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Valentín Vergara

un entrerriano gobernador de Buenos Aires (1926-1930)

 

 

por Fernando Blanco Muiño

1- Introducción.

Trataremos de recorrer en estas páginas los momentos más importantes de la vida y la obra de un eminente radical como fue el Dr. Valentín Vergara. Cierto es que mucho tiempo ha transcurrido desde su muerte, acaecida en 1930, y que el abandono en que ha caído su figura ha significado disponer de poco material de archivo el que, en un esfuerzo importante, hemos tratado de rescatar y, en algunos casos -como es el fotográfico-, ponemos a disposición del lector. El trabajo que presentamos no tiene pretensiones hegemonizadoras de la figura de Vergara y plantea, en algunos pasajes, algunos interrogantes sobre las definiciones políticas que se han elaborado de un período traumático de la historia argentina; esos interrogantes tienen por misión despertar en el lector el interés de la lectura e investigación posterior, lo que se convertiría en el éxito más importante que alcanzaría esta obra.

 

2- Primeros años.

Vergara nació en Diamante, Provincia de Entre Ríos, en el año 1879, en el seno de una familia de pocos recursos económicos, desempeñándose su padre como "canchero", tal como alguna vez le recordó su Ministro de Hacienda en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, Francisco Ratto.

En esa misma ciudad ocurrió su inesperada muerte el 22 de setiembre de 1930, poco tiempo después de haber finalizado su mandato como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Proveniente de ese hogar humilde desarrolló su  niñez en la provincia de Entre Ríos, realizando sus primeros estudios en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde los culminó con el título de bachiller en el mismo colegio que fundara, unos años antes, el General Justo José de Urquiza.

Con el título secundario en su valija se trasladó a Buenos Aires, donde ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, alcanzando el título de abogado, primero, y el de Doctor en Jurisprudencia, en el año 1904. Su tesis doctoral se basó en el tema de la posesión hereditaria, y por ella, mereció ser distinguido con el diploma de honor.

Desde su juventud fue militante de Unión Cívica Radical, y ya desde esa primera época, comenzó a adquirir notoriedad y relieve por su personalidad política.

Asimismo es destacable que, aún dedicado con todo entusiasmo a las actividades partidarias, el Dr. Vergara rehusó acceder a cargos de tipo administrativos y electivos que se le ofrecieron desde lo más alto del Partido, privilegiando de ese modo y en forma casi exclusiva el ejercicio de su profesión de abogado.

Su firme convicción radical, su innegable formación jurídica que hacía de la Constitución Nacional una regla de vida y de su defensa una bandera de lucha, hicieron que Vergara, a los 26 años, tomara parte de la gesta revolucionaria de 1905. 

 

3- Primeros pasos políticos.

Luego de esos sucesos, y sin tener la posibilidad de establecer el por qué, se radicó en la Ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y en ella no tardó en convertirse en una de las populares figuras del radicalismo de la zona.

Fue allí donde se rodeó de un gran prestigio profesional y afecto popular y comenzó su accionar público: primero, desde un escaño del Consejo Deliberante, luego ocupando el cargo de Intendente Municipal.

En esa función fue donde demostró su gran habilidad y sus condiciones humanas y políticas para acceder a responsabilidades importantes, pues infundía a la comuna sus ideas claras, libres de todo tipo de intereses personales.

 

4- Vergara diputado nacional.

Terminada su gestión al frente del gobierno municipal, Vergara se dedicó de lleno a transitar la vida partidaria, llegando a ocupar por primera vez una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, para la que fue elegido en los comicios del día 3 de marzo de 1918. En esa histórica elección la Unión Cívica Radical obtuvo 113.289 sufragios, representativos del 59,7%, contra 67.401 votos (35,5%) del Partido Conservador, revirtiendo de ese modo la tendencia experimentada en las anteriores elecciones de renovación legislativa en las que habían triunfado los conservadores. 

La actuación  parlamentaria del doctor Vergara fue destacada y valiosa, no sólo para la causa radical, sino también para todos los hombres y mujeres que poblaban el suelo patrio.

En 1918, año en el cual asumió como Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, presentó un  proyecto de ley por el cual se adquirían terrenos en la ciudad de Bahía Blanca para la construcción de tres nuevos edificios escolares destinados a la Escuela Normal y Mixta, el Colegio Nacional y la Escuela Nacional de Comercio. Y sería durante el debate de esta ley donde se mostraría a favor de la descentralización de la Capital de la República, para hacer de la Argentina un país federal. Sus palabras ese 3 de junio de 1918 fueron la confirmación, ya anticipada por don Leandro N. Alem, del centralismo excacerbado que aún sufre el país. En esa ocasión afirmó: “soy un convencido de que solamente con el engrandecimiento moral y material de las ciudades con vida propia y situadas a gran distancia de la Capital Federal, se conseguirá en el futuro realizar la aspiración nacional de descentralizar esta gran urbe que absorbe toda la República por la falta de aliciente, estímulo y atractivos de que se resienten la mayoría de los centros y ciudades del interior”.

Su tarea legislativa de ese primer año se integró con proyectos de ley para la adquisición de semillas para los colonos de la provincia de Buenos Aires; de transferencia de embarcaciones matriculadas con bandera argentina; y para la construcción de tres edificios en su Bahía Blanca querida, destinados a la sucursal del Banco Hipotecario Nacional, del Correo y de Telégrafos.

Asimismo, suscribió en 1918 otros tres proyectos de ley referidos a estudios para la provisión de agua potable y cloacas domiciliarias a varias ciudades de la provincia de Buenos Aires; otro, en relación a la creación de una Cámara Federal con asiento en Bahía Blanca; y uno, relativo a las mejoras de sueldos de varias categorías de empleados de correos y telégrafos.

En los años siguientes como legislador es de destacar la permanente preocupación hacia la  provincia que le había otorgado el mandato de representación. Así, en 1919, presentó el proyecto de ley de Obras de saneamiento para la ciudad de Bahía Blanca; en el período legislativo de 1920, fue autor del proyecto de ley de construcción de un edificio para la Escuela Normalista de Bahía Blanca; otro, en igual sentido, para la construcción de un edificio destinado a la Escuela Normal Mixta de Olavarría; y otro, para la construcción de un edificio destinado a la Escuela Normal de Las Flores. En ese mismo año suscribió los proyectos sobre construcción de un pabellón de infecciosos en el Hospital San José de Bahía Blanca y otro de construcción de los cuarteles de Azul. Durante el año 1921 presentó el proyecto de ley para construir un ferrocarril desde San Luis hasta Bahía Blanca, que tenía por objeto generar un polo de salida para las mercaderías de la zona de Cuyo, sin necesidad de tener que pasar por la siempre centralista ciudad de Buenos Aires. En 1922, año en el que expiraba su mandato, sus proyectos de ley presentados fueron sobre la reforma a la Ley de Pensiones y Jubilaciones de empleados de empresas particulares y de servicios públicos; y, otro sobre la creación de la Cooperativa Nacional de Hacendados.

Este trabajo parlamentario se vio acompañado de importantes participaciones en el recinto donde Vergara defendió, siempre, los principios de la Unión Cívica Radical. De una oratoria ejemplar, en una época muy difícil para el partido de gobierno que él representaba, Vergara se convirtió en una espada insustituible en el bloque de diputados nacionales del radicalismo. Todo ello le valió la posibilidad de aspirar a su reelección, la que se concretó en las elecciones de renovación legislativa de 1922, llevadas a cabo el 2 de abril de ese año, y en las que la lista de la Unión Cívica Radical, encabezada por el doctor Vergara, obtuvo 114.504 votos (60,6%) contra 61.795 (32,7%) del Partido Conservador.

De ese segundo mandato legislativo es importante rescatar sus proyectos de ley sobre Jubilaciones y Pensiones para el personal de empresas periodísticas y sociedades anónimas; el de modificación de la ley sobre el ejercicio de la procuración; el de intervención federal a las provincias de Mendoza y San Juan; y en su último año como diputado, antes de asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el de construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Muchos de los proyectos aquí reseñados recién se verán concretados cuando el Dr. Vergara acceda a la gobernación del primer estado argentino, otros, no tuvieron más duración que la democracia naciente bajo los gobiernos radicales, y desaparecieron con la dictadura setembrina.

También es destacable que, aún siendo un ejemplo militante de la Unión Cívica Radical, supo acompañar iniciativas legislativas de otros bloques parlamentarios, aún a  riesgo de una mala interpretación política, pero siempre confiado en que el radicalismo era la bandera genuina de la democracia.

Esto ha quedado demostrado durante la jornada del 24 de enero de 1919, cuando el diputado socialista Mario Bravo, acusó al gobierno radical de haber castigado por medio de la policía a las personas involucradas en los incidentes de la primera quincena de ese mismo mes en los Talleres Vasena.  

En ese debate parlamentario el Dr. Valentín Vergara dijo: “…no tengo escrúpulos constitucionales de ninguna especie para votar la minuta del señor diputado. Creo que el gobierno radical, creo que el gobierno de mi partido, que ha surgido de las fuentes más limpias y más puras del pueblo de la República, es el primer interesado en que se respeten ampliamente todos los derechos colectivos y todas las garantías individuales. Voy, pues, a acompañar al señor diputado por la Capital con mi voto más espontáneo y mi adhesión más calurosa; y espero, como diputado del pueblo y como miembro del partido que ha llevado al gobierno al actual poder ejecutivo, que dé las amplias explicaciones que se solicitan, porque abrigo también la convicción íntima de que el señor diputado puede haber sido impresionado erróneamente, puede estar mal informado. Por ello creo que la verdad se ha de hacer y se ha de establecer en el sentido que reclaman la cultura y la civilización de la República, que sabe con honor interpretar el actual gobierno”, manifestó.

