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La Doctrina social Cristiana y la Unión Cívica Radical

 

Víctor Hipólito Martínez

Abogado. Profesor de derecho minero (Universidad de Córdoba).

Ex Intendente de la Ciudad de Córdoba. Ex Vicepresidente de la Nación

 

 

1.- La Unión Cívica Radical fue en sus orígenes un movimiento que según  expresiones de Hipólito Yrigoyen en carta al Doctor Rodolfo Oyhanarte (1923) “por los hechos producidos y actitudes asumidas para concretar los ideales que sustentara, es una lata conquista de la civilización argentina y americana”. Hoy es una organización puesta al servicio de objetivos bajo principios éticos que informan su derrotero de un siglo para beneficio de la Democracia.

 

La Iglesia Católica a su vez es una organización fundamentalmente espiritual, con preocupaciones temporales “que utiliza como instrumento su doctrina social  con objetivo principal de interpretar realidades”, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del Hombre y su vocación terrena a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por lo tanto, no pertenece al ámbito de la ideología  sino de la teología especialmente de la teología moral” (Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, 1987).

 

La Iglesia, aun en sus poderes y decisiones temporales no requiere vestirse de ropajes partidistas, así como las corrientes cívicas partidista no demandan, para su legitimación, escudarse en la religiosidad, estando vigentes las recordadas palabras a herodianos y fariseos según Evangelio de San Marcos: “Dad al Cesar lo que es de Cesar y a Dios lo que es de Dios”.

 

Tanto la Iglesia como los partidos políticos no son muy inmutables ni absolutamente rígidos en sus posiciones, pues están inmersos en la sociedad, comprometidos con la misma, influenciados por las circunstancias universales que son cambiantes  y mutables de por si. Debemos pues considerar el derechos y la obligación de hacer conocer pensamientos y programas, aun en lineamientos limitados como el de esta exposición, impulsada por la responsabilidad  como afiliado, militantes y en cierta manera dirigente.

 

La Iglesia Católica, particularmente en América Latina, puede aceptar distintos periodos: cristiandad colonial (1492 a 1808), neo-colonial o neocristiandad (1808 a 1969), neo-cristiandad conservadora anti-liberal (1880 a 1930), neo-cristiandad liberal anti-socialista (1930 a 1950). Ella pasa de un sistema integrado al capitalismo, a la conquista aliada a las clases dominantes, a un mayor compromiso con los movimientos populares, acentuando en su seno de la doctrina social cristiana que intercede, defiende, actúa como mediadora y denuncia la opresión, la discriminación y las posiciones dictatoriales.

 

Resulta sugestivo que el documento “Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado” (2000) diga. “Mientras que antes de la llegada del iluminismo existía una especie de osmosis entre la Iglesia y el Estado, entre fe y cultura, moralidad y ley, a partir del siglo XVIII esta relación ha quedado notablemente modificada. El resultado es una transición de una sociedad sacral a una sociedad pluralista, o como ha sucedido en algunos casos a una sociedad secular, los modelos de pensamiento y de acción, los llamados “paradigmas” de acción y de valoración han cambiado. Semejante transición tiene un impacto directo sobre los juicios morales”.

 

El radicalismo, nacido enfrentado a una sociedad políticamente prostituida, con el fraude y el autoritarismo entronizado en el poder y aliado a la aristocracia celosa de su fachada religiosa, sufrió el hecho de atribuirse en aquella el monopolio de la actitud cristiana, al menos en argentina, a los movimientos o estructuras conservadoras, y durante mucho tiempo se puso el sayo al radicalismo de basar sus concepciones en apartamiento de la doctrina de la Iglesia, partiéndose de un esquema tan equivoco como simplista de clericalismo y anticlericalismo, catolicismo o anticatolicismo.

 

No puede negarse que el radicalismo fue revolucionario y por lo tanto acudió a la violencia como medio de acción para combatir “el régimen” pasando después de lograr su máximo anhelo con el sufragio popular, al imperio de la le y subordinación al sistema de la Democracia, siguiendo su catecismo laico contenido en la “Profesión de Fe Doctrinaria”.

 

2.- Desde sus inicios y especialmente luego de las fundamentaciones de la filosofía tomista, la doctrina social cristiana se ilumina con las Encíclicas Papales, los Documentos Conciliares y las Conferencias del episcopado. Larga trayectoria esta que modernamente pasa, entre otros importantes trabajos, por la Encíclica “Mater et Magistra”, “Pacem in Terris” de Juan XIII “Populorum Progresio” de Paulo VI, “Laborem Excercens” de Juan Pablo II;  documentos como los de Puebla y el dado a conocer en Argentina sobre “Principios de Orientación Cívica para los Cristianos”. A ellos sumamos “Sollicitud Rei Socials” (Juan Pablo II, 1987) y “Centesimus Annus(1991)”.

