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El
pensamiento social de la Unión Cívica Radical.
Conferencia
brindada por el miembro de número del Instituto Yrigoyeneano, Dr. Fernando
Blanco Muiño, en el marco del Curso de Historia y Doctrina de la Unión Cívica
Radical, el día 17 de noviembre de 1998, en la sede del Comité Capital, Tucumán
1660.
Señores
Miembros del Instituto, correligionarios de la Capital:
Para
abordar el tema propuesto del mejor modo he creído necesario hacer un primer
análisis de la cuestión desde el punto de vista filosófico, con el objeto de
entender de dónde surgen las líneas doctrinarias que nutren el tema social del
radicalismo, para después estudiar cómo esa doctrina se aplicó en la gestión de
gobierno.
a)
Aproximación filosófica.
Cualquier
área del análisis político que se pueda intentar en relación al ideario del
radicalismo se enfrenta con el desafío que constituyen sus ya casi 110 años de
vida. Los tiempos han ido cambiando, las ideas han evolucionado, la acción
política ha mutado hacia nuevas formas de acumulación y de gestión, los hombres
que lideran esos cambios tienen distintos perfiles, los adversarios (contra los
que, circunstancialmente, el partido político se siente enfrentado y que en
muchos casos condiciona su accionar, también van cambiando), lo que en conjunto
demuestra que es muy difícil realizar un estudio comprensivo de tantos años de
historia partidaria sin realizar los distingos necesarios para cada época, para
cada protagonista.
Pero,
sin dudarlo, si hay un área donde el análisis se ve facilitado, donde la
investigación temporal termina en los mismos postulados es en el pensamiento
social del radicalismo; en ninguna otra área de la vida partidaria se hace tan
presente la línea fundadora continuada sistemáticamente en cada tramo de este
siglo, aún en marcos políticos distintos, por los hombres y mujeres que han
integrado y que integran la Unión Cívica Radical.
Esta
línea histórica, claramente identificable a través del tiempo, tiene su origen
en las ideas de Leandro Alem y de Hipólito Yrigoyen.
Ambos
han construído el pensamiento radical teniendo en mira, de forma permanente al
hombre. No hay en la U.C.R. un eje aglutinador ni en la figura de la
corporación, ni en la defensa del interés sectorial, ni en la lucha del poder
por el poder mismo. Por el contrario, el radicalismo ha nacido a la vida
política de este país, y se ha mantenido, como el partido defensor del hombre,
de sus necesidades, de sus intereses, ya sea en el campo o en la ciudad,
privilegiando su desarrollo personal, su acceso a un nivel de vida digno,
garantizando la libertad indispensable para que pueda, dentro de un verdadero
sistema democrático, elegir a sus gobiernos, creando las condiciones para su
acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, defendiendo el patrimonio
nacional convencido que de ese modo
se defiende el patrimonio individual.
El
radicalismo de Alem e Yrigoyen hace base, en primer lugar, en el hombre
interior, reivindicando los bienes espirituales del pueblo, resaltando su
personalidad moral.
Alem sostuvo
la idea moral, “la única capaz de regular
la vida de las sociedades”, dice. “Nuestra moral en todas las esferas de la
vida debe servir de escuela y de fuente de inspiración a todos los demás
pueblos” porque “yo prefiero,
creyéndolo más digno de una sociedad como de un individuo, vivir con menos lujo
y con menos pompa, siempre que me dirija yo mismo”. “Prefiero una vida modesta,
autónoma, a una vida esplendorosa pero sometida a tutelaje” decía Alem,
echando los cimientos doctrinarios para que el pueblo pueda ir construyendo su
propio Estado “a su imagen y semejanza”.
He ahí
los dos principios que Alem le deja al Radicalismo, por un lado la concepción
moral y ética de la política –causa de la emancipación humana y social- y por el
otro, la defensa de la autonomía, partiendo de la individualidad y terminando en
la colectividad, insertada en el marco de un Estado
democrático.