Asimismo, Valentín Vergara, en las horas en que ya se empezaban a vislumbrar las sombras de las peleas internas en  el Radicalismo, fue un tenaz luchador contra los que pretendían definir y convertir a la Unión Cívica Radical en un partido personalista.

En un debate de un alto contenido doctrinario, fuente de inspiración permanente para los radicales, llevado a cabo en la sesión de la Cámara de Diputados del día 13 de noviembre de 1919, y que integra esta publicación con su transcripción completa, el Dr. Valentín Vergara defendió al partido de una manera digna y sincera, sosteniendo su vocación democrática alejada de cualquier personalismo de turno, al decir: “… la política seguida por el partido radical no ha sido nunca, ni es personalista, y los hombres que han actuado al frente del partido jamás hubieran aceptado una jefatura única, en esa forma incondicional a que se ha hecho referencia en la Cámara. ¿ Puede decirse que era una política personalista la del Dr. Hipólito Yrigoyen? ¡No, y mil veces no! No admito que al dar este ejemplo la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires se diga que fue obedeciendo únicamente a las inspiraciones del Dr. Hipólito Yrigoyen; y para ello no habría más que leer la proclama que la U.C.R. de Buenos Aires lanzó a la faz de todo el país, suscripta por eminentes personalidades, a cuyo frente, es cierto, está el Dr. Yrigoyen, pero le siguen después una gran cantidad de eminencias”, afirmó contundente. Para agregar que “La Unión Cívica Radical no es un partido personalista, es un partido que tiene una política y una tendencia bien definidas, no ha hecho pacto en ningún momento de su trayectoria cívica y no ha admitido contubernios en ninguna forma con los hombres que estaba combatiendo”, terminó.

Sus palabras eran justas y ejemplares, fijó posición partidaria en los grandes temas nacionales como fueron la situación de la provincia de Tucumán, la violación de los fueros parlamentarios, la incompatibilidad parlamentaria y otros tantos que hicieron al quehacer político de la República por aquellos años  y que han quedado integrados en su obra legislativa.

Demostró siempre su entereza moral. Por caso, cuando murió el gobernador de Mendoza y ex legislador, Dr. José Néstor Lencinas. Ante ese hecho, las autoridades de la Cámara pidieron un minuto de silencio en su memoria, pero el diputado conservador Matías Sánchez Sorondo solicitó que se pusiera a votación dicho pedido. Ante ese hecho inédito que quebraba la más tradicional práctica parlamentaria, el Dr. Vergara sostuvo: “Yo no participo de la opinión que acaba de emitir el señor diputado por Buenos Aires. Creo que cualquiera que haya sido la discrepancia política con el ex gobernador de Mendoza de cualquier señor diputado, esta Cámara no puede negar en forma alguna a su memoria un homenaje tan de práctica y tan corriente a un ciudadano que se ha sentado en la misma banca que ocupa el señor diputado por la provincia de Buenos Aires”.

Además, en el parlamento desempeñó la Presidencia de la Comisión de Negocios Constitucionales llegando a ser Presidente del Bloque de Diputados Nacionales en los tiempos de la fractura del Radicalismo, siendo un elemento aglutinador de los yrigoyenistas y canal comunicante con los "antipersonalistas" conducidos por el Dr. Tamborini, y finalmente, alcanzó la Vicepresidencia del cuerpo.

Durante el difícil año de 1924 cupo a Vergara tener un papel protagónico en el parlamento nacional. El 20 de junio de ese año se formalizó la ruptura del bloque de la Unión Cívica Radical. El sector que respondía a Hipólito Yrigoyen, decidió no concurrir a la Asamblea Legislativa convocada para escuchar el discurso del Presidente Alvear al inaugurar el período ordinario de sesiones, adoptando similar actitud el Dr. Elpidio González, Vicepresidente de la República. Este hecho sin antecendentes en la historia legislativa argentina produjo, definitivamente, el nacimiento de los "antipersonalistas" y la división de los legisladores radicales de la Cámara Baja. En ese contexto, correspondía a la Cámara de Diputados de la Nación analizar los diplomas de los diputados electos por Córdoba en una elección, realizada en marzo de 1922, que había sido tildada, por los "antipersonalistas" y los radicales como inconstitucional. Es más, los propios legisladores del "contubernio" (EXPLICAR) habían presentado el proyecto de intervención a la provincia de Córdoba a fin de encontrar el remedio federal a ese dislate electoral, el que había sido aprobado -el día 15 de julio de 1923, obteniendo de esa manera media sanción- con el voto favorable de 86 legisladores contra 30 que se manifestaron en contra de la intervención. Pero, entre julio de 1923 y  julio de 1924, se ahondaron las diferencias entre yrigoyenistas y antipersonalistas, las que se exacerbaron con los episodios narrados del 20 de junio de 1924. Así, entonces, la Cámara se abocó a tratar las impugnaciones presentadas por los yrigoyenistas y los antipersonalistas a los diplomas de los diputados electos por Córdoba en aquella irregular elección. Se trató el tema en la decisiva sesión del 14 de agosto de 1924. En ella, Valentín Vergara, prevenido que muchos de los legisladores que habían votado a favor de la intervención, ahora lo harían por la aceptación de los diplomas, lo que significaba legalizar la situación de la provincia de Córdoba, les anticipó su reconvención, al decir "Si las masas populares, si los partidos que nos han elegido tienen marcada su orientación, los representantes que hemos surgido de sus filas no podemos venir aquí a confundir nuestro voto con el de fracciones distintas, so pena de andar en danzas y contradanzas que vienen en definitiva a corromper y perturbar los verdaderos principios de los partidos. Si el doctor Yrigoyen no intervino la provincia, posiblemente ha sido por cuanto estaba en las postrimerías de su período, y era lógico dejar un asunto de tan alta trascendencia para que su sucesor lo resolviera. El Presidente Alvear aceptó la situación creada por su antecesor y él mismo ha sido partidario de la intervención en la provincia de Córdoba, cualquiera que sea la conducta que pueda observar en estos momentos". Finalmente, a pesar de la oposición de los antipersonalistas de Córdoba y los yrigoyenistas, pero con todo el apoyo del Ministerio del Interior, encabezado por Vicente Gallo, se realizó la votación que arrojó un empate en 66, debiendo en consecuencia desempatar la Presidencia de la Cámara. En ese sentido, el diputado Mario Guido, hizo saber su voto diciendo: "El Reglamento impone a la presidencia desempatar esta votación. Por leales convicciones constitucionales y políticas, doy mi voto por la afirmativa".  Así se resolvió una cuestión que se puede decir hoy, a muchos años vista, constituyó el punto de inflexión en el aglutinamiento de las fuerzas políticas que producirían el golpe de estado de setiembre de 1930. Para el caso en análisis, la figura de Valentín Vergara, cabe destacar que su voto fue consecuente tanto en la votación de julio de 1923, a favor de la intervención, como en agosto de 1924, en contra de la aceptación de los diplomas de los diputados por Córdoba, lo que trasunta, no sólo la identificación con el ideario yrigoyeneano y por ende radical, sino la coherencia aplicada a cada acción política.

 

5- Vergara gobernador.

Los dos últimos años de la Presidencia del Dr. Alvear se presentaban muy difíciles, tanto para el propio gobierno como para las fuerzas yrigoyenistas. Muchos miembros del gobierno de Alvear, integrantes del "contubernio" que tenía por fín impedir el acceso de Yrigoyen a una nueva Presidencia de la República, habían hecho de la intervención a la Provincia de Buenos Aires su amenaza más fuerte para socavar el poderío electoral del Dr. Yrigoyen. En ese marco, no era una cuestión menor la definición de quién sucedería a José Luis Cantilo al frente del gobierno provincial. La iniciativa de la intervención se concretó legislativamente en 1925 siendo el jefe de ese movimiento el Ministro Gallo, quien había sustituído al renunciante ministro Matienzo en noviembre de 1923 y que, ya desde una banca en el Senado, había protagonizado las más pérfidas acciones del "contubernio" contra el Radicalismo, al punto de alentar las faltas de respeto al Vicepresidente de la Nación, doctor Elpidio González,  votar con el "régimen" contra el Radicalismo de Jujuy e interferir contra las fuerzas radicales de Santiago del Estero y Tucumán.