 

 

Los documentos señalan ante todo, la obligación de actuar. “Deseamos en forma especial que el cristiano asuma sus responsabilidades sociales a través de la función publica “porque el verdadero católico” ha de tener presente ante todas las cosas, y en cualquier coyuntura que ha de portarse como tal, acercándose a los empleos posibles y desempeñándolos en el firme y constante propósito de promover, según su posibilidad, el bien social y económico de la Patria, particularmente del pueblo (Pío X, documentos Sociales). “A nuestros fieles les recordamos. Cualquiera sea el grado de participación política que no es licito el indiferentismo ni la abstención” (Conf. Episcopado Argentina, 24/X/82). “La acción de los ciudadanos, en el marco del compromiso político, requiere fidelidad, coherencia y perseverancia” (id.). “Hablad, hablad, predicad, escribir, tomad posiciones como se dice, en armonia de planes e intenciones, acerca de la verdadera fe, defendiendolas e ilustrandolas, de la actualidad del Evangelio, de las cuestiones que interesan a la vida de los fieles y la tutela de las costumbres” (Pablo VI, discurso, 24/8/68). 

 

Hace mas de cien años que nuestro partido viene, en actitud sostenida, coherente y comprometida, trabajando desde el gobierno o desde la oposición afirmando ideas, escribiendo, orientando y usando todos los foros a su alcance donde el conformismo, la indiferencia y la abstención se baten en retirada.

 

3.-El Humanismo.

 

Dice la doctrina social cristiana: “La finalidad de esta doctrina de la Iglesia – que aporta su visión propia del hombre y de la humanidad- es siempre la promoción de la liberación integral de la persona humana, en la dimensión terrena y ascendente...(puebla N° 475).

 

El filosofo de la Universidad de Jena, Karl Christian Krause, quizás a través del movimiento krausista español encabezado por Sanz del Río, influyo indiscutiblemente en el pensamiento de Hipólito Yrigoyen, con su sistema conocido como panentismo que hace del mundo el conjunto finito que se desarrolla en la infinidad divina, en la Humanidad que reconoce a la naturaleza y el espíritu, opuesta a la teoría absolutista del Estado. Rechazando las posiciones Hegelianas, se llega al ideal de una Humanidad unida que proporcione a cada uno de sus miembros la participación en la razón suprema y en el bien.

 

Por nuestra parte dijimos (Documento de Carlos Paz, agosto 28 de 1982): ”En la Profesión de fe Doctrinaria de la Unión Cívica Radical” se lee: “la revolución radical al plantearse partiendo del Hombre y de su libertad, hace de la política una creación ética. Para el radicalismo los fines son inalterables: los de la libertad y democracia para la integración del Hombre”. Como lo menciona S.S. Juan Pablo II (Puebla Discurso inaugural): “La nuestra es, sin duda, la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época del humanismo y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es también la época de las mas hondas angustias del hombre respecto a su identidad y de su destino, del relajamiento del hombre a niveles insospechados, época de valores humanos conculcados como jamas lo fueron antes.

 

Podemos afirmar con certeza que se ha deformado la visión del hombre con discriminaciones y marginaciones, con la dependencia en relación a imposiciones de consumo que acentúan la inseguridad y abrevian la vida. Se lo arroja a un materialismo dado por concepciones individualistas y colectivistas y se subraya un estatismo que lo desnaturaliza y agobia. Y ya en el pretendido justificativo de la liberación o de la seguridad, se tortura, mata y practica la exclusión política.

 

Las tendencias materialista consideran  a la producción y a la economía como la totalidad de la sociedad humana, o al menos lo que abarca el mayor espectro, cuando debiera ser aquella un mero subsistema. Cultura, religión, técnica y política, aparecen subordinadas, en el manejo de la colectividad y de las estructuras de poder, a las necesidades y dictados de la economía, en tanto debiera ser lo inverso. Los totalitarismos de todo signo nacieron del pánico económico o del predominio materialista. “ Triste condición de un país – escribió Hipólito Yrigoyen – si su prosperidad hubiera de consistir en el  fomento de sus interese materiales. El progreso es constituido preferentemente por fuerzas morales”.

