral y político. Sin
embargo, ésta última opción representaba un camino plagado de inconvenientes.
Hay incertidumbre respecto a la propia consistencia del movimiento rupturista
en el radicalismo, que adoptaba, todavía, la forma de manifestaciones aisladas.
Finalmente, la Concentración
Nacional se plasmó en septiembre de 1921 y en noviembre aprobó su carta
orgánica y eligió autoridades. La presidencia provisional de Francisco Beazley
es reemplazada por la definitiva de Ernesto Padilla. El mandato de los
delegados provinciales a la convención nacional sólo se limitaba a la formación
de una federación en la que todos los partidos provinciales conservarían su
organización y gobierno. El intento se limitó a la definición de la fórmula
electoral: Norberto Piñero-Rafael Núñez y al esbozo de un vago programa:
"salvar la democracia" para, una vez restablecido el régimen de las
instituciones esbozar soluciones concretas a problemas puntuales. La crítica
conservadora al radicalismo, su ausencia de programa, no parecía haber sido
tenida en cuenta en este caso. Al igual que para el partido radical cuando
estaba en la oposición la consigna era salvar las instituciones y para ello los
conservadores sentían que podían prescindir de un programa porque constituían una
"clase gobernante".
El partido demócrata
progresista rechazó la invitación a sumarse a la concentración. El argumento de
Lisandro de la Torre era que el partido se desautorizaría al incorporarse a una
entidad accidental, con f
El partido gobernante
El radicalismo, por su parte,
se enfrentaba a su nuevo rol de partido de gobierno. Esta situación lo obligaba
a ocupar escenarios que le eran ajenos, como el parlamento y la burocracia,
liberando por un lado, tensiones inscriptas en su origen heterogéneo y por
otro, incorporando conflictos nuevos que se relacionaban con la superación del
plano de las abstracciones y los postulados abarcadores para pasar al de las
realizaciones concretas en una coyuntura complejizada por la primera guerra
mundial. Además, la distribución de los recursos gubernamentales se
transformaba en una arena permanente de disputa.
El radicalismo se había
constituido como partido de oposición. Sus adherentes se aglutinaron a partir
de una lectura compartida de lo que no funcionaba, de los cambios que debían
producirse para poner en vigencia un régimen político democrático, que, aunque
inscripto en la propia legalidad oligárquica, era permanentemente escamoteado
por prácticas excluyentes. Sus fronteras, indudablemente laxas, daban cabida a
sectores heterogéneos e irán delimitándose en un proceso que implicó rupturas,
escisiones y alejamientos.
Bajo la presidencia de Leandro
Alem, el primer conflicto separó a aquellos que estaban dispuestos a pactar con
el gobierno, sentando la intransigencia como definición identitaria.
Muerto Alem, bajo la jefatura de Yrigoyen,
ciertos referentes cambian de sentido, se llenan de un contenido nuevo, si bien
la defensa de la Constitución, de la libertad de sufragio y la moral
administrativa siguen siendo los referentes simbólicos a partir de los cuales
los radicales se sienten pertenecientes a un mismo colectivo-
En el complicado horizonte de
las ideas rioplatenses de la segunda mitad del siglo XIX, Alem se inscribía,
"gruesamente", en la tradición liberal. Asumía la defensa del
individuo frente al Estado y de los municipios y las provincias frente al
gobierno central. El orden legítimo era aquel que limitaba el poder
dividiéndolo y descentralizándolo. La intervención excesiva del Estado iba en
detrimento de la libertad individual. La premisa, entonces, era no gobernar
demasiado. Los poderes del gobierno central debían tener carácter excepcional
porque no era allí donde residía la soberanía sino en el parlamento, única
institución que no ofrecía peligro para los derechos y libertades públicas y
que evitaba el despotismo y en el gobierno municipal, germen de las
instituciones libres. Junto a la defensa del régimen republicano y
representativo, Alem defendía el federalismo apoyándose en la historia; estaba
inscripto en el punto de partida de la argentina, que era la diversidad y no la
unidad, en tanto la nación era un resultado.
A diferencia de Alem, la
preocupación de Irigoyen, pasaba por la construcción de la nación como
instancia privilegiada de articulación posibilitando la síntesis y agregación
del conjunto social. El radicalismo resultaba así un anhelo colectivo, una
fuerza moral, una "causa" que tenía una misión histórica: construir
la nación. Si bien las autonomías eran deseables, son subsumibles a este
objetivo que es previo.
De este modo, el partido iba
constituyéndose como organización que se pretendía impersonal diferenciándose
de los personalismos de cuño oligárquico, pero también como fuerza que
pretendía monopolizar la construcción de la nación. Esta es la primera tensión
inscripta en sus orígenes y de la que se derivan sus conflictos internos. Allí
se funda la escisión del partido en 1924 entre personalistas y
antipersonalistas. La oposición al liderazgo yrigoyenista recuperó la carta
orgánica de 1892 y el propósito central de Alem, organizar una asociación
impersonal.
Cuando el radicalismo pase de
ser un partido de oposición a ser un partido de gobierno las tensiones
adoptarán la forma de divisiones locales y no cuestionarán -por lo menos en voz
alta- el liderazgo yrigoyenista, pero progresivamente se irán transformando en
un enfrentamiento por definir donde residía el "verdadero"
radicalismo: en la "causa" sintetizada en su líder o en el partido.
En Santa Fe y Córdoba, las dos
provincias donde el radicalismo asumió primero el poder, el partido se dividió
antes de las elecciones nacionales de 1916. En Santa Fe, de los conflictos
entre el gobernador Manuel Menchaca y su vice, Ricardo Caballero surgieron dos
facciones: gubernistas -que después, en la oposición, se llamarán
nacionalistas- y disidentes -que obtuvieron la gobernación en 1916. Los dos
sectores después de arduas negociaciones coincidirán en su voto en el colegio
electoral para que Yrigoyen asuma la presidencia. En Córdoba, ni bien asumió el
gobernador Loza, los conflictos en torno a la designación del personal
administrativo, lo enfrentan con el comité central del partido. A estos casos
le seguirá Tucumán, cuando Bascary, sindicado de rojo gane la gobernación y
rápidamente se constituya el grupo azul en la oposición. La escala cromática se
completará cuando aparezcan en el interior del grupo rojo, los negros. Lo mismo
ocurrirá en Buenos Aires durante el gobierno de José Camilo Crotto, quien junto
con Loza pasará a engrosar la lista, para los rojos, de "traidores" a
la causa.
El fenómeno se repetirá, con
matices, en todas las provincias. Rojos en el gobierno y azules en la
oposición, o a la inversa. Los movimientos provinciales parecen estar regidos
por intereses de orden local y ser ajenos a un plan de conjunto en el orden
nacional, cada provincia parece participar de una ecuación política que le es
propia que sólo adquirirá contornos más definidos en el momento en que el
partido se divida. Los casos más significativos serán los de Mendoza y San
Juan, donde el lencinismo y el bloquismo, movimientos que cuentan con amplio
apoyo popular, se irán progresivamente separando del yrigoyenismo para pasar
luego a militar en las filas del antipersonalismo.
A f
La situación se agudizará
cuando José Camilo Crotto renuncie a la presidencia del Comité Nacional para
asumir la gobernación de Buenos Aires. Rogelio Araya, el vicepresidente
primero, lo reemplazará y en 1920, ante la renuncia de éste último, asumió la
presidencia el vicepresidente segundo, Francisco Beiró.
La carta orgánica del partido
establecía que la renovación de las autoridades directivas se realizara
anualmente. Este precepto no se cumplió. En 1921, ante la inminencia de las
elecciones de renovación gubernativa, debía constituirse la convención del
partido para elegir candidatos. Beiró, desde la presidencia del comité, intentó
una nueva reorganización, que nuevamente fracasó. Los sectores opuestos a la
política presidencial no reconocían a los organismos directivos. Las
provincias, en su mayoría, envían representaciones dobles y en algunos casos,
triples. Son los casos de Mendoza y Salta. Será ese comité nacional –tildado de
ilegítimo por una parte de la agrupación que considera que el partido está
acéfalo- el que decida qué grupos de delegados integrarán la convención.
En ese momento, el
enfrentamiento adquirió carácter nacional. La gestión yrigoyenista comenzó a
ser puesta en cuestión ya a f
Las elecciones de 1922
produjeron una primera separación con la formación del Partido Principista que
convocó al radicalismo a reorganizarse de acuerdo con sus principios
originarios que consideraba traicionados por el yrigoyenismo. Su evaluación del
primer gobierno radical es que es personal y arbitrario, asimilándolo a la
tiranía; es "régimen" y no "causa". El dirigente salteño
Joaquín Castellaños y el jujeño Benito Villafañe estaban entre sus
inspiradores. Llevó candidatos propios a las elecciones presidenciales de 1922
-Miguel Laurencena y Leopoldo Melo- aunque no logró nuclear a todos los
descontentos con el yrigoyenismo.