Yrigoyen,
asimismo, continuador del ideario de Alem, fue un auténtico ideólogo político
reconociendo la influencia filosófica de Carlos Krause. Este filósofo alemán
nació en el primer tercio del siglo pasado, y no figuró entre los grandes de la
trascendente filosofía germana de esa
época, pero sí popularizó su pensamiento en España a través de las
enseñanzas de Julio Sanz del Río (quien lo tradujo al castellano), de Francisco
Giner de los Ríos, de Gumersindo Azcárate y de Manuel Cossio. Yrigoyen también
lo leyó a través del belga Tiberghien entre cuyos libros recomendaba los
“Elementos de la moral”. Estos antecedentes explican el por qué del afecto de
Yrigoyen a los hombres de la Primera República española, todos ellos formados en
el krausismo. Carlos Krause hizo de la ética la esencia de la filosofía. La
ética en el obrar del ser humano, la ética en el quehacer de la sociedad humana,
la ética en la conducta de las naciones, la ética en las relaciones
internacionales. Esta faz filosófica de Krause es la que más interesa destacar
porque fue la que más se arraigó en el pensamiento de Hipólito Yrigoyen y en
cada uno de los actos de su vida política, en la orientación de su gobierno y en
su posición internacional como Presidente de los
argentinos.
La
influencia filosófica se aprecia en las expresiones reveladoras de sus
concepciones ético-políticas: “Cuando la
vida se funde en una aspiración suprema de justicia, de derecho, de honor y de
verdad, hacia los cuales nos llevan los impulsos generosos de nuestra
alma…debemos transformarnos en apóstoles incorruptibles de tan nobles
aspiraciones”, afirmó Yrigoyen.
Esta
concepción ética de la política, originada en Krause y levantada por Yrigoyen
fue la base de la idea de Reparación Nacional enarbolada por don Hipólito, quien
quería cambiar la estructura de la Nación Argentina, procurando reparar las
irregularidades, los hábitos corruptos que veía instalados en la órbita estatal,
como un sistema, como un régimen. De allí surgió la calificación de “el Régimen”
que era necesario extirpar. Conseguir ese objetivo era “la Causa” de la lucha
emprendida. Esos propósitos constituyeron la “Reparación
Nacional”,
terminando
con “el Régimen” que representaban los notables y sus desigualdades, merced al
esfuerzo ininterrumpido de la Unión Cívica Radical que era “la
Causa”.
Yrigoyen
impregnó a la “Reparación Nacional” de un sentido ético de tono tan agudo como
para que recurriera a una
metafórica alusión teológica, pues “cada
vez es más imperioso hacer del ejercicio cívico una religión política, un fuero
inmune, al abrigo de toda contaminación, hasta dejar bien cimentadas las
prerrogativas inalienables e imprescriptibles de la nacionalidad”,
sostuvo.
En
consecuencia, desde el punto de vista filosófico y doctrinario, la Unión Cívica
Radical funda su ideario en la concepción ética de la política y en la noción de
“Reparación Nacional”. Como
veremos, estas dos ideas fuerza han impregnado todo el accionar político y
social, no sólo de los fundadores, sino de todos los radicales, desde cualquier
puesto de lucha que les hubiera tocado.
En los
momentos en que los hombres radicales se alejaron de ellos, la Unión Cívica
Radical se confundió con el sistema imperante y perdió la legitimidad ideológica
que le dio sustento. Cada vez que supo y pudo reencauzar su acción en estos dos
principios, el radicalismo se convirtió en el intérprete de los intereses
nacionales, en el partido “reparador”, en el defensor de “la causa de los
desposeídos”.
b) Al
gobierno.
Todo
este planteo filosófico, ideológico y doctrinario, de una pureza intelectual de
la que ningún partido político dispone, podría haber corrido el riesgo de
quedarse en la enunciación teórica, en la frase fácil, en el slogan coyuntural,
y ser, como tantas veces la historia de nuestro país lo ha demostrado, olvidado
al momento de llegar al poder.