 

“Aquel punto de partida, el Hombre en toda su dignidad, lleva a ratificar la defensa de la Democracia y el imperio de la plena libertad –que no es licencia- y de la igualdad en todas sus expresiones. Por eso peticionamos la libertad de presos sin enjuiciamiento o la celeridad debida a los procesos, para que nadie, sea encumbrado o humilde, sufra dilaciones que ponen en duda la recta aplicación de la justicia y acentuamos incansablemente el apoyo a las reformas de la Constitución Nacional de 1994 que además de ratificar las Declaraciones, derechos y garantías incorporaron disposiciones antindiscriminatorias, los derechos de la mujer y del niño, y los Tratados Internacionales que preservaron los derechos humanos y lo mencionado en el art. 75 inc. 22 C.N.

 

Los fundamentos de la Democracia no son para nosotros solo utilitarios, referidos a la formula mas adecuada para el gobierno político o para asegurar la mejor distribución de la riqueza, sino que encierran un contenido espiritual, porque sin ella la libertad del hombre y la igualdad aparecen cercenadas, “Todo hombre y toda mujer, por más insignificantes que parezcan, tienen en si una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones. La libertad implica siempre aquella capacidad que en principio tenemos todos para disponer de nosotros mismos a din de ir construyendo una comunión y participación que han de plasmarse en realidades definitivas...” (Puebla, documentos N° 317 y 322). Un sistema donde se declare la democracia y se reserve el poder político a una elite civil o militar sin legitimación de pueblo o a una concentración del poderío burocrático, plutocrático o técnico, atentara siempre contra la base espiritual que da a los hombres el derecho y el deber de participar como electores o elegidos y seleccionar a los integrantes del poder que deben decidir sobre su destino. La libertad no admite en su concepto pleno los fraccionamientos, y de nada vele la libertad civil sin la libertad política o sin la libertad económica. No hay hombres respetado si se niega al Hombre ciudadano, sino se permite el pluralismo participatorio y el compromiso de todos”.

 

4.- La Justicia Social.

 

            En la Conferencia Episcopal Argentina (Documento, punto 8) se lee: “en la defensa de la dignidad humana, el bien común y la justicia social, los cristianos en su opción política deben promover la valoración del trabajo humano y su primacía sobre el capital, la técnica y aun las estrategias económicas, que deben estar colocados al servicio del hombre, como la define “Laborem Excercens”, esta la dignidad del trabajador, la exigencia de una justa retribución...”

 

En nuestro citado documento de Villa Carlos Paz se dijo: “No hay dignidad humana si se carece de una justa distribución de la riqueza”. Decía Alberdi: “Con un derecho constitucional republicano y el derecho administrativo anárquico, la América del Sur arrebataba por un lado lo que permite por otro: la libertad en la superficie y la esclavitud en el fondo. “Para una inmensa mayoría las libertades civiles corren de lado opuesto a la verdadera libertad económica, y para muchos, la libertad del hombre como derecho inalienable y primario, no tiene posibilidades de ejercicio ante la inaccesibilidad a mejoras económicas. Por ello un sistema que se basa en la especulación o aun en la producción, pero sin tener en cuenta una distribución, que da indicios de producto bruto nacional con caracteres generales que obscurecen el verdadero destino de la riqueza y el ascenso de los desheredados al bienestar general, no se compadecen con la proclamada justicia social y las exigencias de la hora. Es necesario revertir un proceso donde jubilaciones y pensiones mas que amparo de un debido retiro son castigos económicos, el salario se deteriora entre un cincuenta y sesenta por ciento en espacio de seis años y la riqueza se concentra en menos del diez por ciento de los habitantes del país”.

 

            A estas afirmaciones que podrán considerarse teóricas, se deben agregar las realizaciones concretas de nuestros gobiernos radicales que evidencian el respeto por derecho de huelga y de sindicalización, por la libertad de trabajo, por los convenios colectivos, la estabilidad del trabajador y los presupuestos oficiales puestos al servicio de una más justa distribución de la riqueza en todas las expresiones de obras, servicios, salud y educación, ratificados en la Constitución de 1957 y 1994.

 

5.- La propiedad.