A partir de la asunción de
Alvear como presidente las tensiones se agudizaron en el interior del partido y
el foro privilegiado de la disidencia fue el Congreso. Su primera manifestación
fue el conflicto entre el vicepresidente, presidente natural del senado, el
yrigoyenista Elpidio González y senadores radicales opositores a Yrigoyen.
Estando en discusión los diplomas antipersonalistas de Jujuy la ausencia del
sector personalista impidió sesionar. González se negó a apelar a la fuerza
pública para obligar a los inasistentes y los senadores conservadores y
antipersonalistas (Melo, Torino, Saguier y Gallo) coincidieron en un voto de
censura. A este episodio se sumó el conflicto en torno a la formación de las
comisiones internas de la cámara, atribución del vicepresidente. Nuevamente
conservadores y antipersonalistas, disconformes con la composición de las
comisiones, se unieron votaron la devolución de la atribución al cuerpo
sustrayéndosela a la presidencia. Los yrigoyenistas comenzaron a denunciar el
"contubernio", es decir la violación del principio de intransigencia
sustentado por el partido que negaba la posibilidad de establecer alianzas con
los grupos políticos del "régimen". (recuadro)
El acto inaugural del período
legislativo de 1924 no contó con la presencia de los personalistas, nombre con
el que se designaba ya a los partidarios de Yrigoyen. La división estaba
planteada y se manifestó en diputados. Mario Guido es elegido presidente del
cuerpo con voto radical disidente, conservador y socialista. El legislador
radical Tamborini, acuñó la expresión "genuflexos" oponiéndola a
"contubernio" para designar a aquellos que respondían a la jefatura
carismática de Yrigoyen.
En agosto de ese año en una
asamblea realizada en el teatro Coliseo, los antipersonalistas proclamaron la
formación de un nuevo partido. La figura de Alem se oponía a la de Yrigoyen. Lo
conforman dirigentes de prestigio como Leopoldo Melo, Vicente Gallo, Fernando
Saguier, José Tamborini, José Camilo Crotto y fracciones provinciales: el
bloquismo sanjuanino, el lencinismo de Mendoza, los menchaquistas de Santa Fe,
los principistas riojanos, los entrerrianos liderados por Eduardo Laurencena,
el grupo de Bas en Córdoba, los partidarios de Ramón Gómez en Santiago.
La escisión del partido
gobernante provocó realineamientos en el interior de los partidos de la
oposición. La proclividad o no al acuerdo con el antipersonalismo dividió al
socialismo dando lugar al surgimiento del Partido Socialista Independiente y
generó divergencias en el partido conservador.
Finalmente, todos estos
sectores coincidirán en una fórmula común en las elecciones presidenciales de
1927, los candidatos de lo que se llamó Confederación de las derechas serán los
antipersonalistas Leopoldo Melo y Vicente Gallo. Su común denominador, el
anti-yrigoyenismo.
De hecho, estos no son los
partidos disciplinados, orgánicos y principistas que imaginaron los
reformadores de 1912 y que, según la versión local, funcionaban en Inglaterra y
Estados Unidos. (recuadro)
En los años de los gobiernos
radicales los conservadores seguían pensándose como un grupo de notables,
reserva intelectual y moral del país para cuando el radicalismo, bajo el peso
de sus propios errores, debiera dejar el gobierno. La legitimidad para ocupar
bancas o cargos políticos no pasaba para ellos por el partido. Los canales de
acceso a la vida política estaban en la pertenencia a familias tradicionales,
la posición económica, el prestigio social que, sumados, garantizaban capacidad
para el gobierno. El "político profesional" que vive de la política y
legitima su lugar en el cursus honorum
en el interior de un partido -caso de los radicales- es evaluado peyorativamente.
Los radicales fundan en parte
-y no la menos importante- su escisión en el modo cómo conciben al partido. El
antipersonalismo reivindica, no por casualidad, la carta orgánica de 1892 para
oponerse a lealtades que responden no a principios sino a una jefatura
carismática.
Dos proyectos presentados en
la Cámara de Diputados, uno en 1925 y otro en 1927, intentaban dar respuesta al
problema de la organicidad de los partidos a partir de la intervención del
Estado en su constitución y prácticas internas reglamentando la selección de
los dirigentes y candidatos a cargos electivos. Se pensaba en el reemplazo del
sistema de las convenciones por la participación directa de los afiliados para
evitar las negociaciones, los caucus y las componendas a que daban lugar las
elecciones de segundo grado. Si en 1890 el sistema de la convención aparecía
como un modo de superar las prácticas propias de los partidos de notables, a
mediados de la década del '20 se muestra insuficiente y la propuesta es
reemplazarlo por el voto directo de los afiliados para seleccionar candidatos y
cargos.
La idea que está detrás de
estos proyectos es que de la selección interna a los partidos no emergen los
mejores o los más capaces sino aquellos que cuentan con el manejo de las
situaciones locales, que ofrecen incentivos materiales bajo la forma de empleos
públicos o de prebendas y que tejen redes clientelares con base en los comités.
Por otro lado, la falta de
organicidad y disciplina y la ausencia de prácticas democráticas en el interior
de los partidos, funcionaba como argumento fuerte para explicar la ineficacia
parlamentaria.
El
Parlamento
Cuando Yrigoyen asumió la
presidencia, la cámara baja se componía de 120 diputados y la alta de 30
senadores. El radicalismo obtuvo 43 bancas en diputados y sólo 4 en senadores.
Una primera mirada a los cambios en la composición por sector a lo largo del
período muestra el crecimiento de los radicales en detrimento de los
conservadores. En cuanto a los partidos menores como el socialismo y la
democracia progresista mantuvieron un número de bancas más o menos constante
hasta 1928. En ese período legislativo los demócratas perdieron su
representación y los socialistas, divididos, se las repartieron con ventaja
para los independientes. Por otro lado, las bancas radicales no consituían un
bloque. Ya antes de la escisión formal del partido la bancada estaba dividida,
aunque es recién en las elecciones legislativas de 1926 cuando presentan listas
separadas, obteniendo 38 bancas el personalismo y 20 el antipersonalismo. Hacia
el final del período, coincidiendo con el segundo gobierno de Yrigoyen los
personalistas tenían amplia mayoría y quorum propio.
El recinto parlamentario se
constituyó en un lugar privilegiado para los pleitos entre e intrapartidos. A
comienzos del período se desarrolló un fuerte enfrentamiento verbal entre
radicales y conservadores -ambos se acusaban mutuamente de no constituir
partidos- que, aunque se mantuvo, se desplazó visiblemente al interior del
partido gobernante. El antipersonalismo se transformó en blanco de los ataques
del yrigoyenismo y a la inversa.
Todos los partidos, sin
excepción, desplegaban sus propias rencillas internas y además, se posicionaban
frente a las divisiones y alianzas de los otros partidos. Esto se tradujo en
una dinámica pautada por el conflicto y las denuncias de la minoría de
arbitrariedad, abuso y aplicación tendenciosa del reglamento, despachos que no
se suscribían en el seno de las comisiones y abundancia de mociones de cierre
del debate.
Pero lo que en última
instancia está en discusión en el interior mismo del parlamento es la
definición del gobierno representativo. Este debate pone en cuestión el lugar
de los partidos como canales de mediación en el sistema político. Implica una
pregunta por la representación. Frente al argumento de que la democracia no es
posible si el pueblo no se organiza en partidos y en tanto esto es así, los
legisladores representan en el recinto parlamentario a su agrupación política,
aparece el planteo de que el representante lo es del pueblo de la nación. Una y
otra posición determinaban planteos diferentes en torno al voto disciplinado y
a la formación de bloques. El bloque puede constituirse y la disciplina operar
en función de una definición programática, afirma la oposición, y el radicalismo
no la tiene. Esto funciona solamente para el partido socialista. Las cuestiones
provinciales y la política internacional -para mencionar sólo algún ejemplo-
dividían internamente tanto a conservadores como a radicales. Las diferencias
no se resuelvían en el interior del partido tal como lo propone la noción de
disciplina sino que se trasladan al congreso.
En el caso del partido radical
la cuestión se complica. Un sector de los legisladores exigía la separación
entre partido y gobierno. Se podía ser radical y opositor. El gobierno es
personal y por ende, ajeno a la tradición del partido que se basaba
precisamente en el repudio del personalismo. Los extravíos o desviaciones de
los derechos consagrados por la constitución en que incurría el presidente de
la república no comprometían la acción parlamentaria del partido. Otro grupo,
el más numeroso, se sentía solidario con el mandato por el cual Yrigoyen fue
ungido.