Pero
nada de ello sucedió con la Unión Cívica Radical en el gobierno. Así, la
disciplina ideológica krausista llevó a Yrigoyen a manifestar que no hay nada “más infiel que el hombre público cuando, al
llegar a ejercer el mando insigne, se manifiesta en desacuerdo con las doctrinas
sustentadas en el llano y que determinaron su advenimiento al
poder”.
Con ese
mismo espíritu gobernó el Dr. Illia, quien en condiciones mucho más difíciles
que las que encontró don Hipólito cumplió –mientras estuvo en el gobierno- con
la plataforma partidaria; y, con
esa misma palabra empeñada, llegó al poder el Dr. Alfonsín, cumpliendo con los
cien puntos de la plataforma política que había integrado la campaña
electoral.
Pero
volviendo al primer gobierno radical y a la cuestión social encarnada en la idea
de “Reparación Nacional” debemos decir que el primer paso dado por Yrigoyen fue
el de abrir el proceso de constituir una economía nacional al servicio del país
como Nación, no como feudo.
Este
proceso, base del desarrollo del ideario social del radicalismo, fue iniciado
en 1916, ni bien llegado al
gobierno de las República, al encarar dos cuestiones centrales: la primera, a la
vez la más urgente, fue la vinculada a las relaciones del sistema económico con
los trabajadores, y que diera origen a la llamada reforma obrera. La otra, directamente
apuntada a engrandecer al hombre argentino, fue la transformación del propio
sistema económico. Para lograr este segundo objetivo Yrigoyen consideró
necesario avanzar en tres grandes temas: la tierra, la energía del subsuelo y
los ferrocarriles, dando nacimiento a lo que se ha conocido como la reforma
patrimonial.
Ambas
reformas, más la universitaria desde 1918, se fueron entrelazando a lo largo del
gobierno radical, “las tres desenvueltas
con el pensamiento puesto en una devoción radical: el hombre argentino y su
liberación espiritual y económica”, como lo afirmó Del
Mazo.
La lucha
iniciada en esos días se presentaba ardua y de difícil pronóstico. Yrigoyen, en
una elección histórica, había accedido a la primera magistratura pero el Senado
de la Nación era dominado por las fuerzas de "el Régimen", lo mismo que la
mayoría de los gobiernos provinciales, la Universidad y los medios de prensa,
para concluir con las organizaciones financieras, defensoras del capital y del
privilegio.
Es
decir, toda la acción política de ese
primer gobierno radical, dirigida a cumplir con la promesa de la "reparación",
debe ser tenida como el primer paso para cualquier reforma social de este siglo,
sin la cual no se hubiera podido avanzar en el campo de las libertades
sociales.
En lo
que hace a la cuestión de la tierra,
comprensiva la palabra de todo el tema agrario, el gobierno radical encaró el
problema con tres objetivos claros: detener la dilapidación de la tierra
pública, proceder al rescate de la que había sido ilegitimamente enajenada y
defender del despojo, en todo el país, al productor de las pequeñas
explotaciones.
Tras
cinco años en el gobierno, el Presidente Yrigoyen pudo rendir cuentas al
Congreso de la Nación de lo hecho en un Mensaje dirigido a aquél el día 3 de
agosto de 1921, donde manifestó que "se
han reivindicado millones de hectáreas de las más ricas tierras, se contuvo
además, el constante despojo de que era víctima el trabajador modesto por el
acaparador adinerado, para quien se abrían siempre las puertas de la
adminsitración pública. Se han explorado por primera vez los extendidos
territorios para determinar el valor agrológico, económico y social de esa
riqueza, tarea altamente benefactora que por sí sola marca el límite entre el
pasado de desórdenes y los nuevos conceptos que gobiernan la
República".
Todo
este esfuerzo fue acompañado con una importante legislación rural que le fue
dando al hombre de campo los elementos necesarios para concentrarse en su
trabajo.
