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El pensamiento social de la Unión Cívica Radical.

 

Conferencia brindada por el miembro de número del Instituto Yrigoyeneano, Dr. Fernando Blanco Muiño, en el marco del Curso de Historia y Doctrina de la Unión Cívica Radical, el día 17 de noviembre de 1998, en la sede del Comité Capital, Tucumán 1660.

 

Señores Miembros del Instituto, correligionarios de la Capital:

Para abordar el tema propuesto del mejor modo he creído necesario hacer un primer análisis de la cuestión desde el punto de vista filosófico, con el objeto de entender de dónde surgen las líneas doctrinarias que nutren el tema social del radicalismo, para después estudiar cómo esa doctrina se aplicó en la gestión de gobierno.

a) Aproximación filosófica.

 

Cualquier área del análisis político que se pueda intentar en relación al ideario del radicalismo se enfrenta con el desafío que constituyen sus ya casi 110 años de vida. Los tiempos han ido cambiando, las ideas han evolucionado, la acción política ha mutado hacia nuevas formas de acumulación y de gestión, los hombres que lideran esos cambios tienen distintos perfiles, los adversarios (contra los que, circunstancialmente, el partido político se siente enfrentado y que en muchos casos condiciona su accionar, también van cambiando), lo que en conjunto demuestra que es muy difícil realizar un estudio comprensivo de tantos años de historia partidaria sin realizar los distingos necesarios para cada época, para cada protagonista.

Pero, sin dudarlo, si hay un área donde el análisis se ve facilitado, donde la investigación temporal termina en los mismos postulados es en el pensamiento social del radicalismo; en ninguna otra área de la vida partidaria se hace tan presente la línea fundadora continuada sistemáticamente en cada tramo de este siglo, aún en marcos políticos distintos, por los hombres y mujeres que han integrado y que integran la Unión Cívica Radical.

Esta línea histórica, claramente identificable a través del tiempo, tiene su origen en las ideas de Leandro Alem y de Hipólito Yrigoyen.

Ambos han construído el pensamiento radical teniendo en mira, de forma permanente al hombre. No hay en la U.C.R. un eje aglutinador ni en la figura de la corporación, ni en la defensa del interés sectorial, ni en la lucha del poder por el poder mismo. Por el contrario, el radicalismo ha nacido a la vida política de este país, y se ha mantenido, como el partido defensor del hombre, de sus necesidades, de sus intereses, ya sea en el campo o en la ciudad, privilegiando su desarrollo personal, su acceso a un nivel de vida digno, garantizando la libertad indispensable para que pueda, dentro de un verdadero sistema democrático, elegir a sus gobiernos, creando las condiciones para su acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, defendiendo el patrimonio nacional convencido que de ese modo  se defiende el patrimonio individual.

El radicalismo de Alem e Yrigoyen hace base, en primer lugar, en el hombre interior, reivindicando los bienes espirituales del pueblo, resaltando su personalidad moral.

 

Alem sostuvo la idea moral, “la única capaz de regular la vida de las sociedades”, dice. “Nuestra moral en todas las esferas de la vida debe servir de escuela y de fuente de inspiración a todos los demás pueblos” porque “yo prefiero, creyéndolo más digno de una sociedad como de un individuo, vivir con menos lujo y con menos pompa, siempre que me dirija yo mismo”. “Prefiero una vida modesta, autónoma, a una vida esplendorosa pero sometida a tutelaje” decía Alem, echando los cimientos doctrinarios para que el pueblo pueda ir construyendo su propio Estado “a su imagen y semejanza”.

He ahí los dos principios que Alem le deja al Radicalismo, por un lado la concepción moral y ética de la política –causa de la emancipación humana y social- y por el otro, la defensa de la autonomía, partiendo de la individualidad y terminando en la colectividad, insertada en el marco de un Estado democrático.