La misma lógica se desplegaba
durante los años del gobierno de Alvear. Para los yrigoyenistas el presidente
se apartaba de la tradición partidaria y esto justificaba las obstrucciones y
las ausencias al recinto parlamentario.
La ausencia de partidos
orgánicos y disciplinados que marca la tensión entre la nueva ingeniería
institucional propuesta por la ampliación del sufragio y las prácticas
fundamentaba dos tipos de planteos: modificar el accionar de los partidos a
través de reformas legislativas en el marco de la representación territorial o
promover cambios que los reemplacen por otras formas de mediación, funcionales,
sectoriales y de intereses. Detrás de ambos argumentos estaba en cuestión la
ley Sáenz Peña. Para los primeros, había que modificarla; para los segundos,
derogarla.
Es mayoritaria la afirmación
de que la ley implicó un jalón en el camino del progreso político. La
ampliación de la participación es irreversible o, en todo caso, inevitable,
aunque sus resultados no sean los deseados. Legisladores de distintas
tendencias proponen su modificación introduciendo la representación proporcional
para ampliar las posibilidades de los partidos menores o volviendo al sistema
de la circunscripción uninominal establecido en 1902 para que sea el ámbito
local y no el comité el que seleccione a los representantes.
La ley electoral de 1902,
creación de Joaquín V. González -sólo
aplicada en 1904- establecía el régimen uninominal por circunscripciones
combinado con el sufragio voluntario. En 1921, el legislador Julio Costa volvió
a reproducir el proyecto sin modificaciones. Los argumentos giraban en torno a
que el escrutinio de lista era la negación del gobierno representativo; la
interposición del comité entre el electorado y el pueblo. Por el contrario, el
representante surgido del distrito reunía la representación de intereses de los
votantes y de calidades, en tanto es el personaje destacado. Costa volvía a
reivindicar por sobre los partidos el peso del notable local.
Cuando en 1912 se sanciona la
ley 8871 se establece la lista completa combinada con el secreto y la
obligatoriedad del sufragio y el mecanismo plurinominal. El sistema de lista
fijaba la representación de la minoría en un tercio. En la perspectiva de los
legisladores la pluralidad y la proporcionalidad fija posibilitarían el ingreso
al parlamento de los partidos nuevos, como el socialismo y el radicalismo. No
estaba dentro del horizonte de lo posible la pérdida del gobierno por los
grupos tradicionales. El triunfo radical -para los propiciadores de la reforma-
era un resultado no previsto y no deseado. El tercio funcionaba como elemento
atemperador de la ampliación política.
Una vez instalado el
radicalismo en el gobierno y a medida que la ocupación de espacios
-gobernaciones y bancas- aumentaba, la oposición buscaba en la reforma de la
ley electoral el modo de morigerar el avance.
El régimen proporcional aparecía como
una solución posible. El argumento era que volvía más representativo al parlamento en tanto
reflejaba más fielmente las diferencias en el electorado. La opción por la
lista incompleta favorecía el gobierno eficiente y el bipartidismo, aunque
sacrificara la representatividad. Entre los regímenes proporcionales posibles
-ensayados en otros países- las iniciativas legislativas presentadas al
congreso optaban por el sistema D'Hondt que -según planteaban- evita la
fragmentación excesiva de los partidos, a diferencia del método de mayor
residuo que favorece a los partidos más pequeños.
De hecho, algunas provincias
lo adoptan: Buenos Aires, Corrientes, la Capital Federal para elecciones
comunales y Santiago del Estero hasta 1921, en que fue derogado y reemplazado
por el sistema de lista incompleta.
El principio republicano: La
relación ejecutivo/legislativo.
Es frecuente encontrarse en
los textos de la época con evaluaciones de la labor parlamentaria y una de las
cuestiones sobre las que se hace mayor hincapié es el desbalance entre la labor
legislativa y el debate político. Los legisladores de todos los sectores
coincidían en que éste último insumía la mayor parte del tiempo de las cámaras.
En líneas generales,
denominaban debate político al que enfrentaba a miembros del partido gobernante
en cuanto a la evaluación de las situaciones provinciales; al que se producía
cuando se presentaban pedidos de interpelación al ejecutivo; a las largas
sesiones dedicadas a discutir la situación de las provincias intervenidas
motivadas por la ausencia del ministro interpelado, que implicaba
necesariamente interpretaciones constitucionales en cuanto a fueros y
prerrogativas de los poderes.
Para los radicales, la
ineficacia parlamentaria era producto del obstruccionismo de la oposición que
enjuiciaba permanentemente al gobierno y al partido para provocar dilaciones.
Para la oposición, la explicación estaba, por un lado en la división del
partido radical que, obviamente se trasladaba al congreso provocando un
enfrentamiento enconado y posiciones irreductibles, por otro, en la sujeción
del partido al gobierno y, fundamentalmente, en el ejecutivo.
Según la oposición, era Yrigoyen quien
proporcionaba los motivos para que la cámara se viera obligada permanentemente
a defender sus fueros frente al avasallamiento del que era objeto, y esto era
previo a la tarea de legislar.
La enumeración de motivos es
conocida. El presidente no asistía a las sesiones de apertura del parlamento.
En los seis años de su primer gobierno Yrigoyen no lo hizo nunca y sólo en 1918
presentó excusas a la cámara por encontrarse fuera de Buenos Aires. Tampoco
concurrió durante su segundo gobierno. Esta es una de las diferencias que se
marcarán con Alvear que estuvo presente en todos los períodos legislativos de
su mandato.
Si bien la ausencia del
presidente no impedía el funcionamiento parlamentario, su presencia era una
prescripción constitucional y la no concurrencia adquirirá un fuerte valor
simbólico. Conservadores, socialistas y demócrata progresistas coincidían en
afirmar que implicaba falta de respeto, arrogancia y soberbia.
El segundo motivo era el
desconocimiento de las facultades de la cámara para llamar a su seno a los
ministros. El artículo 63 de la Constitución establecía que cada una de las
cámaras podía hacer concurrir a su sala a los ministros para recibir las
explicaciones e informes que considerara convenientes. Se trataba del derecho
de interpelación.
En los dos períodos
presidenciales de Yrigoyen aumentó considerablemente el número de
interpelaciones fracasadas en relación a períodos anteriores. Entre 1916 y 1922
en diputados se presentaron 35 pedidos de concurrencia de los ministros al
recinto parlamentario, se votaron afirmativamente 29 y sólo se realizaron 13. Entre
1928 y 1930 recibieron sanción negativa los 19 pedidos presentados.
En este último período, el
radicalismo personalista tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es
decir, es la misma cámara la que renuncia a la facultad de interpelar en una actitud
de protección al poder ejecutivo, a diferencia de los años del primer gobierno
en que la mayoría de los diputados radicales votaban afirmativamente los
pedidos de interpelación.
Y esto, nuevamente, lo separa
también del período alvearista, en el cual se votan afirmativamente las 37
interpelaciones pedidas y se realizan 34.
El tercer motivo esgrimido es
el abuso de la facultad ejecutiva de intervenir a las provincias en el receso
parlamentario. Yrigoyen envía 15 intervenciones por decreto en su primer
gobierno y 2 en el segundo sobre un total de 20 y 4 respectivamente.
La conflictiva relación entre
el ejecutivo y el legislativo dió lugar a un debate sobre el lugar de la
soberanía que no llegó a poner en cuestión la forma que adoptaba el régimen
político. Es decir, la oposición colocaba el lugar de la soberanía en el
parlamento, representante directo de la voluntad popular, lo cual no implicaba
necesariamente una opción por el parlamentarismo frente al presidencialismo.
Estados Unidos seguía siendo el modelo, aunque se argumentara que el sistema
inglés era más perfecto. Optar por el régimen parlamentario -en el planteo
conservador- exigiría partidos orgánicos y un nivel de educación política que
la Argentina no había alcanzado. Para el partido socialista era un horizonte
futuro.
En este planteo más general se
inscribía la discusión sobre los alcances y límites de las facultades de la
cámara para interpelar al ejecutivo y de éste para intervenir a las provincias
en los períodos de receso parlamentario.