Así el gobierno de Yrigoyen impulsó proyectos de ley sobre fomento y
colonización agrícolaganadera; locaciones agrícolas; adquisición de arpillera,
hilo y bolsas; cooperativas agrícolas; juntas arbitrales de trabajo agrícola;
defensa de la población trabajadora de los territorios nacionales y código rural
para los territorios nacionales.
En lo
que hace a la defensa de los derechos de los trabajadores rurales y a las nuevas
fórmulas sociales el gobierno propuso: inembargabilidad de los útiles de
labranza y nulidad de las imposiciones del locador sobre la trilla y venta de la
cosecha; el término mínimo de cinco años para los contratos de arrendamientos de
campos vírgenes y de tres años para los cultivados; la asociación de los
agricultores; la subdivisión de las tierras; incorporación de representantes del
campo al directorio del Banco Hipotecario Nacional y pedido de creación del
Banco Agrícola el 29 de setiembre de 1919, que fue literalmente cajoneado por "el Régimen"
en el Congreso Nacional.
Por
último, como complemento de la política agrícola y como defensa del comercio
exterior argentino, Yrigoyen sostuvo al creación de la flota de la marina
mercante, adquiriendo -por acuerdo de ministros- el buque "Bahía
Blanca".
Dicha
adquisición generó un fuerte rechazo en las fuerzas del Régimen abroqueladas en
la Cámara de Diputados y cuyo vocero, para el caso, fue el diputado nacional por
la Provincia de Buenos Aires, Dr. Matías Sánchez Sorondo, lúgubre personaje que
años más tarde, tras la revuelta setembrina, fue encumbrado al ministerio del
interior de la Nación.
En la
sesión del 6 de noviembre de 1919 Sánchez Sorondo afirmó que: “La compra del
Buque Bahía Blanca es un escándalo inaudito que coloca al Presidente y a sus
ministros en pleno código penal”. Se imputaba al Presidente Yrigoyen el haber
burlado al Congreso Nacional con la utilización del mecanismo del acuerdo de
ministros, y además, que el buque adquirido no podía navegar pues su origen
alemán lo incluía en un reciente tratado firmado entre los países aliados y
Alemania y por el cual ésta última nación debía entregar todos los barcos que
superaran las 1600 toneladas de registro.
Ante las
críticas recibidas, el bloque radical de la Cámara baja defendió la decisión
impulsada, recordándole al diputado conservador que la ley de contabilidad del
año 1885 admitía el acuerdo de ministros como instrumento de asignación de
partidas presupuestarias y, en relación a la cuestión de la navegabilidad del
buque adquirido, se le recordó a Sánchez Sorondo que los tratados entre
vencedores y vencidos de la Primera Guera Mundial no le eran oponibles a la
República Argentina, quien se había mantenido neutral en el enfrentamiento
bélico. De ese modo se dieron por tierra con los argumentos de las fuerzas
conservadoras y, con el derecho en la mano, la Unión Cívica Radical dio el
primer paso para la creación de la flota mercante, que permitió un mayor
desarrollo del comercio exterior argentino, que significó una independencia
funcional de las grandes empresas inglesas de trasnportes, de las que éramos
casi prisioneros, y liberó los puertos nacinales del acopio de grano permitiendo
un mayor flujo de salida.
En lo
referido a la cuestión de la energía del
subsuelo, Yrigoyen no fue menos contundente, porque su convencimiento era
esencial en su doctrina. Fue el tema del petróleo el que lo obsesionó durante
toda su gestión y por el cual, se podría afirmar que perdió la presidencia. Se
debe a Yrigoyen la máxima defendida por el bloque de diputados nacionales con
motivo del debate de 1927: "Nacionalización de los yacimientos y
monopolio de su industrialización y comercialización por el Estado". Era tan
importante el petróleo para él que lo llegó a llamar "la segunda riqueza
nativa".