Gallo, a la sazón ministro de Alvear, era quien urdía el plan para alejar a Yrigoyen de la Presidencia. Frente a él, el Dr. Yrigoyen había diseñado la estrategia de dejar pasar el tiempo e ir acumulando poder político desde el interior. Se estableció así una lucha en silencio llegándose al punto en el cual los colaboradores del Presidente Alvear le impusieron a éste la necesidad de intervenir la Provincia de Buenos Aires, por decreto. Así, el 31 de enero de 1925, en plena reunión de gabinete, los ministros Le Breton y  Gallo formularon el pedido, fundando la intervención en los procederes inconstitucionales del gobernador Cantilo. Alvear, dubitativo, les pidió a sus ministros  que prepararan un informe con las pruebas enunciadas y, el 5 de marzo, Gallo, en una nueva reunión de gabinete, hizo entrega de la carpeta donde constaban los cargos contra Cantilo: los padrones nacional y provincial contenían numerosas irregularidades que daban lugar al doble voto; el Gobernador había intervenido, sin causa justificada, según la interpretación del ministro Gallo, algunos municipios normalmente controlados por los conservadores; el Poder Judicial, la burocracia y la policía manifestaban un partidismo indebido en su composición y conducta; se habían difundido los juegos ilícitos y el desorden reinaba en las finanzas provinciales. A los ojos de Alvear estos argumentos  eran insuficientes y no tenían sustento por lo que Gallo volvió a la carga con más pruebas dos semanas más tarde. Ante tal insistencia, el Presidente Alvear suscribió una declaración dirigida al Congreso de la Nación, en receso en ese momento, en la que manifestaba: "El Poder Ejecutivo considera institucionalmente anormal la situación de Buenos Aires y, en consecuencia, procedente la intervención federal; pero, por no mediar en el momento los motivos de urgencia que, según reiteradas declaraciones, y normas aplicadas en casos semejantes pueden autorizar al Ejecutivo para intervenir una Provincia en el receso parlamentario; estando, además, próxima la apertura del Congreso, y sin perjuicio de contemplar nuevamente el caso si tal situación se produjera, resuelve someter el asunto a la decisión del Congreso, enviando en su oportunidad, con los antecedentes y las informaciones que lo fundamentan, el correspondiente proyecto de ley". Esta declaración motorizó a los legisladores del "contubernio", y el Senado sancionó el 20 de septiembre de 1925 el proyecto de intervención a la Provincia de Buenos Aires. El senador  Delfor del Valle (Yrigoyenista de la Pcia. de Bs. As.), durante ese debate, denunció que:"existe un bloqueo del gobierno nacional al gobierno provincial de carácter financiero. Se ha avisado banco por banco que la ayuda a la Provincia les traería consecuencias desagradables; y lo que es más grave: se apeló a la misma propaganda en Nueva York y otras plazas, por intermedio de funcionarios públicos nacionales, vinculados a bancos extranjeros en Buenos Aires", sostuvo.  El proyecto pasó en revisión a la Cámara de Diputados donde fue remitido a la Comisión de Negocios Constitucionales, quedando allí definitivamente paralizado. En los días que siguieron algunos medios de prensa se hicieron eco de palabras del Presidente Alvear, e informaron que éste había desistido de la intervención a Buenos Aires, lo que significó la derrota política de Gallo precipitando, el 27 de julio de ese año, su renuncia al Ministerio del Interior. 

Mucho se ha discutido sobre la actitud del Presidente Alvear ante los proyectos de intervención, no sólo a la provincia de Buenos Aires, sino a otros distritos del país. En todos los casos Alvear tenía una posición ideológica en contra de ese mecanismo, a la vez que pretendía utilizarlo como elemento diferenciador de la política de su antecesor, haciendo recaer la responsabilidad política e institucional en el Congreso de la Nación.

Salido Vicente Gallo del gobierno, en su lugar, el 5 de agosto, asumió el Dr. José P. Tamborini, quien venía de impulsar en la Cámara de Diputados, junto con Valentín Vergara, la política de "fusión" de los bloques parlamentarios radicales. Este antecedente, más el alejamiento del fantasma de la intervención, parecía encaminar al Radicalismo de la provincia de Buenos Aires hacia una etapa de consolidación y organización con vistas a las elecciones de gobernador. Pero la paz duró apenas 15 días. El 20 de agosto cayó el "fusionismo" y  el 8 de setiembre se presentó un nuevo proyecto de intervención a Buenos Aires, con la firma de los senadores Leopoldo Melo, Pedro Larlús, Segundo B. Gallo y Teófilo Sánchez de Bustamante, el que fue aprobado el día 20 de setiembre con el voto de los senadores del "contubernio" a excepción de los senadores  Gómez y Saguier.

En ese escenario político debía definirse, entonces, la candidatura a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Las conjeturas que se han hecho respecto de por qué, finalmente, la designación recayó en el Dr. Valentín Vergara son muchas. Existió un primer contacto de Alvear con Cantilo para sondearlo sobre los posibles candidatos, intentando encontrar alguien con fuerte espíritu conciliador, debido al momento político que se vivía. Del Mazo, al respecto sostiene que: "Muchas tratativas habían realizado amigos comunes de Yrigoyen y Alvear, ante el Presidente, para lograr una candidatura provincial de advenimiento. Del lado de Yrigoyen se proponía oficiosamente para candidato a gobernador la terna: Julio Moreno, Pablo  Torello, Nereo Crovetto; del lado de Alvear, también oficiosamente, Obdulio Siri, Andrés Ferreyra, Valentín Vergara. En un momento llegóse hasta a conversar -siempre a título personal de los gestores- del problema de la futura Presidencia como solución integral..."  Para completar diciendo que: "el doctor Valentín Vergara, no era un nombre mal visto por el Presidente de la República". Resulta extraño creer, según lo afirmado por Del Mazo, que Vergara fuera apadrinado por Alvear y no por el doctor Yrigoyen. Esto así teniendo en cuenta que Vergara había sido el Presidente del Bloque Yrigoyenista; había defendido a la Unión Cívica Radical cuando se la tildaba de personalista; y,  había encabezado la lista de diputados nacionales de la Provincia en el año 1922, con el beneplácito de Yrigoyen. A mayor abundamiento, se puede citar la ya comentada actitud de Vergara en los sucesos de junio y julio de 1924. En cualquier caso, lo cierto es que la resolución del tema recayó en los dos grandes referentes del radicalismo, Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear.  El primero, no podía pensar en volver a la Presidencia en 1928 dejando en manos opositoras al distrito más importante del país; el otro, no podía abrir un frente de beligerancia permanente estando en los últimos dos años de su mandato, lo que significaría la parálisis absoluta del parlamento y la imposibilidad de sancionar la legislación necesaria para su gestión de gobierno. En consecuencia, ambos, por conveniencia propia y porque Vergara  garantizaba capacidad, idoneidad, eficacia y  seriedad, ungieron al ex intendente de Bahía Blanca candidato a gobernador, cuya nominación la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical aprobó el 31 de octubre de 1925.

Al mes siguiente, los conservadores realizaron su Convención y, a instancias de Rodolfo Moreno, votaron a favor de la abstención en las elecciones de gobernador convocadas para diciembre de ese año.

Esta circunstancia hizo que el acto comicial fuera casi simbólico. Vergara se enfrentó, solamente, al candidato socialista, obteniendo 109.481 sufragios (76,2% del total) contra 25.419 (17,7%).

El doctor Valentín Vergara asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires el 1º de mayo de 1926, designado en los ministerios a Ernesto Boatti, Francisco Ratto y Obdulio Siri. Todo el gobierno de Vergara tuvo como telón de fondo el problema de la división del radicalismo, la amenaza permanente de la intervención federal y una complicada situación financiera para el distrito - que arrojaba un déficit para el período de 17 millones de pesos (de aquella época) y obligaciones a mediano plazo que superaban los 60 millones-.

Vergara trató de resolver los problemas fiscales aplicando una reducción de los gastos, pero estas medidas fueron pocas y de poca importancia. Sabía que no podía hacer reducciones drásticas que estabilizaran el presupuesto pues le quitaría el respaldo político alcanzado. La decisión que tomó fue, entonces, la de pedir un préstamo para cubrir el déficit de ese año e impulsar el revalúo fiscal, aprobado en el último tramo de la gestión de Cantilo, para que se pudiera comenzar a cobrar en el ejercicio siguiente, de modo de sincerar el sistema tributario provincial y de ese modo generar un flujo mayor de recursos genuinos.

Así como la intervención federal fue un tema que sobrevoló todo su  mandato, también lo fue la cuestión de los juegos de azar. Para ambos casos, se puede afirmar que fueron cuestiones utilizadas por los "antipersonalistas" en pos de debilitar la candidatura del doctor Yrigoyen. En el conflicto de los juegos de azar, ideológicamente acompañados por los socialistas.

Por una legislación de inspiración radical, votada en la sesión del 16 de febrero de 1927,  se dio legalidad al juego clandestino que pululaba  por toda la provincia, con el objeto de generar otra fuente de recursos capaz de afrontar los desafíos de un presupuesto provincial equilibrado y socialmente igualitario, imponiéndose el pago de gravámenes a los casinos. Según el texto legal aprobado, lo recaudado se destinaría  a los hospitales, instituciones de caridad y otras entidades benéficas.

Pero las estimaciones de recaudación no se cumplieron e inmediatamente, se levantaron las voces de los socialistas, quienes históricamente habían estado en contra de la legalización de los juegos de azar.

Este hecho generó un nuevo escenario de disputa en la provincia, magistralmente aprovechado por quienes ya habían tomado la decisión de pagar cualquier precio por la Presidencia de la República.

En los primeros días de julio de 1927 el doctor Juan B. Justo, socialista y senador nacional,  ordenó a su partido la preparación de un proyecto de ley para intervenir la provincia de Buenos Aires, aún a costa de bajar su bandera tradicional de oposición a las intervenciones federales.

El proyecto presentado era un ariete de primer nivel contra Yrigoyen, a quienes, cabe decirlo, los socialistas mostraban su encono todas las veces que podían. Pero, el bloque de senadores provinciales radicales, al ver que la situación se complicaba y que el proyecto sería utilizado por los "antipersonalistas" anunciaron, a fines de marzo, que al inicio del nuevo período ordinario promoverían la derogación de la conflictiva ley de juegos de azar.

Y al tiempo que los radicales y los socialistas entraban en esta disputa en torno al juego y la intervención, los conservadores y los antipersonalistas consolidaban sus fuerzas, a través de sendos mitines y la proclamación de la fórmula presidencial para hacer frente a Yrigoyen.

Los Conservadores se reunieron en Córdoba con el objetivo de definir una estrategia que los nucleara a todos. El impulsor de la idea fue el representante del Partido Conservador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Rodolfo Moreno, quien además de hacer consensuar una plataforma de veinte puntos, logró convencer a los conservadores de no presentar binomio propio para la elección presidencial, acompañando la fórmula que llevaran los "antipersonalistas".