Todos los sectores políticos
acordaban que la interpelación- acusación, es decir el voto de censura o de
confianza que implica la destitución o mantenimiento del gabinete es propio del
régimen parlamentario y no procede en el caso argentino. Sin embargo, la oposición
cuestionaba los argumentos -en los pocos
casos en que el presidente da explicaciones a la cámara por la ausencia de sus
ministros- que se fundaban en que el ejecutivo puede reservarse la facultad de
decidir en cada caso si los motivos son pertinentes o no, es decir, distingue
entre los estudios, informes o explicaciones que implican un aporte a las leyes
a dictarse atendiendo al rol de poder colegislador del parlamento o se refieren
a actos privativos de las facultades constitucionales que son propias del
ejecutivo.
Interpretando de este modo la facultad
legislativa, el parlamento considera que el ejecutivo la limita, en tanto
Yrigoyen sostenía que la cámara abusaba
del derecho de interpelación con móviles políticos.
En cuanto a las intervenciones
por decreto, los radicales sostenían que la constitución otorgaba al ejecutivo,
tácitamente, la facultad de intervenir sin restricciones en los períodos de
receso parlamentario -de hecho, las sesiones ordinarias duraban sólo cinco
meses- aunque muchos de ellos consideren abusivo el accionar del ejecutivo, por
ejemplo, cuando interviene una rpovincia sólo dos días antes de que el congreso
se reúna. La oposición extremaba argumentos para fundamentar que la facultad de
intervenir es legislativa.
El grupo personalista
esgrimía, en última instancia, el principio de la supremacía de la voluntad
popular sobre el de la división de poderes. Un ejemplo nos permitirá clarificar
la posición. En el período legislativo de 1929, la Cámara de diputados había
aprobado un proyecto de intervención a Corrientes y lo comunica al senado.
Éste, en el momento de cerrarse el período ordinario de sesiones no lo había
discutido. El poder ejecutivo interviene cuatro días antes de que se inicie el
nuevo período, pero durante siete meses no envía la intervención. Sólo lo hace
cuando el senado rechaza el proyecto. La cámara alta produce una declaración
desconociendo la facultad del ejecutivo para decretar la intervención nacional
a las provincias en el receso del congreso. La bancada yrigoyenista -el partido
ya estaba dividido- presentó un proyecto de resolución considerando
improcedente la actitud del senado y lo fundamentó a partir de la violación al
principio de la división de poderes. Sin embargo, en los considerandos,
afirmaba que el senado no deliberaba siguiendo el ritmo de la "voluntad
democrática", era "anacrónico", y el Poder Ejecutivo, frente al
dilema de no gobernar para mantener la armonía de los poderes o gobernar para
mantener la armonía con las aspiraciones de su pueblo, debía elegir la última
solución.
El planteo del grupo
antipersonalista se acercaba más al de los conservadores, que consideraban el
proyecto de resolución una "herejía constitucional" y afirmaban la
necesidad de más legislativo y menos ejecutivo, someter todas las cuestiones al
congreso y evitar la prepotencia del ejecutivo.
En todo el período de los
gobiernos radicales se reitera en el congreso la propuesta de reglamentar los
artículos quinto y sexto de la Constitución que son los referidos a
intervenciones federales. Para el sector radical si había abusos y
arbitrariedades la responsabilidad era del congreso que no legislaba. La
oposición sostenía que frente a ejecutivos arbitrarios poco servía legislar
dado que la práctica corriente era la violación sistemática de los principios
constitucionales.
Los ministros de Alvear
acudían al Congreso y disminuyeron las intervenciones por decreto. La crítica a
Yrigoyen por exceso se convierte en una crítica a Alvear por defecto. Si el
primero ejercía una ingerencia absorbente que violaba la división de poderes,
Alvear se abstiene de colaborar y coordinar la tarea legislativa dentro del
límite de sus atribuciones.
El avasallamiento a los fueros
y prerrogativas del parlamento motivó entre 1919 y 1930, en tres oportunidades,
el recurso al mecanismo extremo del pedido de juicio político al presidente de
la república. Los diputados conservadores Matías Sánchez Sorondo, en 1919 y
Alberto Viñas, en 1929, lo hacen a título personal y no como miembros de un
partido con la manifiesta intención de generar un debate político y procesar a
Yrigoyen, dado que está claro que no cuentan con los dos tercios necesarios
para que la iniciativa pase al Senado. El diputado radical personalista Diego
Luis Molinari presentó el pedido cuando Alvear, en 1926, clausuró las sesiones
extraordinarias del congreso, retirando todos los asuntos a tratar, entre ellos
el presupuesto y poniendo en vigencia el presupuesto del año anterior, por
falta absoluta de sanciones. Al igual que en los casos anteriores, no sólo no
lo presentó en nombre del partido, sino que éste lo desaprueba públicamente.
La relación nación/provincias: el principio federal.
La doctrina que sustentaba
Yrigoyen en cuanto a las intervenciones y sus implicancias políticas es una de
las cuestiones más retomadas en los análisis del período. Es bien conocida la
expresión del presidente de que "las autonomías son de los pueblos y no de
los gobiernos". Se fundaba en la idea de que el gobierno tenía una misión
histórica que cumplir, la reparación, para la cual fue plebiscitado. Alcanzada
en el orden nacional debía imponerse en los estados federales dado que el
ejercicio de la soberanía es indivisible. Así, la reparación incluía dar a los
estados sus gobiernos "verdaderos". Una vez que éstos se hubieran
constituido legítimamente podrían ser incorporados a la constitución, esto es,
sus gobiernos serían amparados y sus leyes respetadas.
Así, en la perspectiva
radical, las intervenciones iban a las provincias a restaurar las autonomías
provinciales, es decir, a colocar a los pueblos en condiciones de darse sus
propios gobernantes, que hasta el advenimiento del gobierno radical eran
elegidos por agentes del poder central; a establecer el pleno ejercicio de la
vida institucional; a restaurar su soberanía mutilada; a superar el vicio, el
desorden y la corrupción de las costumbres públicas y privadas y a restablecer
la justicia.
En la perspectiva de la
oposición, esta doctrina sometía el cumplimiento de la constitución a una
condición suspensiva. Las leyes regirían y se respetaría la autonomía de los
estados federales cuando las intervenciones hubieran generado tantos gobiernos
radicales como provincias.
Mientras el radicalismo las
cree necesarias y justas, la oposición las considera actos de violencia, de exclusivismo
partidista, jalones en el camino de la unanimidad y en la construcción de un
vasto imperio personal del presidente.(recuadro)
Entre 1916 y 1922 Yrigoyen
interviene nueve provincias gobernadas por conservadores (Buenos Aires,
Corrientes, Mendoza y Jujuy, en 1917; La Rioja, Catamarca, Salta y Santiago del
Estero, en 1918 y San Juan en 1919) y diez gobernadas por radicales (Córdoba,
en 1917; San Luis, en 1919; Salta y Jujuy en 1921 y Tucumán, en 1917 y 1920;
Mendoza, en 1918 y 1920 y San Juan, dos veces en 1921). Así al terminar su
primer gobierno todas las provincias, excepto Santa Fe, fueron intervenidas y
algunas en tres oportunidades.
Las intervenciones a gobiernos
conservadores daban respuesta a la ilegitimidad; el argumento -ya desarrollado-
era que sus gobernantes habían sido elegidos en elecciones fraudulentas y era
necesario devolverle la soberanía al pueblo de la provincia. Las intervenciones
a gobiernos radicales, se hacían a requisitoria de los gobiernos provinciales.
Los motivos eran múltiples pero, en general, respondían a conflictos entre
poderes: gobernadores que clausuraban la legislatura o legislaturas que
desconocían al gobernador.
Las primeras se producían por
decreto y eran amplias, es decir, implicaban la disolución de todos los
poderes; de las segundas, cuatro se dieron por iniciativa del congreso y eran
limitadas.
Una de las particularidades de
las intervenciones era que se prolongaban, en algunos casos, por espacio de
varios años durante los cuales se sucedían los llamados a elecciones seguidos
de decisiones de prórroga. La otra, es que, paralelamente a la llegada de la
intervención el partido radical provincial se dividía.
Indefectiblemente, una de las
fracciones denunciaba parcialidad en el comportamiento de la intervención. El
argumento era que el poder federal "montaba su máquina electoral"
para satisfacer a una de las facciones en pugna. En Corrientes, los
"sotistas", denominados así porque responden al liderarzgo de Pedro
Numa Soto denuncian en su propio periódico, parcialidad a favor de los
"blanquistas" cuya cabeza era Angel S. Blanco. Finalmente, cuando se
llame a elecciones triunfarán los liberales. En Catamarca, el grupo
“reaccionario” liderado por Agustín Madueño, que respondía al presidente
Yrigoyen planteaba en su órgano periodístico, El Radical, que la intervención
favorecía al grupo radical orgánico, liderado por Ernesto Acuña que contaba con
el apoyo del vicepresidente Pelagio Luna y cuyo candidato a las elecciones era
Ramón Ahumada, quien finalmente asumirá el gobierno de la provincia. Estos
ejemplos se repiten en el resto de las provincias intervenidas.