Con esa
convicción, llegado a la presidencia, le volvió a dar impulso a la Dirección
Nacional de Petróleo, la cual bajo la dirección del general Mosconi logró su
máxima organización y desarrollo de las actividades mineras, industriales y
comerciales, pasando la producción de petróleo de 5 millones de pesos (para el
período 1910-1916) a 40 millones (para el período
1916-1920).
Un
párrafo aparte, vincualdo con la energía pero desprendiéndonos del petróleo,
merece el impulso de Yrigoyen a otros aspectos energéticos. Entre ellos es de
destacar el decreto del 24 de julio de 1919 autorizando a la Dirección General
de Navegación y Puertos a realizar los estudios que fuesen necesarios para
determinar la potencia hidroeléctrica efectiva del río Iguazú y transportar la
energía hasta los centros de consumo. Los estudios encomendados, realizados por
los ingenieros Gamberale y Mermoz, sirvieron como base para todos los efectuados
después sobre Salto Grande, Apipé y las Cataratas del Iguazú, que dieron
lugar la construcción de la actual
represa de Salto Grande.
El otro
gran tema pendiente de resolución que encontró Yrigoyen fue el de los servicios
públicos de transporte, en general, y de los ferrocarriles, en particular. Así como
la Unión Cívica Radical defendió la tierra y la producción de la tierra, y
defendió el petróleo, también defendió los ferrocarriles del Estado, la
ampliación de sus líneas, los derechos de la Nación sobre el transporte como
servicio público.
La
acción del gobierno de Yrigoyen, además de procurar la legislación social para
los empleados y obreros ferroviarios, hizo centro en dos cuestiones: la primera,
detener el avance de los abusos de las empresas inglesas y el segundo, construir
nuevas líneas.
Para la
primera, dictó los decretos del 2 y del 25 de mayo de 1917 por los cuales
declaró la caducidad de todas las concesiones ferroviarias de plazos vencidos,
recuperando de ese modo casi 10.000 km. de vías, es decir casi un 30 % de las
red de ferrocarriles, además de una serie de medidas adoptadas tendientes a
desbloquear el monopolio ferroviario heredado de "el Régimen", como ser la
fijación unilateral de las tarifas, la competencia entre el ferrocarril privado
y el del Estado, etc.
Para el
segundo gran objetivo impuesto por el doctor Yrigoyen desde el gobierno
nacional, el relativo a la construcción de nuevas líneas ferroviarias, el
Presidente contó con la colaboración de su Ministro de Obras Públicas el doctor
Pablo Torello y con don Domingo Fernández Beschted al frente de las líneas
administradas por el Estado. El desafío era desarmar esa red estructurada en
función de los intereses económicos de Gran Bretaña y utilizada por ésta como el
mejor mecanismo de dominiación desde el siglo anterior.
En
consecuencia, nacionalizar los ferrocarriles era utilizarlos como poderoso
instrumento de una gran política económica nacional, que rearmara sin
privilegios el mapa económica de la República. En ese sentido, el gobierno envió
al Congreso el 3 de marzo de 1920 el plan integral de política ferroviaria que
tenía por finalidad legalizar la nueva concepción llegada al gobierno, haciendo
eje en el equilibrio de todas las regiones del país, aportando solidariamente al
desarrollo de cada una de ellas.
En esa
dirección se presenta la construcción del ferrocarril a Huaytiquina, una
herramienta de florecimiento económico para el norte argentino y chileno, una
llave de salida de los productos argentinos al Pacífico y de entrada de los
productos chilenos a nuestro país. Este ferrocarril, construído sin
financiameinto externo, sin técnicos extranjeros, trepando hasta los 4.400
metros de altura, ha sido el símbolo de toda una época.
Si bien
su destino final fue modificado y terminó en Socompa, para todos los argentinos
guardó su nombre original, Huaytiquina, y en asociación directa a él, se
menciona el de Yrigoyen, porque fue el triunfo de la convicción, el triunfo de
la idea de un hombre sobre el privilegio.