Estos, mientras tanto, convocaron a su convención para fines de abril de 1927, donde proclamaron su fórmula, la que quedó integrada por los Dres. Leopoldo Melo y Vicente Gallo, como candidatos a Presidente y Vicepresidente, respectivamente, y aprobaron una plataforma similar a la que habían votado los Conservadores en Córdoba unos días antes. Finalmente cerraron sus deliberaciones aprobando la propuesta de impulsar la intervención de  la provincia de Buenos Aires.

En medio de este marco político y a pesar de él, el gobernador Vergara luchó para que no se decretara la intervención y para gobernar la provincia, base electoral de la Unión Cívica Radical.

Consecuente con sus afirmaciones contra las intervenciones que había sostenido en el recinto de la Cámara de Diputados, el 1° de Mayo de 1927, al inaugurar un nuevo período ordinarios de sesiones de la Cámara de Diputados provincial, defendió vigorosamente su gobierno y criticó a los opositores que incitaban a la intervención por intereses partidistas a costa del pueblo a quienes ellos decían representar.

En ese mes de mayo, el día 19 de ese mes para ser precisos,  el diputado nacional socialista Adolfo Dickmann, presentó finalmente el proyecto de intervención, proponiendo el inmediato cierre y  clausura de todos los establecimientos bonaerenses donde se practicaban los juegos de azar, que además de casinos, abarcaba los hipodrómos y casas de lotería.

El proyecto de Dickmann complicó aún más el panorama y las reuniones entre el gobernador Vergara y Raúl Oyhanarte, asesor de Hipólito Yrigoyen, se sucedieron día tras día. Al mismo tiempo se rumoreaba que si Yrigoyen no renunciaba a su candidatura a Presidente, la intervención de Buenos Aires sería casi segura.

Asimismo, en algunos corrillos políticos se había puesto fecha para hacer efectiva la intervención: debía ser antes del 1º de mayo, para evitar la apertura del período ordinario de sesiones. En esos días, como relata Gabriel Del Mazo: "Fue cuando el gobernador Vergara entrevistó al Presidente y le anunció que si ese atentado se consumara, Buenos Aires denunciaría el Pacto Federal. Le significó, además, que la intervención importaba entregar la Provincia, cuyo Radicalismo el Presidente había presidido, y tal vez el país, a los conservadores. Alvear dio máquina atrás definitivamente y manifestó al doctor Vergara que era el último y no el primer argumento el que lo decidía.

La entrevista fue de mañana. La noche anterior se habían reunido en La Plata, en la casa oficial del gobernador, el doctor Vergara y su ministro de hacienda, don Francisco Ratto. Estaba presente doña Aurora González, esposa del doctor Vergara. Era extraordinario el apremio de las circunstancias. El gobierno de la Provincia tenía la información cierta que la intervención se producía al día siguiente, y, de cualquier modo, antes de la inauguración del Congreso. El Gobernador estaba ante una opción dramática.

Bloqueado por la irreductibilidad del problema, de pronto, -sigue narrando Del Mazo -, como una carga de su nerviosidad, exclamó: ¡Este viejo terco de Yrigoyen!, ¡El pudo haber buscado una atenuación al problema! -Vea Vergara, le dijo el ministro Ratto, no dudo que el viejo Yrigoyen sea un poco terco, pero recordemos que gracias a su terquedad, Usted, hijo de un canchero, y yo, hijo de un panadero, somos gobernador y ministro de la gran Provincia de Buenos Aires; y  con la frente alta y sin arrastrarnos. El honor de ser gobernador de Buenos Aires es muy grande, pero el que un entrerriano lo sea, lo obliga infinitamente más. Que la entregue un porteño a Buenos Aires, si quiere: ¡un entrerriano no puede! Hay que denunciar, y si es necesario, romper el Pacto.

El doctor Vergara, quien en rigor estaba ya convencido, lo abrazó, y su decisión fue la que comunicó al Presidente de la República en la mañana siguiente, animado afectuosamente también en la citada reunión por su mujer, señora de grandes condiciones: el gobernador -de no tener satisfacción por parte del Presidente de la República- se replegaría hasta Azul con su gobierno", termina diciendo Del Mazo.

Algún efecto habrán causado las palabras de Vergara ante Alvear, pues la intervención con fecha y hora fijada, como sentencia de ejecución, no fue realizada, y el doctor Vergara, pudo inaugurar las sesiones de la Legislatura provincial.

Ante este escenario político, entre los días 27 y 28 de mayo esa misma Legislatura  aprobó la derogación de la ley que había dado sustento jurídico a los juegos de azar poniendo fin a las carreras de caballos, a los casinos y a la lotería.

Derogada la ley, y sin argumento para sostenerlo, el último día de mayo el bloque socialista votó en su seno el retiro del proyecto de intervención, lo que fue aprobado por 14 votos contra 6;  y, finalmente, el 2 de junio, se efectivizó el citado retiro del Congreso Nacional del proyecto de intervención a la provincia. Tiempo después, un prestigioso dirigente radical de la provincia de Entre Ríos y gran amigo del Dr. Yrigoyen,  comentó que esa decisión fue fruto de un larga caminata compartida en la Costanera de Buenos Aires por el senador  Justo y el propio Hipólito Yrigoyen, donde habrían acordado el camino a seguir.

Hubo un último intento, hacia fines de 1927, de las fuerzas antiyrigoyenistas por convencer a Alvear  para que disponga la intervención federal a la provincia de Buenos Aires, pero éste se mantuvo en su tradicional postura lo que terminó garantizando el resultado electoral de abril de 1928.

Lejos de la sombra de la intervención, entonces, el Yrigoyenismo se terminó de afianzar en Buenos Aires, y el Dr. Valentín Vergara pudo continuar con la obra de gobierno en su provincia, poniendo orden a los asuntos fiscales, estabilizando los presupuestos de 1927 y 1928; haciendo uso de los préstamos, que utilizó centralmente para equilibrar el déficit presupuestario y para ampliar la red ferroviaria del distrito, y  rediseñando la administración pública provincial.

Durante este tiempo se dio impulso a la construcción de escuelas y caminos, obras que además, fortalecían el poder del Yrigoyenismo en la provincia.

A lo largo de los años 1928 y 1929 el gobernador gozó de una amplia mayoría en ambas cámaras provinciales lo que facilitó su tarea ejecutiva, obteniendo varias victorias en este campo ante los siempre combativos socialistas. En ese sentido es de destacar la actitud de los bloques legislativos provinciales de la Unión Cívica Radical que sobre 116 votaciones por lista realizadas, en 104 los diputados yrigoyenistas votaron a favor del gobierno.

La tarea del Radicalismo de la Provincia, en general, y la de su gobernador, en particular resultaron decisivas en las  elecciones del 1º de abril de 1928. Sobre los 840.000 votos obtenidos por la fórmula Yrigoyen-Beiró en todo el país, la provincia de Buenos Aires aportó 217.211, triunfando en todos los distritos electorales a excepción de 6 que eran tradicionalmente conservadores: Castelli, Exaltación de la Cruz, Laprida, Marcos Paz, Monte y Roque Pérez. La proporción respecto de los votos conservadores fue de 3 a 1 y ello no hace más que confirmar la inserción del radicalismo en todas las clases sociales de la provincia, además, del trabajo ejemplar desarrollado por el gobernador Vergara en su gestión de gobierno.

El resultado electoral permitió al Yrigoyenismo mantener una cómoda mayoría en la Legislatura provincial de modo que, en ese mismo año de 1928, con 39 votos a favor se eligió a Pablo Torello como sucesor de Fernando Saguier en el cargo de senador nacional. El candidato conservador Rodolfo Moreno, obtuvo 13 votos. El doctor Torello había sido Ministro de Obras Públicas del primer gobierno de Yrigoyen y al momento de la elección era el Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, es decir, un yrigoyenista sin doblez que se integró al pequeño bloque, de tan sólo 8 miembros, de senadores nacionales del radicalismo que disputaron duramente contra los 9 conservadores, 9 "antipersonalistas" y el socialista.

La crisis del 29 golpeó al gobierno de Vergara lo mismo que al de Yrigoyen. Si bien es cierto que las finanzas de las provincia estaban en orden y que se había alcanzado el equilibrio presupuestario, las consecuencias de la Gran Depresión se hicieron sentir de modo muy fuerte en los centros urbanos más desarrollados, lo que significó un descontento muy fuerte de la sclases populares que se tradujo en una merma electoral del radicalismo, muy hábilmente capitalizada por las fuerzas conservadoras de la provincia.

Hacia fines de ese año, más precisamente el 27 de octubre de 1929, se reunió en La Plata la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical que tenía por objeto la nominación de la fórmula para gobernador con vistas a las elecciones del mes de diciembre. Luego de arduas negociaciones entre núcleos de afiliados de la provincia, distinguidos entre provincialistas y metropolitanos, surgió la candidatura del director del Banco Hipotecario Nacional, el terrateniente Nereo Crovetto, quien se enfrentaría a la fórmula conservadora integrada por el senador nacional Antonio Santamarina y el diputado nacional Edgardo Míguez.

En medio de la campaña a la primera magistratura bonaerense, a fines de noviembre se llevaron a cabo las elecciones municipales en la provincia, las que hubieron de servir como un anticipo de la convocada para diciembre. Si bien el triunfo radical no estaba en dudas, las peleas internas, el poco tiempo de campaña y la repercusión de la crisis económica hicieron que los resultados, en algunos distritos fueran sorpresivos. Los dos casos más notorios los constituyeron La Plata y Morón.