Al iniciar su gobierno, Alvear
intentó diferenciarse, sin provocar rupturas, de la política intervencionista
del período precedente. Dos provincias estaban intervenidas, San Luis y San
Juan. En cuanto a la primera, se produce el llamado a elecciones y el gobierno
nacional devuelve los fondos provinciales usados por la intervención; en cuanto
a la segunda, envía notas al interventor para limitar sus funciones y el pedido
de intervención a Córdoba del partido radical, pendiente desde el anterior
gobierno, es sometido al Congreso que finalmente no lo sanciona.
Uno de los intentos por
modificar la política de intervenciones, propiciado por Alvear y su ministro
del interior, José Nicolás Matienzo, fue el proyecto de reforma parcial de la
constitución, presentado en el Senado en 1923. La iniciativa reducía el mandato
de los diputados a tres años, establecía la elección directa de los senadores y
la renovación total de la cámara. Sustrayendo la elección de los senadores a
las legislaturas provinciales se intentaba eliminar uno de los nudos
conflictivos de la relación entre gobierno nacional y gobiernos provinciales y,
por ende, uno de los motivos más frecuentes de intervención federal. El
proyecto no fue discutido y el detonante de la renuncia de Matienzo en
noviembre de 1923, fue la cuestión de las intervenciones federales. En 1923 el
congreso decidió la intervención a Tucumán basado en el conflicto de poderes
entre el gobernador Octavio Vera y la legislatura. El ministro impartió
instrucciones al interventor Luis Roque Gondra puntualizando el carácter
transitorio y limitado de la misión federal y le negó el uso de facultades
omnímodas. En la discusión sobre el alcance de las atribuciones conferidas a la
intervención, Alvear apoyó al interventor.
Vicente C. Gallo se hace cargo
del ministerio del interior diferenciándose de Matienzo. Volvió a las
intervenciones por decreto: Jujuy, gobernada por Mateo Córdova, a f
El proyecto de Gallo era intervenir
Buenos Aires, bastión del yrigoyenismo, para lo cual tenía apoyo conservador.
La negativa de Alvear a apoyarlo provoca su renuncia en 1925 y su reeemplazo
por José Tamborini.
Al finalizar el período
alvearista los gobernadores de San Juan, Mendoza, Jujuy, Santiago y Santa Fe
apoyan al antipersonalismo. Córdoba, Salta, San Luis y Corrientes tienen
gobiernos conservadores. En las elecciones provinciales previas a las
nacionales de 1928 en Salta, Tucumán, Santa Fe y Córdoba, triunfan los
yrigoyenistas.
Durante el segundo gobierno de
Yrigoyen los argumentos de los legisladores personalistas se extremaron y las
posiciones se tornaron más irreductibles: el pueblo tiene cada seis años la
libertad absoluta de elegir y el presidente la de mandar. El equilibrio entre
gobierno y pueblo está por encima del principio federal. En el último período
legislativo de Alvear, cuando Yrigoyen ya había ganado la presidencia y los
yrigoyenistas habían conseguido mayoría en diputados se votaron cuatro intervenciones
en cuatro días -incluyendo sábado y domingo- bajo protesta de la oposición, a
puertas cerradas para sostener el quorum.
Cuando Yrigoyen llegó al
gobierno, en 1916, sólo tres provincias tenían gobiernos radicales: Santa Fe,
Córdoba y Tucumán. Al final de su
mandato prácticamente todas las provincias tenían mandatarios radicales.
De hecho, los cambios en el
mapa político tienen que ver con la política de intervenciones, aunque sólo en
parte. El radicalismo cuenta con un enorme apoyo popular que crece –aunque con
altibajos- durante todo el período.
Administración y política
Previo a la sanción de la ley
Sáenz Peña, el mismo movimiento que pugnaba por la democratización del sistema
político exigía moralidad administrativa. Ambos procesos son pensados
simultáneamente y la crítica al comportamiento administrativo era indisociable
de la impugnación a las prácticas políticas. La burocracia se consideraba una
fuente de prebendas al servicio del círculo en el poder; un efecto perverso del
fraude electoral; un lugar donde se pagaban votos y lealtades. Moralizar la
administración equivalía a sujetarse a reglas claras, eliminar la arbitrariedad
y las clientelas. Para los impulsores de la ampliación del sufragio, éste
terminaría con los favoritismos, la ineficacia y la ineficiencia.
Más tarde, ya instaurado el
voto secreto y obligatorio e instalados los radicales en el poder, tal
argumentación se torna falaz. Las críticas a la administración continúan y se
mantendrá la imagen de una burocracia estatal subordinada al partido gobernante
y puesta a su servicio, excesiva e inoperante.
En todos los sectores
políticos dominaba la demanda por la racionalización del aparato administrativo
aunque sin traducirse en normas generales de procedimiento. Cuando los
radicales llegaron al poder había un ejército permanente y las agencias
estatales -correos, ferrocarriles, establecimientos educativos- se desplegaban
por todo el territorio. No hubo innovaciones en este sentido. Los cambios se
limitaron a algunas iniciativas aisladas de tal o cual ministerio, o de algunas
reparticiones públicas. Lo que si se renovó fueron los elencos administrativos.
Los gobiernos electores fueron
dejando paso a los partidos. La pertenencia al círculo de notables que
"garantizaba" la capacidad, el mérito y el talento unidos a una
cierta posición social fueron dando lugar a la militancia partidaria a la hora
de designar a los funcionarios y las vinculaciones tradicionales, a los lazos
de lealtad y a la afiliación a un comité si se trataba de seleccionar a los
empleados estatales.
Islas de racionalidad
convivían con agencias estatales ineficientes y superpobladas, o ineficaces por
ausencia de personal. Empleados nuevos, recomendados del caudillo influyente,
coexistían con viejos funcionarios de administraciones pasadas.
Los empleados rotaban
rápidamente de un cargo a otro y -sobre todo en el interior del país- los
"desalojos" de personal se producían cuando una fracción política del
partido gobernante se imponía sobre otra fracción del mismo partido.
La imagen que traducen la
prensa, los partidos opositores y las fracciones radicales desalojadas sobre la
administración es la de una máquina pesada y lenta, un lugar donde los
partidarios del gobierno tenían asegurada una renta sin mayor esfuerzo -y a
veces sin ninguno-, donde se fomentaba el vicio de la "empleomanía",
es decir, se alejaba a la población de las actividades productivas restándoles
dinamismo.(recuadro)
Se aludía al exceso de
personal reclutado bajo la forma del patronazgo político, a la complicación de
procedimientos, a la superposición de funciones, al relajamiento de la
disciplina y a la no correspondencia entre jerarquía y salario. Desquicio,
anarquía y caos. Esta descripción podría corresponderse, con matices, a la de otros
aparatos administrativos situados en tiempos y lugares distintos. Es una
especie de lugar común que identifica patologías y disfunciones en relación a
un modelo ideal racional y eficiente.
Una de las cuestiones más
subrayadas, no sólo en la época, sino entre quienes analizan los gobiernos
radicales, es la ingerencia de la "política" en la administración, y,
en este caso, política alude al peso de los comités en la función pública. A
partir de lo cual se concluye que es necesaria la separación de ambas esferas.
Una abundante literatura
plagada de anécdotas da cuenta de la práctica del patronazgo aludiendo a
postulantes de empleo llenando los pasillos de la Casa rosada, provocando
incidentes, gritos y discusiones.
Sin embargo, hay consenso en
reconocer que Yrigoyen, en los primeros años de su gobierno, respetó las
situaciones adquiridas en la administración manteniendo a todos aquellos
empleados que no tuvieran cuestionamientos en su desempeño y no provocó
desalojos forzados. El criterio partidista imperó para la provisión de las
vacantes.
Si esto es así a nivel del
gobierno nacional no parece haber ocurrido lo mismo en las provincias. Son
innumerables los documentos que dan cuenta de reemplazos masivos de empleados
públicos, situación que afectó al partido radical ahondando sus disidencias
internas y resquebrajando sus líneas de autoridad. La puja por los recursos
gubernamentales se transformó en un espacio de desencuentros, de conflictos y
provocó alejamientos e incorporaciones.
La imagen más gráfica de lo
que en la época aparece mencionado como confusión entre partido y gobierno la
da la denuncia de comités funcionando en las comisarías o de oficinas de
inmigración constituídas en comité. Y de esta confusión se derivan dos
consecuencias: el radicalismo se perpetúa en el poder merced a los empleados
públicos constituídos en "máquina" electoral y gobierna
ineficientemente porque la competencia técnica no figura entre los requisitos
de acceso a la administración.