Ahora
bien, el pensamiento y la acción de la Unión Cívica Radical en el gobierno, en
lo relacionado con lo social no se ha limitado a lo descripto. El pensamiento
social del radicalismo también se plasmó en la reforma obrera y en la legislación social, receptora de
los nuevos postulados en defensa de la vivienda y la previsión, por
ejemplo.
En
relación a la reforma obrera,
corresponde señalar que los primeros años del gobierno radical fueron de huelgas
constantes, que llegaron a la conmoción en 1919.
Primero fueron los obreros del puerto de Buenos Aires, después los
municipales, a los que siguieron los empleados de correos y la de los agrarios,
ésta última con una duración cercana a los dos meses, hasta que estalla en ese
mismo año de 1917, la gran huelga ferroviaria. La progresión de los movimientos
de huelga fue en crecimiento, de 80 en 1916 a 140 en 1917, 200 en 1918 y 370 en
1919. El número de huelguistas pasa de 25.000 en 1910 a 300.000 en
1919.
Piénsese
el papel de la oligarquía ante estas manifestaciones. Por un lado desplazados
del poder político de la República, por otro, cuestionadas sus bases de
sustentación económica acostumbradas al privilegio y el favor
oficial.
El único
camino que suponían exitoso era terminar suplicando en el despacho del
Presidente de la República por una solución que atienda a sus intereses,
recibiendo de éste sólo silencios, pues el nuevo papel del Estado era el de Juez
en las relaciones laborales, equidistante entre obreros y
patronal.
Así lo
demuestra lo manifestado por el Senador Nacional Caballero en su discurso del 25
de setiembre de 1925 cuando relató la siguiente entrevista que tuvo como
protagonista a Hipólito Yrigoyen: "Cuando
la gran huelga ferroviaria de 1917, -comenzó relatando Caballero - ,se presentaron al Presidente Yrigoyen los
delegados de la Bolsa de Comercio y los representantes de la industria y del
comercio, en número de 20 ó 30, en el despacho presidencial. Después de los
saludos de práctica, hubo un largo y molesto silencio, tras el cual comenzaron
la exposición de sus agravios, de los que ellos creían era la obra disolvente
del gobierno. El Presidente les agradeció el que llegaran hasta el Jefe de Gobierno de la República - que
no era enemigo en forma alguna de las clases adineradas, de las clases
productoras, de las fuerzas sociales que ellos representaban, - y les pidió que
formularan las indicaciones pertinentes para encontrar la forma de solucionar de
la mejor manera posible el grave conflicto que afectaba al país. Los
representantes de la industria y del comercio manifestaron en términos generales
y vagos, que el país, por la actitud pasiva del gobierno, estaba sufriendo daños
irreparables. El Presidente Yrigoyen los invitó a que concretaran esos daños
-era esto en el mes de julio o agosto - cuando la feria exposición se realizaba
en Buenos Aires. Además de las razones de que los viajes se interrumpían, de que
las cargas se demoraban, llegaron a manifestar, como el motivo de mayor urgencia
para la cesación de la huelga, que el ganado traído a la exposición empezaba a
enflaquecerse por la falta de forrajes y por las dificultades que ofrecía el
transporte. ¿Qué solución traen Uds. para remediar esos males?, les preguntó el
Presidente Yrigoyen. Se miraron en silencio, tardaron un rato en responder, pero
al fin uno dijo que no se podía esperar más y que el conflicto no tenía solución
pacífica, y agregó: "lo que el gobierno debe hacer es desembarcar a los
marineros, los maquinistas, los fogoneros de la escuadra y ponerlos en las
máquinas para que manejen los trenes; en una palabra, debe aplicarse la fuerza
para solucionar este conflicto. Entonces el Presidente Yrigoyen mirándolos
pensativa y hondamente, les dijo estas frases que resonaron por largo tiempo en
los oídos de muchos de los que las escucharon: ¿es esa la solución que traen
ustedes al gobierno que ha surgido de la entraña misma de la democracia, después
de 30 años de predominio y de privilegio? Entiendan, señores, que los
privilegios han concluído en el país y que de hoy en más, las Fuerzas Armadas de
la Nación no se moverán, sino en defensa de su honor y de su integridad: No irá
el gobierno a destruir por la fuerza esta huelga que significa la reclamación de
dolores inescuchados. Cuando ustedes me hablaban de que se enflaquecían los
toros de la Exposición rural, yo pensaba en la vida de los señaleros, obligados
a permanecer 24, 30 horas, -ese era el régimen de trabajo entonces-. manejando
los semáforos, para los que viajan, para que las familias puedan llegar
tranquilas y sin peligros a los hogares felices; pensaba en la vida, en el
régimen de trabajo de los camareros, de los conductores de trenes, a quienes
ustedes me aconsejan sustituir por las fuerzas del ejército, obligados a
peregrinar a través de las dilatadas llanuras, en viajes de 50 horas, sin
descanso, sin hogar".