En la capital provincial, donde el prestigio del gobernador Vergara era enorme, el resultado a favor del radicalismo fue muy ajustado; y en Morón, distrito electoral donde tenía su centro el experimentado y reconocido Ministro de Obras Públicas del gobierno del doctor Vergara, Ernesto Boatti, la elección salió 2.738 votos para la UCR, 2559 para los conservadores.

En fin, en medio de un panorama creciente de conflicto político; con una realidad económica complicada por la crisis interna e internacional; con un partido al que le había costado definir sus candidaturas  y que pagó un alto precio por eso en las elecciones de renovación municipal del mes anterior; la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires marchó al desafío electoral de diciembre de 1929.

La jornada cívica fue ejemplar, como todas las que se realizaron durante la gestión de Vergara. No hubo denuncias de hostigamientos, ni de fraudes y el acto comicial se llevó a cabo con absoluta normalidad. El 68 % de los bonaerenses concurrió a las urnas, convirtiéndose esa elección en el de más alto índice de participación desde la vigencia de la ley Sáenz Peña. El escrutinio fue realizado en enero de 1930 y se alzó con el triunfo la fórmula radical con 178.417 votos contra 125.176 de la fórmula conservadora. El resultado también marca, con elocuencia, el éxito de la administración Vergara; la Unión Cívica Radical ganó esos comicios, no sólo por historia, por compromiso democrático, sino que también lo hizo porque supo gestionar un distrito difícil en un momento difícil, siendo el responsable de ello el doctor Vergara. 

Así, entonces, sin haber perdido ninguna elección a lo largo de su mandato y garantizando la continuidad de la Unión Cívica Radical en el gobierno de la provincia, el 30 de abril de 1930, el Dr. Valentín Vergara dejaba la primera magistratura de la Provincia de Buenos Aires en manos de su sucesor, Nereo Crovetto.

El diario EL DIA, de La Plata, publicó partes del discurso de despedida de Vergara quien enfatizó: “En el ejercicio del gobierno me he ajustado a los tres principios básicos que expresé al asumir: en lo político he tenido en cuenta la Constitución, a cuya sombra viven generosas todas las garantías y todas las libertades ciudadanas; en lo administrativo, he seguido el orden social; y en lo social la solidaridad y la igualdad”. Para finalizar diciendo que “El estado de Buenos Aires tiene constituída tal unidad y tal poderío económico y político que no habrá fuerza ni partido que pueda ya retrotraerlo al pasado”.

Ese mismo diario, dos días antes del traspaso del mando,  refiriéndose a la gestión administrativa llevada adelante por el gobernador Vergara, y a modo de síntesis de su gobierno,  escribía lo siguiente: “Hemos dicho una vez más, que el ejecutivo actual quiso y pudo transformar el desorden administrativo y financiero del Estado en un satisfactorio ordenamiento.

Exigió el equilibrio del presupuesto y la inclusión en el mismo de todos los gastos públicos, de manera que cada año pudo saberse a ciencia cierta lo que iba a gastar y lo que calculaba recaudar en concepto de las contribuciones. Cumplió oportunamente las obligaciones de la tesorería, sea que se tratara de la deuda pública, de gastos y sueldos administrativos o de aprovisionamiento y certificados de obras públicas. Infundió seguridad y confianza a los banqueros extranjeros y nacionales, pudiendo colocar empréstitos y conseguir préstamos a corto plazo en condiciones muy superiores a las de sus antecesores. Capeó airosamente las mermas recaudativas originadas por la clausura de las carreras, de los casinos, y de la lotería, como también las devoluciones de cuantiosas sumas cobradas en virtud de leyes impositivas inconstitucionales. Cumplió un plan de obras públicas, sin nada monumental, pero de notoria conveniencia pública, y de buen sentido.

Realizó el revalúo de la propiedad inmueble, extrayendo de los nuevos valores de los bienes empadronados, con una tasa menor que la anterior, alrededor de un 80% de aumento de la renta. Y ajustó mucho la práctica administrativa. Como nos damos cuenta, en líneas generales, el juicio imparcial le es favorable por amplio margen. Pero el reordenamiento financiero no es tarea de un hombre ni para un período, (aunque casi rompe con esta regla)”. Para seguir sosteniendo que: “Puede el doctor Vergara volver tranquilo al seno de sus conciudadanos y reintegrarse a la vida cívica con plena satisfacción del deber cumplido. Ha presidido un gobierno honesto, progresista, respetuoso de las leyes y de los derechos consagrados por ellas. Durante su transcurso, la justicia ha actuado con la plenitud de sus fueros, mientras la policía cumplía celosamente su misión tutelar para la vida y hacienda de todos los habitantes del estado. Hasta él y sus colaboradores llegará hoy el eco de un sentimiento de adhesión general por cuanto sirvieron a su pueblo con patriotismo y lograron acrecentar su progreso dentro del orden político y normalidad financiera”. 

Dejando atrás el gobierno de la provincia el doctor Vergara y su esposa, Aurora González, se retiraron a la tranquilidad de su hogar, alejándose de toda actividad vinculada con la política, dando un elevado ejemplo de civismo, plasmando a su vez, esa personalidad sencilla, humilde, reacia al boato del poder y despreocupada, singularmente, por la figuración. No aspiró, previo a la culminación de su mandato a ningún escaño legislativo que le otorgara seguridad política, y  finalizar su mandato, no hizo ninguna gestión que lo posicionara para ocupar algún cargo en el gobierno del doctor Yrigoyen; más aún, ni siquiera aspiró a sentarse en el sillón de la presidencia del radicalismo, para lo que acreditaba suficientes pergaminos.

Se volvió a su Entre Ríos natal. A la provincia que lo vio nacer y que lo vio partir de muy joven, la que le pudo dar las primeras letras y la que recibía, ahora, como su hijo dilecto.

Luego de un viaje de descanso al Paraguay, que realizó junto con su familia, se trasladó a Diamante, su ciudad, para instalarse allí en su casa, en compañía de las personas que Vergara amaba.

Según la crónica periodística, durante una cacería realizada en esa misma localidad, a Vergara le sobrevino una neumonía de la cual no se pudo recuperar, falleciendo el día 22 de setiembre de 1930 a las ocho y  treinta horas, a los 51 años de edad.

Su muerte provocó una conmoción muy grande en la población argentina, que hasta hacía pocos meses lo contaba como gobernador del primer estado. Y a pesar de su origen político y del reciente gobierno militar usurpador instalado en el país, a causa de su muerte la bandera nacional estuvo izada a media asta durante los cinco días que duró el duelo. Su cuerpo fue traído de Diamante a Buenos Aires en tren, y en la estación Retiro lo recibió una muchedumbre que lloraba la desaparición de un político de vital relevancia en la política argentina, en general, y de la provincia de Buenos Aires, en particular.

Los ecos periodísticos por la muerte de Vergara fueron muchos y el diario platense del 23 de setiembre de 1930 lo recordaba así: “Hace poco más de cuatro meses, el pueblo de La Plata saludaba con muestras de afectuosa simpatía al ciudadano doctor Valentín Vergara que terminaba su período constitucional de gobierno en Buenos Aires. Testimoniaba así su justa adhesión al mandatario que había cumplido honestamente con su deber y se retiraba en medio de manifestaciones de sincero reconocimiento por la fecunda obra realizada. Muy lejos del espíritu de todos la idea de un desenlace fatal como el que hoy lamentamos. Habíamos visto al doctor Vergara mantenerse fuerte y activo en el desempeño de la más alta función de gobierno, sin dejarla un sólo día, sin abandonar, sino por rara excepción, la ciudad capital de la provincia, donde se radicara desde la primera hora del período que le tocó cumplir. Nada hacía sospechar un quebranto en su salud, descontándose en cambio, nuevos y destacados destinos para su figura prestigiosa ya antes de ascender a la primera magistratura de Buenos Aires y consagrada en el desempeño de ésta, como uno de los más positivos valores dentro del radicalismo nacional”. Para seguir recordando: “Puede decirse pues, con verdad, que el país experimenta una sensible pérdida, restándose uno de los valores más positivos que se han perfilado en el escenario nacional.

Cumplió su labor de gobernante en hora difícil para la provincia de Buenos Aires y para el partido que lo llevó al poder. La crisis que se precipitó en estos últimos días, dando origen al movimiento revolucionario del 6 del corriente, comenzaba ya a acentuarse. En medio de tal estado de las cosas, puede asegurarse que la acción prudente del doctor Vergara, sirvió para atenuar los males que venían experimentándose con grave riesgo para la economía de la provincia, logrando en cambio, restaurar el crédito de ésta, ofreciendo un ejemplo de corrección administrativa que desde hacía varios años no nos era dado registrar entre nosotros.

Dentro de la relatividad de sus recursos y considerando la lucha que debió sostener frente a la legislatura poco dispuesta a colaborar en una labor de orden, logró el doctor Valentín Vergara, imponer normas de buen gobierno que parecían definitivamente olvidadas. Mantuvo, además, el prestigio de su investidura, defendiéndose de toda presión exterior y demostrando la independencia necesaria para quien es llevado por su pueblo a la función representativa de más alta responsabilidad. Así pudo decirse de él, con verdad, que supo ser el gobernador por excelencia antes que su excelencia el gobernador.

Ofreció el ejemplo, raro entre nosotros, de gobernar dentro de la provincia y para la provincia

Estableció la sede real de sus funciones en la capital del estado. Aquí se ventilaban todos los asuntos administrativos y políticos vinculados a su gestión y no admitió jamás una declinación de esa norma que se fijara como inflexible para sí mismo. De ahí que su nombre y su figura, llegó a se popular en La Plata, a cuyas actividades de toda índole se vinculó afectuosamente como funcionario y como ciudadano.