La “máquina” electoral
Las agencias estatales que
tenían personal distribuido por todo el país (Correos, Defensa Agrícola,
Aduana, Consejo Nacional de Educación) ocupaban el centro de las críticas. La
prensa opositora y los legisladores conservadores, socialistas y demócratas
afirmaban que los carteros asistían a manifestaciones políticas y la
correspondencia no se repartía; que los peones de la defensa agrícola cumplían
funciones de propaganda en lugares muy alejados de la lucha contra la langosta
y que las patrullas de peones camineros sólo recorrían el territorio en
vísperas electorales.
La afirmación de que
cuadrillas de peones camineros, "policías bravas", receptores de
rentas, directores de escuela y maestros, empleados de la defensa sanitaria y
de la defensa agrícola ("brigadas volantes" o "la otra
langosta") ganaban elecciones, les servía a los partidos de la
oposición para explicar sus fracasos
electorales y la extendida práctica de la abstención.
Los partidos conservadores
provinciales (liberales de Tucumán, autonomistas de Mendoza, concentración
catamarqueña, etc.) y los radicales disidentes, que según la provincia y la
coyuntura pueden ser los azules, los rojos o los negros, recurrían
frecuentemente a la abstención por "falta de garantías electorales".
Las crónicas municipales también registraban la abstención, justificada por
presiones del caudillo local -"el dueño de la situación", en el
lenguaje de la época- asociado al comisario. La abstención funcionaba como
motivo para demandar, una vez realizadas las elecciones, la intervención federal.
La oposición explicaba los
triunfos electorales del partido gobernante por la instauración de la
"máquina",(recuadro) es
decir, el radicalismo ganaba por las presiones oficiales y la utilización de
los recursos gubernamentales. Sin embargo, aún los más enconcados de entre
ellos tenían clara la insuficiencia del argumento.
En el interior del radicalismo
la relación entre gobierno y partido estaba en debate. Enfrentado a las
críticas de la oposición sostendrá que los empleados del "régimen"
eran agentes electorales, pero a partir de la vigencia de la ley Sáenz Peña, un
empleado de la administración radical es un partidario. Fue radical antes de
ser empleado y no lo es por serlo. Pero las crónicas periodísticas registran en
las convenciones, tanto nacionales como provinciales del partido, los planteos
de algunos de sus miembros que demandan la separación entre partido y
administración estableciendo la incompatibilidad entre empleo público y cargos
en el aparato partidario. De hecho, el principismo y el antipersonalismo
montaban buena parte de su propaganda electoral y fundaban sus disidencias en
la confusión partido/gobierno en la etapa yrigoyenista.
Se les asignaba a los
empleados públicos la decisión en torno a candidaturas. El triunfo del
candidato del presidente, Alvear, en 1922, es atribuída por un sector del
partido a la composición de la convención. De 188 miembros, 30 eran empleados
públicos.
Además, uno de los argumentos del
antipersonalismo para enjuiciar a la administración yrigoyenista es haber
llenado todos los cargos vacantes con sus propios partidarios antes de la
asunción de Alvear para perpetuar la "máquina".
Yrigoyen justificaba las
vacancias en la administración y el mantenimiento de reparticiones públicas
acéfalas en razones de economía. El argumento más sólido de la oposición era
que si realmente se querían hacer economías esos cargos debían ser suprimidos
del presupuesto. Este planteo adquiere la forma de un proyecto de ley
presentado a la cámara de diputados por el conservador mendocino, Raffo de la
Reta en 1919.
La ley de jubilaciones (art.4,
inc.6) establecía que el importe de los sueldos vacantes debía ingresar a esa
caja, pero autorizaba al Poder Ejecutivo a imputarlos a rentas generales en
casos de excepción. Esta última cláusula es la que, según la oposición,
explicaba el mantenimiento del sistema porque permitía nombrar empleados
supernumerarios -que no estaban contemplados en el presupuesto sino que se
designaban en acuerdos de gabinete- en las agencias estatales que, como la
Defensa Agrícola, cumplían tareas electorales.
Lo cierto es que meses antes
de abandonar el gobierno Yrigoyen proveyó la mayoría de las vacantes: el
administrador de aduana, el presidente y los vocales del Consejo Nacional de
Educación, subsecretarios de ministerios y numeroso personal de reparticiones
autónomas. La cifra que se manejaba, no confirmada, es la de quince mil
designaciones, entre funcionarios y personal subalterno.
El caso que ocupó mayor
espacio en la prensa y que fue debatido en la Cámara de Diputados fue el de Correos. El nombramiento
de 4000 empleados supernumerarios provocó una andanada de críticas. Este
personal fue incorporado después de una huelga de carteros. El gobierno había
fijado un término para que reanudaran el trabajo bajo apercibimiento de
cesantía. Vencido el plazo se cubrieron las vacantes. Cuando los servicios
estaban casi normalizados los huelguistas pidieron la readmisión y la
obtuvieron.
Cuando asumió el gobierno,
Alvear, quien siendo diputado había presentado un proyecto de ley que implicaba
racionalizar la administración, incluyó en su agenda de cuestiones el tema de
la burocracia. Sin embargo, los escasos intentos por modificar situaciones
creadas que partieron de algunos ministerios chocaron con la resistencia del
personal administrativo.
En el caso de Correos, la
decisión de dejar cesantes a los 4000 supernumerarios se transformó en la
creación de un turno más, de tres turnos de ocho horas se pasó a cuatro de
seis. En cuanto a la Defensa Agrícola, el
ministro de Agricultura de Alvear, Tomás Le Breton, intentó enviar al
interior numerosos supernumerarios residentes en la capital, enfrentándose a un
mitín en los pasillos del ministerio. En 1925 resolvió la cesantía de
setecientos supernumerarios y les ofreció a cambio planes para adquirir tierras
fiscales en fracciones de entre 25 y 100 hectáreas. La respuesta fue escasa
pues los empleados se resistían a ir al Chaco, Formosa o Misiones.
Otro tanto ocurrió con los
intentos por establecer incompatibilidades y requisitos para el ingreso a
determinadas agencias estatales. Educación es un ejemplo. Los profesores de
enseñanza media y normal salidos de la Universidad y nucleados en la Liga del
profesorado diplomado, durante el primer gobierno de Irigoyen, multiplicaron
sus gestiones ante el Congreso, el ministerio y la presidencia para que las
cátedras se provean con personal idóneo.
En abril de 1922 se produjo
una escalada de huelgas estudiantiles en distintos institutos secundarios de la
capital, y en algunas provincias. Los motivos esgrimidos eran coincidentes, se
trataba de protestas contra directores y profesores incompetentes.
Con el cambio de gobierno, el
ministro de justicia e instrucción pública, Marcó, reglamentó la provisión de cátedras en los
establecimientos nacionales a partir de una prueba de admisión. El decreto
establecía, además, un régimen de incompatibilidades entre docencia y función
pública.
La reacción vino de los
profesores afectados que pidieron suspensión del decreto por un año. El ministro
se negó pero, cumplidos los plazos fue escaso el número de profesores que
cumplieron con las disposiciones establecidas en el decreto.
Los conflictos en la
burocracia estatal que se produjeron en la etapa alvearista estuvieron
atravesados por la puja interna al propio partido gobernante. El
antipersonalismo exigía cambios de personal para desmontar la
"máquina" yrigoyenista y cada uno de los ministros del interior de Alvear -Nicolás
Matienzo, Vicente Gallo y José Tamborini- esgrimieron estrategias diferentes
para dar respuesta a las demandas del partido y a los problemas de la
administración. Matienzo sostenía que mientras estuviera en vigencia la
facultad constitucional por la cual el
presidente de la nación nombra y
remueve al personal administrativo, nada le prohibía seleccionarlos entre
miembros de un comité político. La solución debía venir del poder legislativo,
es al congreso a quien le correspondía producir o no modificaciones. Por su
parte, Gallo, pretendió montar un aparato electoral y partidario de alcance
nacional que reemplazara la "máquina" irigoyenista, interviniendo
Buenos Aires, bastión de los partidarios de Yrigoyen y aumentando el gasto
público. En julio de 1925 renunció por falta de aval del presidente. Por
último, Tamborini buscó la solución al conflicto intraburocrático y político en
la reunificación del partido radical. Sus gestiones también fracasaron.