 

Yrigoyen, asimismo, continuador del ideario de Alem, fue un auténtico ideólogo político reconociendo la influencia filosófica de Carlos Krause. Este filósofo alemán nació en el primer tercio del siglo pasado, y no figuró entre los grandes de la trascendente filosofía germana de esa  época, pero sí popularizó su pensamiento en España a través de las enseñanzas de Julio Sanz del Río (quien lo tradujo al castellano), de Francisco Giner de los Ríos, de Gumersindo Azcárate y de Manuel Cossio. Yrigoyen también lo leyó a través del belga Tiberghien entre cuyos libros recomendaba los “Elementos de la moral”. Estos antecedentes explican el por qué del afecto de Yrigoyen a los hombres de la Primera República española, todos ellos formados en el krausismo. Carlos Krause hizo de la ética la esencia de la filosofía. La ética en el obrar del ser humano, la ética en el quehacer de la sociedad humana, la ética en la conducta de las naciones, la ética en las relaciones internacionales. Esta faz filosófica de Krause es la que más interesa destacar porque fue la que más se arraigó en el pensamiento de Hipólito Yrigoyen y en cada uno de los actos de su vida política, en la orientación de su gobierno y en su posición internacional como Presidente de los argentinos.

La influencia filosófica se aprecia en las expresiones reveladoras de sus concepciones ético-políticas: “Cuando la vida se funde en una aspiración suprema de justicia, de derecho, de honor y de verdad, hacia los cuales nos llevan los impulsos generosos de nuestra alma…debemos transformarnos en apóstoles incorruptibles de tan nobles aspiraciones”, afirmó Yrigoyen.

Esta concepción ética de la política, originada en Krause y levantada por Yrigoyen fue la base de la idea de Reparación Nacional enarbolada por don Hipólito, quien quería cambiar la estructura de la Nación Argentina, procurando reparar las irregularidades, los hábitos corruptos que veía instalados en la órbita estatal, como un sistema, como un régimen. De allí surgió la calificación de “el Régimen” que era necesario extirpar. Conseguir ese objetivo era “la Causa” de la lucha emprendida. Esos propósitos constituyeron la “Reparación Nacional”,

terminando con “el Régimen” que representaban los notables y sus desigualdades, merced al esfuerzo ininterrumpido de la Unión Cívica Radical que era “la Causa”.

Yrigoyen impregnó a la “Reparación Nacional” de un sentido ético de tono tan agudo como para que  recurriera a una metafórica alusión teológica, pues “cada vez es más imperioso hacer del ejercicio cívico una religión política, un fuero inmune, al abrigo de toda contaminación, hasta dejar bien cimentadas las prerrogativas inalienables e imprescriptibles de la nacionalidad”, sostuvo.

En consecuencia, desde el punto de vista filosófico y doctrinario, la Unión Cívica Radical funda su ideario en la concepción ética de la política y en la noción de “Reparación Nacional”. Como veremos, estas dos ideas fuerza han impregnado todo el accionar político y social, no sólo de los fundadores, sino de todos los radicales, desde cualquier puesto de lucha que les hubiera tocado.

 

En los momentos en que los hombres radicales se alejaron de ellos, la Unión Cívica Radical se confundió con el sistema imperante y perdió la legitimidad ideológica que le dio sustento. Cada vez que supo y pudo reencauzar su acción en estos dos principios, el radicalismo se convirtió en el intérprete de los intereses nacionales, en el partido “reparador”, en el defensor de “la causa de los desposeídos”.

 

b) Al gobierno.

Todo este planteo filosófico, ideológico y doctrinario, de una pureza intelectual de la que ningún partido político dispone, podría haber corrido el riesgo de quedarse en la enunciación teórica, en la frase fácil, en el slogan coyuntural, y ser, como tantas veces la historia de nuestro país lo ha demostrado, olvidado al momento de llegar al poder.

Pero nada de ello sucedió con la Unión Cívica Radical en el gobierno. Así, la disciplina ideológica krausista llevó a Yrigoyen a manifestar que no hay nada “más infiel que el hombre público cuando, al llegar a ejercer el mando insigne, se manifiesta en desacuerdo con las doctrinas sustentadas en el llano y que determinaron su advenimiento al poder”.

Con ese mismo espíritu gobernó el Dr. Illia, quien en condiciones mucho más difíciles que las que encontró don Hipólito cumplió –mientras estuvo en el gobierno- con la plataforma partidaria;  y, con esa misma palabra empeñada, llegó al poder el Dr. Alfonsín, cumpliendo con los cien puntos de la plataforma política que había integrado la campaña electoral.

Pero volviendo al primer gobierno radical y a la cuestión social encarnada en la idea de “Reparación Nacional” debemos decir que el primer paso dado por Yrigoyen fue el de abrir el proceso de constituir una economía nacional al servicio del país como Nación, no como feudo.