La obra administrativa del Dr. Valentín Vergara está demasiado fresca en el espíritu de todos para sea necesario recordarla.

Podemos sintetizar el concepto de la misma, diciendo que aseguró la libertad electoral dentro del territorio de la provincia, presidiendo los comicios limpios; inició una era de saneamiento financiero acrecentando recursos, sujetando el aumento desmedido de los gastos, afirmando el crédito del estado merced al fiel cumplimiento de los compromisos contraídos por él mismo y desarrolló un vasto y benéfico plan de obras públicas cuyas ventajas se experimentan ampliamente”.

 

6- Conclusión

En fin, se puede concluir que el doctor Vergara en el gobierno se caracterizó por su responsabilidad, su criterio, su equilibrio, su eficacia, su abnegado  patriotismo. En las formas siempre fue un caballero cabal; de buenos modos y trato agradable; mesurado, prudente y sereno, pudo establecer sólidos vínculos con la sociedad platense que lo cobijó y de la que se ganó su respeto.

Quizás podamos terminar estas páginas, si se nos permite la licencia histórica, afirmando que Vergara murió de tristeza; murió con el golpe del 6 de setiembre de 1930; murió al ver al radicalismo arrodillado ante mil cadetes; murió al ver a su viejo y terco líder embarcado rumbo a Martín García; murió al ver sepultadas las esperanzas de millones de compatriotas quienes, habiéndose sentido representados por la Unión Cívica Radical, se quedaron solos.

Lo cierto que hoy, a fines del siglo XX, con casi siete décadas de posterioridad, y a pesar de que Vergara es casi un desconocido, aún en su propia provincia, su ejemplo cívico se puede transformar en fuente de referencia para los bonaerenses los que, conociendo conductas como las de Vergara pueden marcar el correcto rumbo hacia el siglo XXI.

 

 

7- Anexo documental:

 

- Intervención del Señor Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, doctor Valentín Vergara, en la sesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del día 13 de noviembre de 1919 a propósito del pedido de juicio político formulado por la oposición contra el Presidente Hipólito Yrigoyen.

 

Dip. Valentín Vergara: “El debate al que asistimos nos ha alejado de nuestra tarea ordinaria, impidiendo a la Cámara sancionar leyes que el país reclama con toda urgencia.

No obstante la responsabilidad en que incurrimos con la falta de sanción de las mismas yo, como hombre perteneciente a un partido político al cual he pertenecido desde mi niñez y al que le he dado mis mejores entusiasmos y todas mis energías, he visto complacido la iniciación de este debate porque en él se han formulado los cargos a la Unión Cívica Radical y al gobierno surgido de sus filas, que era necesario rectificar en una amplia y serena discusión.

Desde luego, debo decir con entera sinceridad que hay exageración en los cargos que se han formulado. La Unión Cívica Radical no es acreedora a un solo término despectivo de parte de sus adversarios más apasionados, ni el gobierno radical ha cometido hechos, transgresiones, crímenes o delitos que lo hagan comparecer ante los estrados de la justicia, formulando contra él juicio más extraordinario que ha establecido la Constitución Nacional, juicio que no ha sido entablado hasta el presente en toda nuestra vida institucional, ni aún por las oposiciones más bravas frente a los gobiernos de hecho. Tampoco se ha usado este recurso en los Estados Unidos sino una sola vez, en el caso del Presidente Johnson, por altos crímenes y delitos, a mérito de los cuales fue acusado como lo establece la Constitución de aquel país.

La Unión Cívica Radical no ha ido al gobierno como a un festín a repartir posiciones o empleos públicos. Ha ido con un criterio eminentemente nacionalista a realizar una obra de reconstrucción, sin odios y sin pasiones para nadie, sin desalojos definitivos, porque sin entrar en pactos o en contubernios de ninguna naturaleza, que son incompatibles con la tradición cívica, sabe que el gobierno es para todos los argentinos, sin otra condición que la honradez y la idoneidad.

El señor diputado por la provincia de Buenos Aires, doctor Demaría, decía ayer, en esta Cámara, que el partido radical era un partido personalista, formulando así los cargos que vienen repitiendo con harta frecuencia y que es menester rectificar en la forma más contundente, a la luz de los hechos y de los antecedentes que voy a mencionar.

Se confunden tal vez, señor Presidente, con lo que han sido todos los partidos políticos a través de nuestra agitada y accidentada historia. Todos ellos han sido personales. Eso lo saben los señores diputados que han estudiado toda nuestra vida pública, que han estudiado los partidos políticos desde su origen y los han seguido a través de sus vicisitudes; y muchos de ellos cuando hablan en esta Cámara lo hacen no sólo por sus lecturas, sino por los propios prestigios que les da su actuación personal dentro de los sucesos que se han desarrollado.

No se concebían antes, señor Presidente, un partido político, ni causa, ni ideas, ni patria, ni se quiere, que no estuviera identificado y confundido con la persona misma del caudillo, del hombre necesario. El hombre, que donde hay instituciones consolidadas, permanentes y vivaces, no es nada más que un mero accidente, era antes, señor Presidente, un factor indispensable, era un elemento necesario.

El mismo señor Presidente del Partido Autonomista Nacional, que ha desaparecido, el Doctor Carlos Pellegrini, en una oportunidad lo presentaba en la siguiente forma, que voy a leer. Decía el Dr. Pellegrini: “Llega el Partido Autonomista Nacional al final de su jornada, vencido y agobiado. La escuela de la obediencia pasiva, armada con el poder oficial, es la que ha triunfado, pero el partido político ha desaparecido. En las provincias como en la Nación se ha simplificado todo el mecanismo, suprimiendo todos sus órganos, para ser reemplazado por una cabeza única que piensa, por un solo elector que elige, por una sola voz que ordena: el Presidente de la República”. Era, pues, señor Presidente, un partido personalista. No tenía otro jefe que no fuera el Presidente de la República.

La Unión Cívica Radical, en cambio, señor Presidente, no es un partido personalista; no se ha constituído momentáneamente para ninguna campaña electoral. A través de su larga historia ha afrontado la lucha en todos los campos, llevando a su frente a los más dignos y a los más capaces; pero cuando ellos han desaparecido, aún cuando se trate del mismo tribuno Leandro Alem, que le diera origen, el partido ha sobrevivido y ha podido marchar adelante, con su bandera impersonal y regeneradora.

Ayer también el señor diputado Demaría nos hablaba que no conocía la carta orgánica del partido radical. Y yo lo creo, señor Presidente, porque dentro de su sinceridad, no podía decir que el partido radical fuera un partido personal, si él conociera la carta orgánica firmada por el Dr. Alem, firmada por esa misma personalidad que con tanta justicia elogiaba.

Y conviene, señor Presidente, fijar ciertos hechos y ciertos antecedentes a través del desarrollo histórico de la Unión Cívica Radical, para dejar constancia de que los más grandes progresos institucionales que hoy ostenta la República se deben a nuestro partido. Debido a su acción permanente y constante, el voto ha dejado de ser un comercio venal, como era antes, y ha dejado de ser el comicio una parodia burlesca.

El doctor Demaría decía en la sesión de ayer que la historia del partido radical podía dividirse en dos grandes periodos: el que correspondía como jefe al doctor Alem y el que le correspondió después al doctor Yrigoyen. Yo no estoy de acuerdo con semejante división. Desde luego no hay Unión Cívica Radical del doctor Alem, como no hay Unión Cívica Radical o partido radical del doctor Yrigoyen. La división que puede hacerse en la historia del radicalismo argentino es otra bien distinta y es conveniente que quede constancia de ella.

El primer período va desde la fundación, en 1889, desde que esa juventud valiente y brillante de la Capital Federal lanzara el primer grito de protesta en el Jardín Florida, hasta la política llamada de la conciliación o de las paralelas en 1897. El segundo período se extiende desde 1897 hasta 1912, y es el período de la abstención, de la intransigencia, de la revolución. Y por último, el tercer período, en el que la Unión Cívica Radical, contando ya con las garantías que le proporcionaban las leyes electorales actuales y las promesas del doctor Roque Sáenz peña, abandonaba la revolución para afrontar las luchas electorales.

No es el caso, ni mucho menos, de estudiar todos estos períodos la detención debida, porque sería dar a este debate proporciones inusitadas. Pero he de citar algunos hechos fundamentales para poder comprobar, en primer lugar que la política seguida por el partido radical no ha sido nunca ni es personalista, y en segundo término para demostrar que los hombres que han actuado al frente del partido jamás hubieran aceptado una jefatura única, en esa forma incondicional a que se ha hecho referencia en la Cámara.

En el primer período, señor Presidente, la Unión Cívica sufre un desgarramiento a raíz de la candidatura del general Mitre a la Presidencia de la República con la política del acuerdo: se produce entonces la división de la Unión Cívica en Unión Cívica Radical y Unión Cívica nacional. Por eso no estoy de acuerdo con el doctor Demaría, cuando decía que la Unión Cívica Radical nada tiene que hacer en el movimiento del 90. La Unión Cívica Radical es una rama de la Unión Cívica, la más vigorosa, porque se formaron en ella, con Alem a la cabeza, las primeras personalidades que habían actuado en la revolución del 90.       

Con posterioridad a ese desgarramiento sufrido por la Unión Cívica se realizaron actos hechos que son bien conocidos, como la revolución que la Unión Cívica Radical realiza en el país, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la revolución más popular y más importante de que se tenga memoria, por cuanto en el intervalo de cuarenta y ocho horas se sublevaron más de cien pueblos de la provincia como respondiendo a una sola aspiración y a un solo anhelo, que eran los ideales del partido.