Yrigoyen, en su segundo
mandato, entre noviembre de 1928 y abril de 1929 dejó cesantes a diez mil
empleados de la administración y recurrió nuevamente a las vacancias y
acefalías. Los síntomas de la crisis que ya comenzaban a sentirse obligaban a
reducir el gasto público. Aquellos que demandaban la racionalización de la
administración y el achicamiento del aparato del estado, montarán ahora su
crítica en la arbitrariedad y la ausencia de planificación en la medida
adoptada.
La intención de legislar
La solución al electoralismo y
a la incompetencia se planteaba en términos de estabilidad y escalafón.
Innumerables proyectos de carrera administrativa presentados por legisladores
de todos los partidos políticos circularon por el congreso sin recibir sanción.
En casi todas las iniciativas
legislativas, que tenían como punto de llegada una organización más eficiente y
racional de la administración pública, el punto de partida era la experiencia
de los países que se consideraban más avanzados. Básicamente se tomaba como
modelo la civil service reform, ley norteamericana de 1883 que,
desde Ohio, fue extendiéndose gradualmente a todos los estados para reemplazar
el spoils system (sistema de los despojos) introducido formalmente
durante la presidencia de Jackson, en 1829, pero de hecho ya en vigor en el
período previo. Este sistema consideraba a los empleos como pertenecientes al
partido en el gobierno y cada cambio de administración exigía su renovación. El
argumento que lo sostenía era que impedía la formación de un cuerpo de
funcionarios profesionales que pudieran tener excesiva ingerencia en cuestiones
políticas. Su reemplazo respondió a la evaluación de que la administración era
ineficaz y corrupta y los legisladores argentinos invocan el mismo argumento.
La procedencia política de los
proyectos presentados en el parlamento no marcaba diferencias en su contenido.
Tres son los principios que los orientaban: concurso para el ingreso,
estabilidad garantizada por tribunales disciplinarios e instancia obligatoria
del sumario y escalafón que contemple capacidad y antigüedad.
Se reglamentaba de este modo
la claúsula constitucional (art.16 inc.10) que facultaba al ejecutivo para
nombrar y remover al personal administrativo. Había coincidencias en que no
implicaba un cercenamiento de atribuciones sino sólo la delimitación de la
única condición requerida para acceder a un empleo, la idoneidad.
Algunos de los proyectos
contenían artículos específicos referidos a la erradicación de los vicios de
nepotismo e influencias políticas en la selección: limitaban el número de
personas de la misma familia en la administración pública y prohibían la
propaganda o los trabajos electorales.
La eliminación del rol de
agentes electorales de los empleados públicos fue una de las banderas del
partido radical en la oposición y uno de
los temas de los que se hace cargo la ley electoral 8871. Su decreto reglamentario
extremaba las disposiciones estableciendo suspensión y exoneración en caso de
reincidencia de los empleados que hiciesen propaganda o figurasen en comités
políticos.
Los proyectos que circularon
en el parlamento entre 1916 y 1930 se sustentaban en la idea de que la
burocracia debía ser técnicamente neutral, es decir, responder a los titulares
del poder político sean cuales fueren.
En la práctica, el
reclutamiento y la selección tuvieron bases particularistas. Combinaban el
clientelismo en la renovación de las vacantes y la creación de nuevos cargos, y
el spoils system, en algunos casos provinciales en que cada renovación
gubernativa provocaba desplazamientos de personal.
El aparato estatal creció.
Algunas agencias estatales lo hicieron en función de las necesidades que
implicaban el desarrollo y el crecimiento de la población (educación, salud) y
otras por motivos políticos o electorales.
Un balance provisorio
Mientras los radicales eran un
partido de oposición exigían ajustar la práctica política al texto constitucional.
Sus críticas a los gobiernos conservadores -el "régimen"- se
centraban en la transgresión a la norma. El sistema representativo, republicano
y federal que establecía la Constitución de 1853 debía ser puesto en acto a
partir de una real división de poderes, el respeto a las autonomías
provinciales y municipales y la ampliación del sufragio, a lo que agregaban la
necesidad de moralizar la administración. El problema residía en la
personalización del poder y se superaría reemplazando el gobierno de "notables"
por un gobierno de las leyes.
Cuando los radicales llegan al
poder esa preocupación –por lo menos en el plano discursivo- se traslada a la
oposición que se hace cargo de exigir el cumplimiento de la Constitución. Desde
su perspectiva, el gobierno radical es arbitrario y discrecional. Su propuesta
es hacer más efectivo el sistema de frenos y contrapesos para evitar la
excesiva centralización del poder y producir reformas que garanticen el lugar
de las minorías.
La oposición partidaria asume
la defensa de los postulados de la democracia liberal frente al comportamiento
del yrigoyenismo que funda su legitimidad en el plebiscito acordado para llevar
adelante una misión, la de restablecer el imperio de la constitución aunque
para ello tenga que colocarse por fuera y por encima de las leyes; que
justifica su excepcionalidad en la necesidad de transitar de un ordenamiento a
otro, de fundar una "nueva era" y que niega ser un "gobierno de
orden común" para plantearse como "gobierno ejemplar". Será
Alvear quien en su último mensaje al congreso, en 1928, contraponga los hombres
a las instituciones y defienda la premisa de haber hecho un gobierno de orden
común.
La otra gran tensión que
recorre la relación entre gobierno y oposición es la imposibilidad conservadora
de aceptar el principio de la soberanía del número, a pesar que, en el plano
del discurso, se asuman como democráticos. El sufragio universal como
legitimador del gobierno aparece cruzado por la idea de que la democracia no
concede -al modo de iniciación mágica- capacidad para el gobierno, igualdad
intelectual y moral, por el contrario, acepta la desigualdad del mérito y de la
capacidad. Así, todos pueden votar pero deben gobernar los capaces. El
atenuante para los gobiernos electores, manipuladores del sufragio, residía
para ellos en que colocaban a ciudadanos "capaces" en los puestos
gubernativos. Y allí se fundamenta su crítica a los gobiernos radicales: es el
gobierno de los incapaces, nueva etapa de la lucha entre la civilización y la
barbarie.
Para atenuar la tensión,
explican el progresivo crecimiento del voto radical apelando a la inmadurez del
pueblo y confiando en que la educación producirá cambios en el electorado. Es
para ayudar, además, a esos cambios, que proponen introducir modificaciones legislativas,
o bien para fortalecer al parlamento -donde ellos están representados- en
detrimento del ejecutivo, o bien en las leyes electorales para obtener mayor
representación de los partidos menores.
Las posiciones más extremas
plantearán que la ley Sáenz Peña fue prematuramente dictada y es necesario
derogarla.
Por otro lado, el radicalismo
como partido de gobierno, se divide, y en ese gesto la mitad del radicalismo se
convierte en el "régimen" de la otra mitad. Su división adopta las
características de un movimiento cismático y los disidentes se convierten
herejes y traidores a la causa. Todos se proponen como los
"verdaderos" radicales, herederos de la tradición, de los principios
originarios, de los símbolos y de los momentos fundantes.
Para los personalistas,
Yrigoyen sintetiza la causa que representa: visión global del mundo más que
programa concreto y particularizado. En ese sentido, el radicalismo era una
"religión cívica" y sus militantes y adherentes, sus fieles. El
dogma, la creencia, la fe en la causa, estaban por encima de la razón.
El antipersonalismo es una
reacción al poder personal de Yrigoyen. Proponen al radicalismo como un partido
y, en tanto tal, necesita un programa que cumpla las funciones del líder,
aglutinando las lealtades de sus adherentes. Sus críticas a los gobiernos de
Yrigoyen coinciden con las de la oposición, y esto, en determinado momento los
acerca, polarizando la lucha política entre yrigoyenistas y anti-yrigoyenistas.
Esto complejiza la trama de
los acuerdos y oposiciones. Los posicionamientos parecen irreductibles y sus
enfrentamientos tienen eco privilegiado en los órganos legislativos, tanto a
nivel nacional como provincial.
En la práctica y en relación
al período precedente a pesar de recurrentes denuncias de fraude, generalmente
no comprobadas, la participación se amplia, las garantías y derechos
individuales son respetados, la libertad de prensa y de reunión son un hecho,
el parlamento funciona y se mantiene la periodicidad de las elecciones. Sin
embargo, el clientelismo, la persistencia de prácticas facciosas, la confusión
entre partido y gobierno, el ejecutivismo y la irreductibilidad de las
posiciones de una oposición que, a pesar de su discurso, no termina de aceptar
los cambios que implica la ampliación del sufragio complican la tarea de
fortalecimiento de las instituciones.
En 1930 la defensa de la
constitución y de sus principios unifica a todo el espectro partidario contra
el yrigoyenismo y justifica su derrocamiento. En nombre de la democracia se
produce el primer golpe de estado.
http://institutoyrigoyen.tripod.com
BIBLIOGRAFIA
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poder. FCE, Bs.As., 1997
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doctrina. Ed.Gure, Bs.As., 1959, 2 vols.