Este proceso, base del desarrollo del ideario social del radicalismo, fue iniciado en  1916, ni bien llegado al gobierno de las República, al encarar dos cuestiones centrales: la primera, a la vez la más urgente, fue la vinculada a las relaciones del sistema económico con los trabajadores, y que diera origen a la llamada reforma obrera. La otra, directamente apuntada a engrandecer al hombre argentino, fue la transformación del propio sistema económico. Para lograr este segundo objetivo Yrigoyen consideró necesario avanzar en tres grandes temas: la tierra, la energía del subsuelo y los ferrocarriles, dando nacimiento a lo que se ha conocido como la reforma patrimonial.

Ambas reformas, más la universitaria desde 1918, se fueron entrelazando a lo largo del gobierno radical, “las tres desenvueltas con el pensamiento puesto en una devoción radical: el hombre argentino y su liberación espiritual y económica”, como lo afirmó Del Mazo.

La lucha iniciada en esos días se presentaba ardua y de difícil pronóstico. Yrigoyen, en una elección histórica, había accedido a la primera magistratura pero el Senado de la Nación era dominado por las fuerzas de "el Régimen", lo mismo que la mayoría de los gobiernos provinciales, la Universidad y los medios de prensa, para concluir con las organizaciones financieras, defensoras del capital y del privilegio.

 

Es decir, toda la acción política de ese primer gobierno radical, dirigida a cumplir con la promesa de la "reparación", debe ser tenida como el primer paso para cualquier reforma social de este siglo, sin la cual no se hubiera podido avanzar en el campo de las libertades sociales.

En lo que hace a la cuestión de la tierra, comprensiva la palabra de todo el tema agrario, el gobierno radical encaró el problema con tres objetivos claros: detener la dilapidación de la tierra pública, proceder al rescate de la que había sido ilegitimamente enajenada y defender del despojo, en todo el país, al productor de las pequeñas explotaciones.

 

Tras cinco años en el gobierno, el Presidente Yrigoyen pudo rendir cuentas al Congreso de la Nación de lo hecho en un Mensaje dirigido a aquél el día 3 de agosto de 1921, donde manifestó que "se han reivindicado millones de hectáreas de las más ricas tierras, se contuvo además, el constante despojo de que era víctima el trabajador modesto por el acaparador adinerado, para quien se abrían siempre las puertas de la adminsitración pública. Se han explorado por primera vez los extendidos territorios para determinar el valor agrológico, económico y social de esa riqueza, tarea altamente benefactora que por sí sola marca el límite entre el pasado de desórdenes y los nuevos conceptos que gobiernan la República".

 

Todo este esfuerzo fue acompañado con una importante legislación rural que le fue dando al hombre de campo los elementos necesarios para concentrarse en su trabajo.             Así el gobierno de Yrigoyen impulsó proyectos de ley sobre fomento y colonización agrícolaganadera; locaciones agrícolas; adquisición de arpillera, hilo y bolsas; cooperativas agrícolas; juntas arbitrales de trabajo agrícola; defensa de la población trabajadora de los territorios nacionales y código rural para los territorios nacionales.

 

En lo que hace a la defensa de los derechos de los trabajadores rurales y a las nuevas fórmulas sociales el gobierno propuso: inembargabilidad de los útiles de labranza y nulidad de las imposiciones del locador sobre la trilla y venta de la cosecha; el término mínimo de cinco años para los contratos de arrendamientos de campos vírgenes y de tres años para los cultivados; la asociación de los agricultores; la subdivisión de las tierras; incorporación de representantes del campo al directorio del Banco Hipotecario Nacional y pedido de creación del Banco Agrícola el 29 de setiembre de 1919, que fue  literalmente cajoneado por "el Régimen" en el Congreso Nacional.

 

Por último, como complemento de la política agrícola y como defensa del comercio exterior argentino, Yrigoyen sostuvo al creación de la flota de la marina mercante, adquiriendo -por acuerdo de ministros- el buque "Bahía Blanca".

 

Dicha adquisición generó un fuerte rechazo en las fuerzas del Régimen abroqueladas en la Cámara de Diputados y cuyo vocero, para el caso, fue el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Dr. Matías Sánchez Sorondo, lúgubre personaje que años más tarde, tras la revuelta setembrina, fue encumbrado al ministerio del interior de la Nación.

 

En la sesión del 6 de noviembre de 1919 Sánchez Sorondo afirmó que: “La compra del Buque Bahía Blanca es un escándalo inaudito que coloca al Presidente y a sus ministros en pleno código penal”. Se imputaba al Presidente Yrigoyen el haber burlado al Congreso Nacional con la utilización del mecanismo del acuerdo de ministros, y además, que el buque adquirido no podía navegar pues su origen alemán lo incluía en un reciente tratado firmado entre los países aliados y Alemania y por el cual ésta última nación debía entregar todos los barcos que superaran las 1600 toneladas de registro.