 

            Los mencionados documentos de la iglesia han fijado las concepciones acerca de la propiedad. Así en la Encíclica “Rerum Novarum”, de León XIII. Para ser el hombre el único animal dotado de razón, hay que conceder necesariamente al hombre la facultad, no sólo de usar como los demás animales, sino de poseer con derecho estable y perpetuo, así las cosas que con  el uso consume, como las que, aunque usemos de ella, no se acaban... y debe el hombre tener dominio, no sólo de los frutos de la tierra, sino que además de la tierra misma porque de la tierra ve que se produce para ponerse a su servicio las cosas que el ha de necesitar en el porvenir”. En la “Cuadraggésimo Anno” Pío XI afirma: “Siempre ha de quedar intacto e inviolable el derecho natural de poseer privadamente y transmitir los bienes por medio de la herencia; es derecho que la autoridad publica no puede abolir, porque el hombre es anterior al Estado”.

 

            Hasta aquí el reconocimiento nítido del derecho de propiedad. Pero la Cuadraggésimo Anno, agrega: “ni León XIII ni los teólogos que enseñaron, guiados por el magisterio y autoridad de la Iglesia, han negado jamas o puesto en dudad el doble carácter de la propiedad, llamado individual y social, según que atienda al interés de los particulares o mire al bien común... a la verdad, los hombres en esta materia deben tener en cuenta, no solo de su propia utilidad, sino también del bien común, como se deduce de la índole misma del dominio, que es a la vez individual y social, según hemos dicho”.

 

            La encíclica “Mater et Magistra” de Juan XXIII considera que es intrínseca e inherente a la propiedad su función social, pues así lo exige la necesidad de vivir digna y holgadamente todos los hombres, lo condicionan a las necesidades de la familia y es consecuencia necesaria de la solidaridad humana: “...según el orden objetivo establecido por dio, el derecho de propiedad se configura de tal manera que no puede constituir obstáculo alguno para que sea satisfecha la inderogable exigencia de que los bienes, creados por dios para todos los hombres, equitativamente afluyan a todos, según los principios de la justicia y de la caridad”.

 

            El conjunto de la exposición doctrinaria de esta ultima encíclica va dirigido, no tanto al aumento de la producción sino a la defensa del hombre en su gran dignidad, poniendo en evidencia las diferentes condiciones en que se encuentra particularmente el agricultor. Las reflexiones sobre “Desarrollo Económico”, donde se propicia la participación de los obreros en el capital y en las ganancias de las empresas, la formación de las pequeñas y medianas propiedades y el amparo de la propiedad familiar, exponen una doctrina concreta que esta lejos de la tesis materialista e ilumina el camino de las realizaciones prácticas en la búsqueda de nuevas estructuras.

 

            En el mismo apartado de dicha Encíclica, las consideraciones sobre la misión del Estado en relación a la necesaria defensa de los precios agrícolas, la implantación de seguros y la imposición justa de los tributos, no son sino francas indicaciones para la actividad del Estado en miras a la aplicación de la doctrina que tratamos.

 

            En consecuencia, la legislación y los programas que se funden solamente “en el sagrado derecho de propiedad” o en el simple “desarrollismo”, o que invoquen una doctrina liberal que deja a merced de sus propias fuerzas  al sector poblacional más desamparado; aquellos que prescindan del natural destinatario de los cambios sociales que se preconizan, de la defensa de la dignidad humana y del respecto a la familia y al papel del Estado como tutor del interés común, habrá de reconocer cualquier inspiración menos señalada por la doctrina social-cristiana, ratificada en las Ecíclicas y recogidas en los “Documentos Conciliares”. Aquí se lee: “Cuando el incremento de la vida económica, razonable y humanamente dirigido y coordinado, podría mitigar las desigualdades sociales, muy a menudo se convierte en ocasión de que crezcan, como también en algunas partes trae consigo al atraso de la condición social de los débiles y el menosprecio de los pobres”. “La finalidad fundamental de la producción no es mero incremento de los bienes productivos, ni el lucro, ni el dominio, sino el servicio del hombre, y del hombre integro, en atención al orden de sus necesidades materiales y de las exigencias de su vida intelectual, moral, espiritual y religiosa”; “El incremento económico no debe ser dejado al curso casi mecánico de la actividad individual, ni solamente al poder de la autoridad publica. Son por consiguiente erróneas las doctrinas que, bajo pretexto de falsa libertad, se oponen a las reformas necesarias...” (“Documentos Conciliares”. Sesión publica del 7 de diciembre de 1965).

 

Paulo VI, en su “Populorum Pogresio” ratifica: “La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto”; “no hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supere a la propia necesidad, cuando a los demás le falta lo necesario...”, “...En una palabra, el derecho de propiedad no debe jamas ejercitarse con detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los padres de la Iglesia y de los grandes teólogos”; “Pero, por desgracia...ha sido construido un sistema que considera el provecho como motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin limites no obligaciones sociales correspondientes”.