Ese era
el nuevo rol del Estado en los conflictos obreros, sin ataduras a los
privilegios de ayer, sin compromisos con los intereses de la oligarquía,
consciente de su deber cívico de garantizar el mayor desarrollo para todos los
argentinos.
En lo
relativo a la legislación social
promovida por el gobierno de la Unión Cívica Radical corresponde resaltar la ley
de salario mínimo, sancionada el 30 de setiembre de 1921, la ley básica de
organización gremial como antecedente necesario de la ley de conciliación y
arbitraje obrero y la ley de contrato colectivo de trabajo, también propiaciadas
por Yrigoyen, la adhesión de la República Argentina a las Convenciones
Internacionales del Trabajo (Washington, noviembre de 1919) y finalmente, el
proyecto de Código del Trabajo, elevado al Congreso Nacional el 6 de junio de
1921, cuyo sumario incluyó, entre otros capítulos: jornada de trabajo, descanso
dominical, accidentes de trabajo,
seguridad en el trabajo, salario, jubilación de ferroviarios,
etc.
He aquí,
entonces, una muy breve síntesis del desarrollo del pensamiento social de la
Unión Cívica Radical durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Quizás, el
doctrinariamente más puro, y el políticamente más fructífero, dado que el
segundo gobierno, por su propia dinámica, y por un Parlamento que se mostró
esquivo, no puede acreditar tan importante obra.
Pero la
concepción social del radicalismo no terminó con Yrigoyen. A lo largo de las
décadas que se sucedieron siempre ha habido dentro del partido hombres
comprometidos con esas banderas y que supieron llevarlas hasta lo más alto del
debate público. A veces en medio de campañas electorales, otras, en sus
actividades parlamentarias, siempre se ha reivindicado la concepción humana de
la Unión Cívica Radical. Son dos de ellos, no los únicos para no ser injustos
con muchos otros, Moisés Lebensohn y
Crisólogo
Larralde.
El
primero, desde cada tribuna, en tiempos muy duros para la Unión Cívica
Radical supo mantener prendida la
llama doctrinaria y así promovió los Congresos Agrarios, el primero en Tandil en
noviembre de 1950, el segundo en Bahía Blanca en julio del año siguiente,
recordando en ambos la tarea reparadora del radicalismo, la involución agraria
de la hora y su propuesta de una nueva construcción económica y
social.
Con ese
mismo espíritu convocó a los obreros de la provincia de Buenos Aires al Primer
Congreso Gremial, en Avellaneda, en agosto de 1951, desde donde denunció el
nuevo despotismo, el apoderamiento de los sindicatos por parte del peronismo,
para terminar convocando a la resistencia obrera.