 

Ante las críticas recibidas, el bloque radical de la Cámara baja defendió la decisión impulsada, recordándole al diputado conservador que la ley de contabilidad del año 1885 admitía el acuerdo de ministros como instrumento de asignación de partidas presupuestarias y, en relación a la cuestión de la navegabilidad del buque adquirido, se le recordó a Sánchez Sorondo que los tratados entre vencedores y vencidos de la Primera Guera Mundial no le eran oponibles a la República Argentina, quien se había mantenido neutral en el enfrentamiento bélico. De ese modo se dieron por tierra con los argumentos de las fuerzas conservadoras y, con el derecho en la mano, la Unión Cívica Radical dio el primer paso para la creación de la flota mercante, que permitió un mayor desarrollo del comercio exterior argentino, que significó una independencia funcional de las grandes empresas inglesas de trasnportes, de las que éramos casi prisioneros, y liberó los puertos nacinales del acopio de grano permitiendo un mayor flujo de salida.

 

En lo referido a la cuestión de la energía del subsuelo, Yrigoyen no fue menos contundente, porque su convencimiento era esencial en su doctrina. Fue el tema del petróleo el que lo obsesionó durante toda su gestión y por el cual, se podría afirmar que perdió la presidencia. Se debe a Yrigoyen la máxima defendida por el bloque de diputados nacionales con motivo del debate de 1927: "Nacionalización de los yacimientos y monopolio de su industrialización y comercialización por el Estado". Era tan importante el petróleo para él que lo llegó a llamar "la segunda riqueza nativa".

 

Con esa convicción, llegado a la presidencia, le volvió a dar impulso a la Dirección Nacional de Petróleo, la cual bajo la dirección del general Mosconi logró su máxima organización y desarrollo de las actividades mineras, industriales y comerciales, pasando la producción de petróleo de 5 millones de pesos (para el período 1910-1916) a 40 millones (para el período 1916-1920).

Un párrafo aparte, vincualdo con la energía pero desprendiéndonos del petróleo, merece el impulso de Yrigoyen a otros aspectos energéticos. Entre ellos es de destacar el decreto del 24 de julio de 1919 autorizando a la Dirección General de Navegación y Puertos a realizar los estudios que fuesen necesarios para determinar la potencia hidroeléctrica efectiva del río Iguazú y transportar la energía hasta los centros de consumo. Los estudios encomendados, realizados por los ingenieros Gamberale y Mermoz, sirvieron como base para todos los efectuados después sobre Salto Grande, Apipé y las Cataratas del Iguazú, que dieron lugar  la construcción de la actual represa de Salto Grande.

 

El otro gran tema pendiente de resolución que encontró Yrigoyen fue el de los servicios públicos de transporte, en general, y de los ferrocarriles, en particular. Así como la Unión Cívica Radical defendió la tierra y la producción de la tierra, y defendió el petróleo, también defendió los ferrocarriles del Estado, la ampliación de sus líneas, los derechos de la Nación sobre el transporte como servicio público.

 

La acción del gobierno de Yrigoyen, además de procurar la legislación social para los empleados y obreros ferroviarios, hizo centro en dos cuestiones: la primera, detener el avance de los abusos de las empresas inglesas y el segundo, construir nuevas líneas.

 

Para la primera, dictó los decretos del 2 y del 25 de mayo de 1917 por los cuales declaró la caducidad de todas las concesiones ferroviarias de plazos vencidos, recuperando de ese modo casi 10.000 km. de vías, es decir casi un 30 % de las red de ferrocarriles, además de una serie de medidas adoptadas tendientes a desbloquear el monopolio ferroviario heredado de "el Régimen", como ser la fijación unilateral de las tarifas, la competencia entre el ferrocarril privado y el del Estado, etc.

 

Para el segundo gran objetivo impuesto por el doctor Yrigoyen desde el gobierno nacional, el relativo a la construcción de nuevas líneas ferroviarias, el Presidente contó con la colaboración de su Ministro de Obras Públicas el doctor Pablo Torello y con don Domingo Fernández Beschted al frente de las líneas administradas por el Estado. El desafío era desarmar esa red estructurada en función de los intereses económicos de Gran Bretaña y utilizada por ésta como el mejor mecanismo de dominiación desde el siglo anterior.