 

            En la Sollicitud Rei Socialis se dice: “La cooperación al desarrollo de todo el hombre y de cada hombre es un deber de todos para con todos y, al mismo tiempo, debe ser común a las cuatro partes del mundo...”; “Es necesario recordar una vez mas aquel principio peculiar de la doctrina cristiana; los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es valido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, ella grava “una hipótesis social”.

 

            Este principio general sobre propiedad fue confirmado por nuestros constituyentes en la Reforma de 1994 (art. 17 C.N.).

 

Monseñor Raúl Zambrano, Obispo Facativa (Colombia), dijo en el Ciclo de Estudios socioeconómicos de Río Grande Do Sul: “El concilio y la encíclica Populorum Progresio son más enfáticos, la propiedad no es tratada desde el punto de vista del actual propietario, cuyos derechos se defienden para defender la institución. El uso exclusivo (de la propiedad), se limita a los necesarios para cada uno y su familia.

 

            El resto debe ser entregado en función del bien común. Es una formulación que no coincide con el concepto capitalista de la propiedad privada y supera la interpretación tradicional de la función social de la propiedad”.

 

            Como advertimos, la Iglesia no se ha limitado a un enunciado teórico de la doctrina acerca de la función social de la propiedad, sino además, dado luz propia a las consecuencias  que aquella implica: así legitima la expropiación y la extinción del dominio /Supra Seminario del Episcopado colombiano), la entrega de tierras de propiedad de la Iglesia (Idem), la apropiación de bienes en caso de extrema necesidad, la intervención del Estado en la distribución y uso de los medios de producción y la justificación de las cargas tributarias.

 

            Conviene vincular el recuerdo de la doctrina de la función social a la posición de un partido político para que, sin desmedro de otros, no sea ya mas realidad el pensamiento de un experto en ciencias política:“ Ahora, como en el pasado, el ciudadano democrático en la mayoría de los casos no sabe que cuestiones están en juego, que soluciones se han propuesto, acules son las consecuencias probables y ni siquiera que programa sostienen los candidatos que se postulan”.

 

            En la “Profesión de Fe doctrinaria” de la Unión Civil Radical se lee: “El mundo entero sufre un mal profundo proveniente de no adecuar las posibilidades materiales modernas a fines de emancipación del hombre. El Radicalismo cree que solo una cruzada de honda pilsacion humana por la liberación del hombre contra todas las formas degradantes del imperialismo en todos sus aspectos, podrá salvar al mundo en su grave crisis; así como recuerda su fe en el destino de los pueblos de nuestra grande crisis, así como recuerda su fe en el destino de los pueblos en nuestra grande hermandad continental, unida en su libre soberanía y luchando por conquistar junto con los instrumentos de liberación política, el sistema de garantías sociales, contra todos los privilegios económicos que ahogan la libertad y niegan la justicia”.

 

            El Dr. Hipólito Yrigoyen, en su Mensaje al congreso Nacional de agosto de 1920, advertía: “La democracia no consiste solo en la garantía de la libertad política: entraña a la vez la posibilidad de todos para poder alcanzar un mínimo común de felicidad siquiera”. En otras comunicaciones y mensajes, el entonces Presidente de la República preconizo la defensa de la tierra publica para emplearla como elemento de trabajo.

 

“La tierra publica decía el Presidente Yrigoyen, empleada como elemento de trabajo, es el mas poderoso factor de civilización, de ahí que una nación del grado de cultura a que ha llegado la nuestra, no deba desprenderse de sus tierras sino para entregarlas a la labor de muchos, a la colonización intensa y a la radicación de hogares múltiples”; a ello agregamos la fijación de precios topes de arrendamientos y la lucha contra la especulación y el monopolio: “El poder ejecutivo piensa que es necesario amparar la industria y fomentar su desarrollo, porque ello significa prosperidad para el que produce y bienestar para el que consume, pero es necesario también proceder con mano enérgica para impedir la explotación de quienes pretenden aumentar su fortuna sin incorporar ningún esfuerzo a la labor común”.

 

            Justificando medidas legales para intervenir en amparo del consumidor, decía: “Erróneamente se encara esta iniciativa como un caso simple de expropiación común, sometido a las reglas ordinarias. Es una medida de salud pública impulsada por altos fines de armonía social, si los poderes públicos no adoptan con rigor medidas de esta naturaleza, no sólo no llenarán su imprescindible función social, sino que, al amparo de la tolerancia, se especulará con el hombre y la necesidad del pueblo”.