El segundo desgarramiento lo sufre el partido radical en 1897 con motivo de la política de la conciliación, de las paralelas, y este es un hecho, señor Presidente, que es conveniente que quede bien aclarado en esta Cámara.

Hubo un deseo y una aspiración entre los dirigentes de la Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical de las provincias y de la Capital Federal, de reconstruir la antigua Unión Cívica con el propósito de sostener una candidatura a la Presidencia de la República, frente a la del general Julio A. Roca.

Invitado el radicalismo de la provincia de Buenos Aires a formar en esa política de conciliación se opuso tenazmente, y se opuso a ello porque dejó claramente demostrado que no había garantías electorales y que ir en ese momento a la elección implicaba una derrota y justificar con la propia presencia de la legalidad del sistema y del régimen que estaba combatiendo. Y esta actitud bien definida y bien franca de la Unión Cívica Radical de Buenos Aires, Puede decirse que era una política personalista del Dr. Hipólito Yrigoyen? No, y mil veces no. Es cierto que los convencionales del resto del país habían aceptado esa política. Yo respeto a muchos de los que se adhirieron y que lo hicieron con la más completa buena fe y creyendo que iban a contar con garantías en los comicios; pero no admito que al dar este ejemplo la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, se diga que fue obedeciendo únicamente las inspiraciones del Dr. Hipólito Yrigoyen; para ello no habría más que leer la proclama que la Unión Cívica Radical de Buenos Aires lanzó a la faz de todo el país, suscripta por eminentes personalidades, a cuyo frente, es cierto, está el Dr. Hipólito Yrigoyen, y siguen después: José ocampo, Leonardo Pereyra, José Gregorio Verdier, Juan Martín de la Serna, Angel T. de Alvear, Manuel A. Ocampo, Eufemio Uballes, Francisco Ayerza, Tomás Le Bretón, José de Apellaniz, etcétera, etcétera, ¿ puede, por un momento atribuirse una política personalista a este acto culminante de la Unión Cívica Radical? ¿Puede decirse, acaso, que todas estas personalidades podían marchar a remolque bajo la inspiración o bajo la imposición de un solo hombre? Es lo que yo niego, señor Presidente.

La Unión Cívica Radical no es un partido personalista; es un partido que tiene una política y una tendencia bien definidas, no ha hecho pacto en ningún momento de su trayectoria cívica, y no ha admitido contubernios en ninguna forma con los hombres que estaba combatiendo. Y esta no fue una posición del Dr. Hipólito Yrigoyen, sino que fue una resolución firme y categórica de los hombres que han constituído las convenciones y el Comité Nacional de las distintas épocas de nuestra historia política.

Por esto se ve más nítidamente si pasamos a otros acontecimientos importantes de la política seguida por la Unión Cívica Radical.

En el año 1904 y 1910 el partido se reorganizó ampliamente por toda la República. Se constituyeron los comités provinciales, el nacional y la convención nacional del partido. Era lógico que en esos años se afrontara este amplio programa de reorganización, desde el momento en que estábamos en vísperas electorales de renovación del poder Ejecutivo de la Nación.

En el año 1904 el Comité Nacional, en el mes de febrero, lanzó una proclama en la que ratificaba la política de abstención y de revolución que el partido debía seguir, por no ofrecer tampoco en esas circunstancias, garantías electorales el gobierno de entonces para que la Unión Cívica Radical pudiera concurrir al comicio.

Tengo en mis manos la proclama del Comité Nacional de febrero 29 del año 1904, lo que equivale a decir pocos días antes de la revolución de febrero, tan acerbadamente criticada como un motín militar o como una exclusiva del capricho del Dr. Yrigoyen. La proclama termina con estas palabras: “En consecuencia, manteniéndose dentro de su programa y en el rumbo que le señala el pensamiento de su primer Presidente, el inolvidable y eminente ciudadano doctor Leandro N. Alem, el comité nacional de la Unión Cívica Radical resuelve la abstención de todos los radicales de la república en las elecciones de diputados de la nación, senador por la capital, electores de presidente y vice de la nación; protesta contra el régimen imperante, subversivo del sistema institucional y atentatorio de la libertad cívica, y declara su propósito inquebrantable de persistir en la lucha hasta modificar radicalmente esta situación anormal y de fuerza por los medios que su patriotismo le inspire”. Firman este manifiesto el Dr. Molina, José Lino Chorroarín, Vicente C. Gallo, Adolfo Mourtier, Leopoldo Melo, José de Apellaniz, Fernando Saguier, Miguel Laurencena, etc.

Quiere decir, señor Presidente, que todas estas firmas de personalidades tan conocidas dentro y fuera de la Unión Cívica Radical, decían a pocos días de la revolución de febrero que el partido radical debía abstenerse de la lucha comicial que pronto debía producirse, y declaraba la abstención hasta conseguir la legalidad del sufragio por todos los medios a su alcance, lo que quiere decir que estos señores proclamaban la revolución que más tarde, a los pocos días, estalló encabezada por el Dr. Hipólito Yrigoyen, pero no como una obra exclusiva de su personalismo al frente del partido.

Es que había en esa época motivos fundamentales para apelar a resoluciones extremas. No había otro recurso, y yo para poderlo comprobar y justificar que no he de apelar a la opinión de las personas que militan en las filas de mi partido, como las cartas publicadas desde Montevideo por el Dr. Pedro C. Molina, dirigidas al Presidente Quintana. No, señor Presidente; voy a mencionar a la opinión de un hombre que ha estado siempre frente al partido radical, de un hombre que ha tenido una actuación descollante dentro de la política del régimen, de un hombre cuya sinceridad y talento soy el primero en reconocer; ese hombre es el doctor Carlos Pellegrini.

En el mes de enero de 1905, pocos días antes del movimiento de febrero, se encontraba el doctor Pellegrini en los Estados Unidos, donde presenciaba la lucha por la presidencia, el choque formidable entre las dos fuerzas que se disputaban el triunfo: los partidos demócrata y republicano. Bajo la impresión de esa vida republicana y democrática, y  con la sinceridad que digo le reconozco, el doctor Pellegrini escribía en aquellos momentos a su país en la siguiente forma:

“En nuestro país, el poder político reside en el gobierno; él no admite que haya comités, ni partidos que limiten ese poder y los suprime en defensa de lo que él llama la integridad de la autoridad. No comparte la dirección política con nadie, porque esto -siempre según su doctrina política- afectaría su propia autonomía. Las distintas circunscripciones de cada provincia entregan toda la autoridad a un delegado con facultades para proceder autocráticamente, bajo la sola condición de que no se permitirá tener candidato para puesto público alguno, debiendo siempre hacer votar por quien designe gobernador en el ejercicio de la integridad de su autoridad”. Y sigue: “Los senadores y diputados no son representantes del pueblo de las provincias, sino del gobernador y le deben obediencia. Si alguno se insubordina, no será reelegido y perderá su puesto y dieta; si algunos senadores se permiten reunirse privadamente para tratar de cuestiones políticas, el hecho es denunciado como un complot: los culpables son llamados a la presencia del gobernador y duramente amonestados; y si se disculpan o se declaran arrepentidos pueden retirarse con alguna esperanza de ser reelegidos.

El gobernador saliente designa su reemplazante por sí y ante sí, como heredero testamentario. Esto es indispensable para garantizar la continuación de su política. Los senadores y diputados, al congreso, como los electores de presidente, los designa el  mismo gobernador, y por esto públicamente, se refiere a mis diputados, mis senadores, mis electores, y los negocia cuando trata alguna combinación política”.

Podría seguir, pero no quiero fatigar la atención de la Honorable Cámara. Todo esto podemos decirlo nosotros, pero no hay órgano más autorizado que el doctor Carlos Pellegrini. Y yo pregunto: si la Unión Cívica Radical había dicho en su proclama de 1905 que no iría a los comicios si no se ofrecían garantías electorales y que trataría por todos los medios de conseguir que esas garantías se establecieran en el país ¿qué otro recurso quedaba a ese partido popular, en presencia de estas manifestaciones de Pellegrini? ¿Ir al escenario de las provincias a elegir electores con un gobernador que avasallaba y subordinaba bajo su imperio a todas las voluntades? No, señor; de manera que la Unión Cívica Radical se lanzó en esa emergencia a realizar este movimiento, obligada por las mismas circunstancias y no porque fuera un partido revolucionario. La prueba la tenemos en que cuando en el año 1912 el Presidente Sáenz Peña, que tenía la noción clara de un hombre de estado, quiso desarmar la oposición formidable que rodeaba, auspició ante el Congreso de la Nación las reformas de las leyes electorales bajo la base de la doctrinización del comicio, del voto secreto y de la lista incompleta, ese mismo partido, que hasta ayer había ido a la revolución, fue a los comicios en los distintos escenarios que se abrían bajo esas garantías en el territorio de la República; y así a los pocos meses concurrió a las elecciones de Salta, en Córdoba y en otras provincias, disputando gallardamente con sus inmensas mayorías, en los atrios, en el gobierno de esas provincias; y más tarde, para qué decirlo, concurrió a la gran jornada cívica de 1916.

Dicho esto manifestaré que no he alcanzado a ver en una forma nítida cuál es la verdadera finalidad de este debate.

Me gusta concretar mi pensamiento para ir  a lo que es elemental y básico en la discusión. He hecho estas argumentaciones referentes a la Unión Cívica Radical porque he creído injustos los cargos que se han formulado, por otra parte, por ser diputado de la provincia de Buenos Aires, cuyo radicalismo creo que es el que más gallardamente ha sostenido su programa a través de toda la abstención y de todos los períodos difíciles porque ha pasado el partido.