 

En consecuencia, nacionalizar los ferrocarriles era utilizarlos como poderoso instrumento de una gran política económica nacional, que rearmara sin privilegios el mapa económica de la República. En ese sentido, el gobierno envió al Congreso el 3 de marzo de 1920 el plan integral de política ferroviaria que tenía por finalidad legalizar la nueva concepción llegada al gobierno, haciendo eje en el equilibrio de todas las regiones del país, aportando solidariamente al desarrollo de cada una de ellas.

 

En esa dirección se presenta la construcción del ferrocarril a Huaytiquina, una herramienta de florecimiento económico para el norte argentino y chileno, una llave de salida de los productos argentinos al Pacífico y de entrada de los productos chilenos a nuestro país. Este ferrocarril, construído sin financiameinto externo, sin técnicos extranjeros, trepando hasta los 4.400 metros de altura, ha sido el símbolo de toda una época.

 

Si bien su destino final fue modificado y terminó en Socompa, para todos los argentinos guardó su nombre original, Huaytiquina, y en asociación directa a él, se menciona el de Yrigoyen, porque fue el triunfo de la convicción, el triunfo de la idea de un hombre sobre el privilegio.

 

Ahora bien, el pensamiento y la acción de la Unión Cívica Radical en el gobierno, en lo relacionado con lo social no se ha limitado a lo descripto. El pensamiento social del radicalismo también se plasmó en la reforma obrera  y en la legislación social, receptora de los nuevos postulados en defensa de la vivienda y la previsión, por ejemplo.

 

En relación a la reforma obrera, corresponde señalar que los primeros años del gobierno radical fueron de huelgas constantes, que llegaron a la conmoción en 1919.             Primero fueron los obreros del puerto de Buenos Aires, después los municipales, a los que siguieron los empleados de correos y la de los agrarios, ésta última con una duración cercana a los dos meses, hasta que estalla en ese mismo año de 1917, la gran huelga ferroviaria. La progresión de los movimientos de huelga fue en crecimiento, de 80 en 1916 a 140 en 1917, 200 en 1918 y 370 en 1919. El número de huelguistas pasa de 25.000 en 1910 a 300.000 en 1919.

 

Piénsese el papel de la oligarquía ante estas manifestaciones. Por un lado desplazados del poder político de la República, por otro, cuestionadas sus bases de sustentación económica acostumbradas al privilegio y el favor oficial.

El único camino que suponían exitoso era terminar suplicando en el despacho del Presidente de la República por una solución que atienda a sus intereses, recibiendo de éste sólo silencios, pues el nuevo papel del Estado era el de Juez en las relaciones laborales, equidistante entre obreros y patronal.

 