 

            En las “Bases de Acción Política”, el punto VI prescribe: “Organización de una democracia económica. Control de la economía en base a un planeamiento fijado por los órganos representativos de la voluntad popular, que coloque la riqueza natural, la producción, el crédito, las industrias, el consumo, el intercambio internacional, al servicio del pueblo y no de grupos o minorías, para construir  un régimen que subordine la economía a los fines y derechos del hombre y movilice sus recursos, no en el limitado beneficio de los poseedores, sino del desarrollo nacional y del bienestar social”.

 

            En la constituyente de 1949, el convencional Antonio Sobral, con galanura y acierto dijo: “Por eso para mi el hombre cargado de eternidad hace los medios tan plenos de sentido morales que nadie tiene derecho a tomarlos en su exclusivo beneficio, a apoderarse instrumentos de producción puestos ahí para todos, para que todos cumplamos nuestros fines y entre estos medios el esencial  al hombre, el de la tierra. Por eso para nosotros la propiedad, el trabajo y la economía hacen todo inseparable: forman un complejo social, pero en función del hombre y no al manejo ni al servicio del Estado”.

 

            En la Convención Constituyente de 1957, el radicalismo concretó su pensamiento sobre la reforma del inciso 9° del art. 14: “Este derecho (de usar y disponer libremente de la propiedad), se ejercerá con las limitaciones impuestas por el interés social y el bienestar general”.

 

El Congreso Agrario reunido en Córdoba en 1961 dijo a través de las palabras de su inspirador, el señor Justo Paez Molina: “No negamos el derecho de propiedad que nace de la constitución. Creemos en él como elemento indispensable para completar el destino del hombre y asegurar su felicidad. Él está, insisto, en la naturaleza humana y su origen se remonta, con pasión y objetivo de conquista, al origen mismo de los tiempos. Pero no creemos que la propiedad de la tierra pueda estar librada al capricho de su dueño; nadie puede escudarse tras ese derecho para hacer con su propiedad lo que quiera, incluso no trabajarla o trabajarla mal, como ocurre actualmente en que inmensas extensiones de campos improductivos por falta de trabajo o malogrados por destinos inconvenientes e inciertos, privan a la sociedad de una producción que el país necesita para la riqueza colectiva; el que no pueda trabajar su tierra, que la venda o la entregue a quién está en condiciones de hacerlo, pero no especule con la incrementación vegetativa de un valor que no ha contribuido ha formar; en este caso, el Estado, por los infinitos medios que dispone, concurrirá a hacer efectivo el mejor interés social para que su propiedad se diversifique con vistas a que todos tengan acceso a ella”.

 

            Este mismo Congreso aprobó, entre otras ponencias, “La Reforma de la constitución Nacional para establecer el principio de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social”.

 

            Lo expuesto sintetiza una posición nítida sobre los grandes objetivos el Partido, a través del señorío del hombre protegido en la integridad de todos sus atributos y las limitaciones al poder absoluto de la propiedad y de la riqueza. Esta postura vivió, no sólo en el limbo  de la doctrina desnuda, sino en la dinámica de normas, resoluciones y medidas de gobierno. Ejemplo de  ello fueron las recordadas leyes sobre congelación de arrendamientos y precios, la expropiación del azúcar, las disposiciones sobre afectación de tierras públicas, el proyecto del Código de Trabajo, la Ley del Salario vital móvil, etc.

 

            El oyente podrá apreciar el esfuerzo –y sobre todo la coherencia en la lucha y la identidad con la concepción cristiana- en miras a imponer una doctrina que compadece la democracia con la igualdad, la producción de la riqueza con la justicia distributiva y el derecho de propiedad con la limitación a nuestro impulso egoísta de almacenar bienes acaparando todo cuanto sirve a la holganza, la ostentación y el poderío.