Y por
último, el gran representante del pensamiento social del radicalismo, ha sido
don Crisólogo Larralde, cuya obra ya analizamos en el Instituto. Larralde fue un
autodidacta, de origen humilde y que se vinculó al radicalismo luego de pasar
por el movimiento anarquista. Su autoformación surgió de la lectura de los casi
8.000 libros que integraban su biblioteca, generando un fuerte compromiso con
los más pobres, con los trabajadores, con los desposeídos, a quienes tuvo
presentes siempre a lo largo de su vida política.
Así
Larralde se ocupó de la organización obrera (enero de 1958), del hombre de campo
(febrero de 1958), fijó posición sobre los contratos petroleros (agosto de 1958)
y propuso un completo plan de estabilización económica en enero de
1959.
Pero la
tarea más importante impulsada por Larralde y que se vincula directamente con el
pensamiento social del radicalismo es, sin dudas, la inclusión del art. 14 bis.
en nuestra Constitución Nacional. La convención constituyente de 1957 debía
receptar los derechos sociales que la legislación moderna había ido incorporando
y que el texto de 1853 no incluyó. Las fuerzas políticas que integraron esa
convención no estaban muy convencidas de hacerlo pues ello significaría, por un
lado, eliminar privilegios de las clases dominantes y por el otro, reconocer los
aportes llevados adelante por el derrocado gobierno de Juan Perón. En ese marco
se discutió la incorporación del art. 14 bis. reconociéndose que un sector
importante del bloque radical no quería acompañar su inclusión. Entonces,
Larralde, Presidente del Comité Nacional, viajó a Santa Fe y monitoreó
personalmente el comportamiento de cada convencional, llegando a sentarse al
fondo del recinto el día de la votación, con el fin de garantizar que todos
apoyaran la redacción propuesta. Y así sucedió, lo que permitió incluir el art.
y modernizar, de esa manera, nuestro texto contitucional.
En fin
queridos amigos del Instituto Yrigoyeneano, hemos visto una secuencia acotada de
la evolución del pensamiento social del radicalismo, tema para el que estuvimos
convocados. Creo que ha quedado demostrado que, por un lado, el principismo
radical en este tema no ha sido moneda de canje en ningún pasaje de nuestra
historia y nuestros hombres no han abdicado de su defensa en cada instancia en
la que participaron, y por el otro, creo que esta exposición nos debe servir
para demostrar que las conquistas sociales de las que gozan los trabajadores en
nuestro país y que, lamentablemente están desapareciendo, no son patrimonio de
un movimiento nacional ni de un coronel iluminado, sino que han sido el
resultado de la acción de un partido político con doctrina, con principios y con
hombres convencidos de su tarea transformadora, y ese partido es la Unión Cívica
Radical.
Bibliografía
utilizada:
- “El Radicalismo”, Gabriel Del Mazo, Tomo I, Ed. Suquía,
Córdoba, 1983, Pág. 172 y ss.
- “Los reelegidos”, Eduardo Bautista Pondé, Ed. Legasa,
Buenos Aires, 1991, Pág. 152.
- “El Pensamiento escrito de Yrigoyen”,
Gabriel Del Mazo, Ed. Raigal, Buenos
Aires, 1945, Pág. 82 y ss.
- “Mi vida y mi doctrina”, Hipólito Yrigoyen, Ed. Raigal, Buenos
Aires, 1957, Pág. 19 y ss.
- “Pensamiento y Acción”, Moisés Lebensohn, Comisión de Homenaje
de la Provincia de Buenos Aires, Wilde, 1956, Pág. 61.
- “Crisólogo Larralde, reseña de sus
vivencias y de su pensamiento político”, Fernando Blanco Muiño. Ed. Gráfica Sur.
Buenos Aires, Agosto de 1997, Pág. 36 y ss.
- “H. Senado de la Nación”, Diario de
Sesiones, 25-9-25.
- “H. Cámara de Diputados de la Nación”,
Diario de Sesiones, Reunión Nº 71, 6 y 13 de noviembre de 1919, pág. 203 y
ss.