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ROMERO, Luis A. et al. El radicalismo. Carlos Pérez editor,
Bs.As., 1968.
RECUADROS
Pg.11 . Del Manifiesto de los Senadores radicales que
formarán el antipersonalismo:
"Estamos en la acción política dentro de un
grande e histórico movimiento de opinión nacional; no nos consideramos
infalibles ni nos sentimos asistidos por la inspiración divina de ningún
apostolado; nos hallamos, pues, expuestos al error; pero en el error o en la
verdad no reconocemos a nadie el derecho de discutir la sinceridad de nuestro
radicalismo y la integridad con que lo practicamos (...)
"(...) la solidaridad no es sumisión a
Jefaturas ni abdicación de la voluntad.."
Pg.12 . "..la ley electoral de 1912 es una desgracia
nacional, que no ha podido regular la vida cívica fundando los dos grandes
partidos necesarios, si bien ha favorecido a los grupos políticos dinámicos,
los menos aptos para la función gubernativa.
Al contrario, ha ejercido una influencia fatal,
disolvente sobre el espíritu de partido; agitó ambiciones y determinó la
disgregación de grupos que aspiran a entrar al congreso por el voto de la rara
e híbrida minoría que ha creado. Es en consecuencia, una ley de perturbación
política orgánica, de disolución y de anarquía, que nos aleja del gobierno
constitucional de los grandes partidos y asegura el de las oligarquías.
Estas consecuencias, serían menos funestas en un
país de electorado independiente, cultísimo e idóneo, como el de Estados
Unidos, que impone dirección a sus partidos políticos y no consiente
imposiciones de los comités. Pero en una nación cuyo electorado se compone de
un 80% de elemento dinámico, rural y analfabeto, dominado por la dictadura del
caudillo de comité oficial, el arma cargada que le ha puesto en las manos la
ley de 1912 es peligrosísima, como la abandonada a un niño inexperto".
ZEBALLOS, Estanislao S. "La elección de Buenos
Aires", en
Revista de Derecho, Historia y
Letras, año XXIV, tomo LXXI, enero
1922:123-129, pg. 129.
Pg.22 . Intervenciones federales. Opiniones divergentes.
Opinión conservadora:
"(...) La teoría del plebiscito, inventada para
dar fundamento democrático, sino para legalizar la dictadura, en virtud de la
cual no serían traidores a la patria, según la calificación del art. 29 de la
constitución, los que otorgaran o consintieran en una sola mano, en un solo
poder, la suma de los poderes públicos, se extendió desde los primeros momentos
de esta nueva era para proteger también a los gobernadores radicales del
interior que se alzaron contra la constitución y las leyes o barrieron las
libertades públicas; y se estableció por virtud por virtud de esta doctrina,
que el presidente de la república, mientras derribaba día a día a los
gobernadores extraños a su régimen o a su causa, tenía en cambio el deber de
consentir y tolerar todos los excesos de los gobernadores que a ella
pertenecían (...)"
Intervención del diputado Arancibia Rodríguez, en
Cámara de diputados, diario de sesiones, reunión 69, 6 de noviembre de 1919.
Opiniones radicales:
"(...)La revolución desde abajo, la
intervención desde arriba, para libertar a los pueblos: he ahí la idea sencilla
que ha sido alma de la propaganda política en la república desde 1890 por
ciudadanos representativos.
"(...)El viejo programa de intervención a las
provincias, el mismo del Dr.Alem, ha sido ejecutado por el presidente actual de
la república. El lo realiza a voluntad y sin reglas (...) así las
intervenciones van a las provincias en días fijados por la constitución para
las sesiones ordinarias, cuando el congreso no se ha reunido aún; y van en el
intervalo entre el período de sesiones ordinarias y la convocatoria
extraordinaria; y los decretos respectivos se aplican pero no se someten a la
aprobación del congreso ni se da cuenta de ellos; y las intervenciones se
proveen como formas regulares y estables cuando son remedios heroicos y rápidos
para presidir imparcialmente una renovación honrada de los poderes públicos
(...)"
Intervención del diputado Melo, en Cámara de diputados,
diario de sesiones, reunión 70, 12 de noviembre de 1919.
"(...) para mi criterio las intervenciones
federales decretadas son perfectamente constitucionales(...) si estoy
equivocado interpretando así de acuerdo a mi ciencia y conciencia cívica la letra
de los arts. 5to. y 6to. de la constitución nacional, resultaría que estoy
equivocado en la honrosa compañía de todos los presidentes argentinos sucedidos
desde el año 53, pues todos han usado de ese supremo atributo para ejercitar
libremente el criterio político que en ellos había delegado el pueblo(...)
"(...)creo que esas intervenciones van sólo a
depurar el ambiente feudal que impera aún sobre las libertades cívicas de
aquellos pueblos, llamándolos y estimulándolos hacia el camino de las urnas,
instrumento de emancipación que aún no conocen(...)"
Intervención del diputado Lagos en Cámara de
diputados, diario de sesiones, reunión 72, 18 de noviembre de 1919.
Pg.27 . "La empleomanía en Jujuy", editorial
del diario La Nación del 19 de junio
de 1925.
(...)"En la casa de gobierno jujeña han
aparecido carteles en los cuales el gobernador habla a sus correligionarios
incitándoles a trabajar en el comercio o en pequeñas industrias y a renunciar a
ser sostenidos por el estado.
`El empleo -dice el gobernador- debe ser un medio de
vida transitorio, propio para estudiantes o mujeres necesitadas. El que cifra
su destino en un empleo modesto es medio hombre, un inválido moral, sin
carácter, sin esperanzas, sin ánimos, ni valor para el trabajo: es un muerto en
la plenitud de la vida'.
Prosigue el cartel aconsejando sabiamente el cultivo
de la tierra, la cría de vacas, cerdos o gallinas, o la venta de artículos de
almacén, detrás de un mostrador.(...)
(...)para prevenir descontentos, el cartel termina
con una nota que revela, a la par que una sagaz previsión, la desesperación de
un hombre atormentado por los postulantes. Dice así: `Este consejo no reza para
los actuales empleados de la Administración, sobre todo para los que llenan
funciones delicadas que requieren preparación e inteligencia. Se refiere a los
que piden empleos menudos, peor retribuídos que los del jornalero, y que de la
mañana a la noche enloquecen al gobernador'(...)
Como se ve por las palabras de este pintoresco
mensaje, la empleomanía es un mal terrible en Jujuy. Hace, pues, muy bien el
gobernador en querer desterrarlo de sus dominios. Nada perjudica tanto al
espíritu de iniciativa y de progreso como la generalización de un mal como el
que se trata de combatir. Los habitantes llegan a esperarlo todo del estado,
que se convierte así en una deidad protectora e irreemplazable".
pg.29 - En diciembre de 1922 el partido socialista
presenta un pedido de interpelación al ministro del interior, Dr. José N.
Matienzo, para que informe a la cámara sobre el cumplimiento de la ley
electoral y decretos reglamentarios en la parte relativa a la prohibición a los
empleados públicos de figurar en los comités de los partidos, hacer propaganda,
etc. El diputado radical Rodeyro responde a una acusación del diputado
socialista Dickmann:
"La unión cívica radical no ha necesitado ni
necesita hacer uso de recurso de ninguna naturaleza para ganar elecciones. Sus
fuerzas partidarias, templadas a través de largas luchas, han demostrado en
todos los comicios en que se han presentado que saben triunfar en la oposición
y en el gobierno.
"No nos alarma, pues, que el sr. diputado
Dickmann pretenda justificar ante el electorado, porque un fijador de carteles
pueda haber sido empleado municipal y en ese hecho finque la derrota de su
partido. Toda la masa fuerte de doctrina que se ha condensado alrededor del
ideal socialista, no puede estar librada a la eficacia de un pegador de
carteles que haya podido arrancar los del partido socialista tres días antes de
la elección y pegar carteles del partido adversario.
"(...) No se a qué sección pertenece ese
pegador de carteles, porque si fuese de la cuarta de fierro, la verdad sería
que la eficacia del pegador para haber causado la derrota del socialismo en ese
fuerte baluarte sería demasiado grande y valdría la pena conocerlo, desde que
ha tenido una acción tan eficaz y ponderada para producir este grave trastorno
en una circunscripción en la que siempre salió victorioso el partido
socialista"
Cámara de diputados, diario de sesiones, diciembre
21 de 1922, reunión 49, pp.365-366.
MATIAS BAILONE, 2004.-