 

            Cuando el Radicalismo incluyó en sus plataformas los objetivos de la Reforma Agraria, de la preservación de los recursos naturales y aún de la Integración Latinoamericana, fue sospechado de sostener postulados contrarios al derecho de propiedad o tesis  de extrema izquierda. Conviene pues remarcar que la U.C.R. nunca sostuvo tesis colectivas negatorias de tal derecho, no llevó a cabo confiscaciones, ni de la propiedad en general ni de la propiedad de la tierra. En su plataforma (documentos del comité Nacional) se dice: “La tierra es un bien de producción y no de renta, ni puede ni debe ser instrumento de especulación, ni el derecho de propiedad podrá ser ejercido en forma absoluta, pues ésta solo es legítima y es justa en medida que cumple una función social. Se llevará a cabo una efectiva Reforma Agraria fundada en factores sociales, económicos y políticos que no se agotará en el proceso de división de la tierra, sino que se complementará con la creación de adecuadas estructuras para un mejor aprovechamiento agrario... la política del sector agropecuario debe facilitar al acceso individual o familiar del productor a la propiedad de la tierra...” y en nuestra plataforma provincial de 1973-76 incluíamos también la defensa de la auténtica empresa agraria.

 

            Ahora la Iglesia toma las palabras de Juan Pablo II: “Sobre la propiedad privada grava una hipoteca social” según ya relacionamos y agrega: “La propiedad compatible con aquel derecho primordial es más que nada un poder de gestión y administración, que si bien no excluye el dominio, no lo hace absoluto ni limitado...” “El agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del ambiente constituirán un problema dramático. Afirmamos una vez más la necesidad de una profunda revisión de la tendencia consumista de las naciones desarrolladas; deben tenerse en cuenta las necesidades elementales de los pueblos pobres, que forman la mayor parte del mundo”. (Puebla, N° 492 y 496).

 

La defensa de la tierra pública argentina, de nuestros productores arrendatarios, de la producción cerealera, de los recursos energéticos y de los bosques nacionales, que fueron y son motivaciones del radicalismo, se ajusta pues a la doctrina social cristiana, alejándose de lo que en forma infundada se le atribuye. Ni el Presidente Yrigoyen, ni Illia, ni Alfonsín, confiscaron o estatizaron propiedad o empresa alguna.

 

6.-La paz - la violencia

 

Enseña Juan XXIII (Pacem en Terris) “no falta hombre de gran corazón que, encontrándose frente a situaciones en la que las exigencias de la justicia o no se cumplen o se cumplen en forma deficiente, movidos del deseo de cambiarlo todo, se dejan llevar de un impulso tan arrebatado que parecen recurrir a algo semejante a una resolución. A estos tales quisiéramos recordarle que todas las cosas adquieren su crecimiento por etapas sucesivas... La violencia nunca ha hecho otra cosa que destruir, no edificar: encender las pasiones, no aplacarlas. Acumulando odio y ruinas, no solo no ha logrado reconciliar a los contendientes, sino que a hombres y a partidos los ha llevado a la dura necesidad de reconstruir lentamente, con imponderable trabajo, sobre los escombros amontonados por la discordia, la vieja obra destruida. “-Y en el documento reciente de Argentina (punto 12)Se ratifica: “La tentación de la violencia y la llamada radicalización política, es el pretexto de un compromiso con la justicia y la liberación, es una de las tensiones que pueden desviar a los ciudadanos de una recta opción política”.

 

            El Radicalismo tiene dicho (Documentos y Declaraciones - comité Nacional): “Dentro del marco de la lucha, el radicalismo predicó la paz, la seguridad del hombre y de la mujer argentina, la superación de los desencuentros del pasado en aras de la unidad nacional”... “Nuevos hechos de intolerancia y de violencia obligan a declarar nuestra angustia y protesta. Estos hechos solo pueden engendrar las bases de sistema totalitarios repudiados por nuestro pueblo y nuestra historia. Sobre el crimen no lograremos seguridad ni tendrá vigencia feliz nuestra realidad humana. Dijimos antes que la muerte entre argentinos no reconstruirá la República.

 

            Decía Yrigoyen en su mensaje al gobernador de la Provincia de Santa Fé (1921), “La misión de los altos poderes del Estado es de paz y armonía y este resultado solo se obtiene desenvolviendo una acción moral y política ...El apoyo del mismo presidente a la Liga de las Naciones, el tratado de Paz y Amistad con la República de chile logrado no sin grandes impulsos del Presidente Alfonsín y desarrollados esfuerzos en el Parlamento Argentino, son una línea clara a favor de la Paz, asegurando el mencionado Tratado no solo un desarrollo bilateral pacífico sino la Paz de la región”.

 

            También el Presidente Alfonsín, con sus directivas e inspiraciones, nos encomendó misiones en el exterior donde abogamos permanentemente por el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear.

 

7.-La Familia.

 

            Dice la Iglesia (documento del 24/10/82, punto 9): “El laico cristiano en su opción temporal, debe luchar por la preservación de los derechos inalienables de la familia, célula vital de la sociedad, cuya existencia precede a la del Estado”.