Pero he de tomar  algunos hechos aislados para poder refutarlos. El pensamiento que se me ocurre que dentro del debate debe preocuparnos ahora, es el que se refiere al juicio político formulado contra el Presidente de la República.

El señor diputado por la provincia de Buenos Aires, doctor Sánchez Sorondo, en la sesión pasada presentó en forma verbal los cargos que a su entender son suficientes para formar juicio, de acuerdo con el art. 45 de la Constitución, al Presidente de la República.

…Entre los cargos formulados, algunos han sido ya materia de debates anteriores. La Cámara los ha oído en forma amplia; pero otros cargos, en cambio, no han sido todavía dilucidados en esta Cámara, y de ellos me he de ocupar preferentemente. Entre los primeros figuran aquellos del traslado del oro, del negocio, del cargo administrativo que representa.

Aqu{y se ha dicho en esta Cámara, cuando se consideró este asunto, que se trataba de una operación brillante de parte de muchos señores diputados; era una operación al firme y se sustraía al gobierno de la especulación siempre peligrosa de los cambios, para establecer una comisión real, efectiva y segura, cualesquiera que fueran las emergencias y las dificultades que pudiera traer el traslado material del metal que se encontraba en la legación de Londres, a través de países que se encontraban en guerra y que no ofrecían ninguna seguridad en ese momento.

Podrán los señores diputados del sector de la derecha tener una opinión contraria, pero se puede asegurar que durante ese largo debate no ha quedado probado, ni mucho menos, que se tratara de un asunto sucio, de un asunto turbio en que pudiera haberse comprometido en lo más mínimo la dignidad del gobierno.

Yo mismo tuve oportunidad de tomar parte en ese debate, conocía los hechos en su propia esencia, tenía en mi poder las distintas operaciones cambiarias que se habían realizado, podrían los banqueros haber obtenido ganancias de más o menos consideración o podrían haber perdido iguales sumas, si en esos momentos se hubiera cambiado la situación monetaria de las plazas, si se hubiera modificado el tipo del cambio entre Madrid y Nueva York o las otras plazas entre las cuales se hacían las operaciones. De manera que era ésta para mí una de las tantas operaciones corrientes.

No quiero entrar en mayores detalles porque pienso que este no es un cargo, no es uno de los delitos o crímenes de que la Constitución Nacional habla para que pueda ser viable un juicio político al primer magistrado de la República.

En  los Estados Unidos cuando se planteó un caso de juicio político que es el único que se conoce, el iniciado contra el presidente Johnson, fue por altos crímenes y delitos acusado ante la Cámara de Diputados, y el Senado tembló antes de dar su fallo, porque sabía que un juicio de esa naturaleza está destinado a producir hondas perturbaciones en el mecanismo político, social y económico de un país, y que sólo puede usarse de él en condiciones muy excepcionales, y la prueba evidente es que nosotros hasta el día de hoy no lo hemos tenido. No hay oposición que se haya atrevido a iniciarlo.

Se ha hecho también el cargo de las intervenciones. Se ha dicho que el Presidente de la República no respeta las autonomías de las provincias, que ellas van convirtiéndose en territorios federales, sin  legislaturas, sin gobernadores, sin presupuestos, etc., que todo lo dispone arbitrariamente el Presidente de la República.

A mí, señores diputados, me gusta estudiar estos asuntos más bien con un criterio de derecho que de hecho, con un criterio institucional porque es el que perdura, es el que hace la ley y la jurisprudencia.

Ayer decía el señor diputado Melo y hoy el señor diputado por Buenos Aires doctor Sánchez Sorondo lo rectifica, que hacía falta entre nosotros una ley que reglamentara los socorridos arts. 5° y 6° de la Constitución Nacional. Yo encuentro razón. La reglamentación de las intervenciones es un propósito muy anterior. Recuerdo que cuando se discutió  la intervención a la provincia de Buenos Aires, el señor doctor Moreno, diputado por esa provincia, tocó este punto. Hizo referencia a aquella ley que se dictó en época del Presidente Sarmiento. Esa ley establecía que no podría decretarse ninguna intervención sin ley y que si se decretaba durante el receso, por el Presidente d el República, debía ser aprobada más tarde por el mismo congreso.

El Presidente Sarmiento la vetó, y lo hizo porque eso de subordinar la conducta del poder ejecutivo a la aprobación del congreso, lo encontraba peligroso.

Recuerdo sus propias palabras al vetar la ley: ¿Cómo exponerse un Presidente de la República -decía- a una mayoría accidental en el congreso o de intereses transitorios? ¿Cómo puede saber el Presidente si esa mayoría va a estar en favor de las autoridades que han sido repuestas por la intervención, o va a estar en favor de los rebeldes que han sido encarcelados y castigados? Yo temblaría - agregaba el Presidente Sarmiento - antes de solicitar a un congreso con una mayoría en esa forma la aprobación de un acto del poder ejecutivo de tanta trascendencia y que tanto apasiona los espíritus.

Por eso recomendaba, con esa sensatez, con ese juicio y con esa ilustración que siempre demostró ese eminente argentino, recomendaba, digo, como más práctico sancionar la ley de 1875 de los Estados Unidos porque la experiencia de aquel país había ya puesto de manifiesto sus grandes virtudes y ventajas.

Mientras no venga esta reglamentación entre nosotros, cualquier intervención que se decrete por el poder ejecutivo ha de encontrar siempre algún precedente respetable en los anales parlamentarios en qué apoyarse y en qué sustentarse. Los sostenedores de que las intervenciones son un acto legislativo han de encontrar antecedentes en que el congreso de la nación ha discutido el envío de una intervención a una provincia. Los que sostienen que es un acto ejecutivo han de encontrar reiterados casos en que todos los presidentes argentinos han intervenido durante el receso. Más: han intervenido después del primero de mayo, época en que el congreso ya debe estar funcionando. Y además, señor presidente, han de encontrar precedentes en que presidentes argentinos han mandado intervenciones a las provincias por decreto, funcionando el congreso.

Me detendré en este último caso, que parece fuera tan anormal. 

Se trataba de la presidencia del general Mitre, el campeón - como ha sido presentado muchas veces en esta Cámara - de las autonomías y de las libertades provinciales. El general Mitre intervino la provincia de Catamarca en el año 1862, por simple decreto, estando el congreso en funciones; y hasta nombró interventor al senador Rojo, quien se presentó al Senado pidiendo autorización para aceptar el cargo de interventor cuando el Senado n tenía todavía ni noticia de que el Presidente de la República había intervenido la provincia de Catamarca.

Se dice, también, que las intervenciones han ido en estos casos a requisición de las autoridades constituídas. Pero tenemos el caso de la intervención a la provincia de Buenos Aires decretada durante el interinato de Uriburu, que ocupaba accidentalmente la Presidencia de la República por ausencia del titular, general Roca y del Vicepresidente doctor Quirno Costa, decreto que lleva la firma de hombres de autoridad innegable en materia constitucional, como el doctor Joaquín V. González. Y esa intervención fue decretada por pedidos que aisladamente hicieron algunos legisladores de la provincia, ya al gobierno, ya al congreso. Y se dice entre los fundamentos para la intervención que no se precisa la requisición de las autoridades constituídas y que durante el receso el verdadero gobierno federal es el poder ejecutivo.

Yo no estoy con unas ni con otras doctrinas, yo no sé quién está en la verdad, yo no sé si el gobierno federal de que habla el art. 6° es una entidad abstracta que para manifestarse necesita del órgano de todos sus poderes o si basta un sólo poder. Yo no entro a ese terreno escabroso, pero sí he de decir que si se ataca actualmente la intervención a las provincias de San Juan y Santiago del Estero y se pretende por ello formular un cargo como para sustentar el juicio político, yo los invito a los señores diputados a que reflexionen sobre los casos que acabo de mencionar, que son mucho más extremos, y que serían mucho más objetables y contra los que no se levantó en aquella época ninguna voz en el congreso. Y no hago exclusión del caso del general Mitre en 1862, cuando intervino la provincia de Catamarca, en pleno funcionamiento del congreso; de esas dos grandes mentalidades argentinas, Rawson y Elizalde, que se sentaban en el congreso, ninguna de ellas tuvo una sola palabra de protesta contra el acto realizado por el poder ejecutivo.

Después de todo lo que se ha dicho y hecho en materia de intervenciones, se desprende que se ha intervenido siempre a las provincias argentinas con un criterio eminentemente circunstancial y partidista, y de ahí la necesidad impostergable de dictar una ley que reglamente el derecho de parte de las autoridades nacionales o del gobierno federal y que establezca, con toda precisión, los casos en que se debe intervenir. La ausencia de esta ley se nota ya desde allá por el año 1869, puede decirse, año en que se realizaba en el parlamento argentino una de las discusiones más luminosas de que haya mención en nuestros anales parlamentarios. Se discutía en el congreso en esa época, si el derecho de intervenir era facultad legislativa o meramente ejecutiva. Pensadores eminentes de aquel entonces, tomaron parte en ese debate; y puede decirse, señor Presidente, con entera honradez intelectual, que no se sabe cuál de as opiniones fue la que triunfó en aquella emergencia.  

    Creo, señor Presidente, que los cargos más importantes que se han formulado en el curso de este debate para acusar al Presidente de la República han quedado completamente desvanecidos. No hay tales fundamentos para la acusación y, por lo tanto, pienso que este juicio no pudo haber prosperado ni tomarse en cuenta por falta absoluta de fundamentos legales que lo inspiran.

Nada más”. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

 

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