 

            En la Centesimus Annus se dice: “Hay que volver a considerar a la familia como Santuario de la vida. En efecto, es sagrada. Es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Entre llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida”.

 

            Por nuestra parte hicimos esta afirmación tomando las bases partidarias: “...queremos singularmente llamar a la mujer en su condición de trabajadora y más en su posición de eje y sostén de una estructura fundamental, concretada en la familia.

 

            Sin una u otra no podrá hablarse jamás de sociedad donde impere el mutuo respeto, la solidaridad y la paz. No podrá lograrse el sentimiento nacional, partidario o familiar sin la actuación y heroicidad que caracteriza a la mujer argentina.”

 

8.-La ética.

 

            Ya ha sido denunciada insistentemente la crisis de nuestras sociedades basadas fundamentalmente en la crisis moral y no será bastante lo que es insista en la reconstrucción sobre el pilar ético en todas sus manifestaciones. A riesgo de ser tachados de personalistas, queremos en este apartado limitarnos a citar párrafos de Manuel Galvez que condensan la trayectoria de un hombre del radicalismo, y lo hacemos por lo que importa una orientación a nuestra corriente cívica y transformada casi en axioma y en imperativo de la praxis política: “Hipólito Yrigoyen quedará en nuestra historia como un reformador moral. No es el único, pero es el más eficaz...por medio de sus conversaciones individuales, de sus órdenes y decretos, de tal o cual frase de sus escritos, ha atacado la inmoralidad del ambiente. Sólo él ha tenido palabras contra el descreimiento, vale decir, a favor de una fe. Su vida entera representa una lucha contra la indiferencia. Frente al partido Demócrata Progresista, que es intelectual y frío, él predica el entusiasmo y el sentimiento. Y frente al socialismo materialista y ateo, extranjerizo y disolvente, él predica el sentimiento religioso de la vida, la alta moralidad del patriotismo y la defensa de la familia cristiana. La necesidad de la ética política ya está en la conciencia argentina. Eso es la obra de Hipólito Yrigoyen”.

 

            Si ello es historia, si por desgracia Argentina cayó nuevamente hoy en crisis moral, ahora debemos parafrasear al escritorio que no perteneciera desde luego a nuestras filas, según a otra conducta personalizada en Arturo Illia el quijote andante que dice y, exhibe palabras de ley y moral. El Radicalismo continúa así blandiendo la ética. Y esto es obra del ex presidente de los argentinos a quien siguieron sin desviaciones, Alvear, Illia, Alfonsín y hoy lo hace Fernando De La Rúa.

 

            Dijimos al comienzo que ni la Iglesia ni el Radicalismo son inmutables, pues responden a las exigencias de los cambios sociales y políticos. Hoy nos enfrentamos al ocaso de los imperios, a la globalización, al desdibujamiento de las fronteras nacionales. La globalización o mejor dicho universalización, llevada de la mano inicialmente por los intereses económicos y financieros, del narcotráfico, de los delitos financieros, de la ecología y de las migraciones, donde el sentido de nación es superado por la región y aún por los acuerdos interegionales y las comunidades, sobrepasa los límites individuales para bien o para mal. La línea Maginot, la Muralla China y el Muro de Berlín, maravillas de la técnica o de la humanidad o vergüenza de la misma según el caso, ya parecen, en sus intentos de preservación de fronteras, como iniciativas estúpidas. La cordillera de los Andes, límite natural de más de 5000Km. Está hoy perforada por caminos, oleoductos, gasoductos y explotaciones mineras compartidas. Las presas internacionales son cada vez mayores. Esto atrae un cambio político y sociológico que se traduce en estrategias políticas y en modos de responder distinto, las exigencias y problemas de las sociedad4es modernas. Pero los principios de las doctrinas políticas siguen siendo los mismo.

 

            Como cristianos y creyentes soñamos con Teilhard de Chardín que “quizá venga un día en que el campo terrestre esté completamente cultivado, o se vuelva inhabitante y la única ocupación humana (no sólo la de ciertos elegidos o “especialistas” sino de toda la especie) sea la de retirarse más profundamente y directamente en dios en el seno de la noche mística...”. Pero no ha llegado ese momento. Todavía hacen falta labradores para hacer vivir a los orantes; ya a aquellos es preciso poder explicar que trabajan en Cristo, aún cuando remuevan la tierra”.

 

 

 

Víctor H. Martínez

Comité Capital U.C.R. Bs. As.

Abril 3, 2000

 

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