Así lo demuestra lo manifestado por el Senador Nacional Caballero en su discurso del 25 de setiembre de 1925 cuando relató la siguiente entrevista que tuvo como protagonista a Hipólito Yrigoyen: "Cuando la gran huelga ferroviaria de 1917, -comenzó relatando Caballero - ,se presentaron al Presidente Yrigoyen los delegados de la Bolsa de Comercio y los representantes de la industria y del comercio, en número de 20 ó 30, en el despacho presidencial. Después de los saludos de práctica, hubo un largo y molesto silencio, tras el cual comenzaron la exposición de sus agravios, de los que ellos creían era la obra disolvente del gobierno. El Presidente les agradeció el que llegaran hasta el  Jefe de Gobierno de la República - que no era enemigo en forma alguna de las clases adineradas, de las clases productoras, de las fuerzas sociales que ellos representaban, - y les pidió que formularan las indicaciones pertinentes para encontrar la forma de solucionar de la mejor manera posible el grave conflicto que afectaba al país. Los representantes de la industria y del comercio manifestaron en términos generales y vagos, que el país, por la actitud pasiva del gobierno, estaba sufriendo daños irreparables. El Presidente Yrigoyen los invitó a que concretaran esos daños -era esto en el mes de julio o agosto - cuando la feria exposición se realizaba en Buenos Aires. Además de las razones de que los viajes se interrumpían, de que las cargas se demoraban, llegaron a manifestar, como el motivo de mayor urgencia para la cesación de la huelga, que el ganado traído a la exposición empezaba a enflaquecerse por la falta de forrajes y por las dificultades que ofrecía el transporte. ¿Qué solución traen Uds. para remediar esos males?, les preguntó el Presidente Yrigoyen. Se miraron en silencio, tardaron un rato en responder, pero al fin uno dijo que no se podía esperar más y que el conflicto no tenía solución pacífica, y agregó: "lo que el gobierno debe hacer es desembarcar a los marineros, los maquinistas, los fogoneros de la escuadra y ponerlos en las máquinas para que manejen los trenes; en una palabra, debe aplicarse la fuerza para solucionar este conflicto. Entonces el Presidente Yrigoyen mirándolos pensativa y hondamente, les dijo estas frases que resonaron por largo tiempo en los oídos de muchos de los que las escucharon: ¿es esa la solución que traen ustedes al gobierno que ha surgido de la entraña misma de la democracia, después de 30 años de predominio y de privilegio? Entiendan, señores, que los privilegios han concluído en el país y que de hoy en más, las Fuerzas Armadas de la Nación no se moverán, sino en defensa de su honor y de su integridad: No irá el gobierno a destruir por la fuerza esta huelga que significa la reclamación de dolores inescuchados. Cuando ustedes me hablaban de que se enflaquecían los toros de la Exposición rural, yo pensaba en la vida de los señaleros, obligados a permanecer 24, 30 horas, -ese era el régimen de trabajo entonces-. manejando los semáforos, para los que viajan, para que las familias puedan llegar tranquilas y sin peligros a los hogares felices; pensaba en la vida, en el régimen de trabajo de los camareros, de los conductores de trenes, a quienes ustedes me aconsejan sustituir por las fuerzas del ejército, obligados a peregrinar a través de las dilatadas llanuras, en viajes de 50 horas, sin descanso, sin hogar".

 

Ese era el nuevo rol del Estado en los conflictos obreros, sin ataduras a los privilegios de ayer, sin compromisos con los intereses de la oligarquía, consciente de su deber cívico de garantizar el mayor desarrollo para todos los argentinos.

 

En lo relativo a la legislación social promovida por el gobierno de la Unión Cívica Radical corresponde resaltar la ley de salario mínimo, sancionada el 30 de setiembre de 1921, la ley básica de organización gremial como antecedente necesario de la ley de conciliación y arbitraje obrero y la ley de contrato colectivo de trabajo, también propiaciadas por Yrigoyen, la adhesión de la República Argentina a las Convenciones Internacionales del Trabajo (Washington, noviembre de 1919) y finalmente, el proyecto de Código del Trabajo, elevado al Congreso Nacional el 6 de junio de 1921, cuyo sumario incluyó, entre otros capítulos: jornada de trabajo, descanso dominical,  accidentes de trabajo, seguridad en el trabajo, salario, jubilación de ferroviarios, etc.

 

He aquí, entonces, una muy breve síntesis del desarrollo del pensamiento social de la Unión Cívica Radical durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Quizás, el doctrinariamente más puro, y el políticamente más fructífero, dado que el segundo gobierno, por su propia dinámica, y por un Parlamento que se mostró esquivo, no puede acreditar tan importante obra.

Pero la concepción social del radicalismo no terminó con Yrigoyen. A lo largo de las décadas que se sucedieron siempre ha habido dentro del partido hombres comprometidos con esas banderas y que supieron llevarlas hasta lo más alto del debate público. A veces en medio de campañas electorales, otras, en sus actividades parlamentarias, siempre se ha reivindicado la concepción humana de la Unión Cívica Radical. Son dos de ellos, no los únicos para no ser injustos con muchos otros, Moisés Lebensohn y Crisólogo Larralde.

El primero, desde cada tribuna, en tiempos muy duros para la Unión Cívica Radical  supo mantener prendida la llama doctrinaria y así promovió los Congresos Agrarios, el primero en Tandil en noviembre de 1950, el segundo en Bahía Blanca en julio del año siguiente, recordando en ambos la tarea reparadora del radicalismo, la involución agraria de la hora y su propuesta de una nueva construcción económica y social.

 

Con ese mismo espíritu convocó a los obreros de la provincia de Buenos Aires al Primer Congreso Gremial, en Avellaneda, en agosto de 1951, desde donde denunció el nuevo despotismo, el apoderamiento de los sindicatos por parte del peronismo, para terminar convocando a la resistencia obrera.

 

Y por último, el gran representante del pensamiento social del radicalismo, ha sido don Crisólogo Larralde, cuya obra ya analizamos en el Instituto. Larralde fue un autodidacta, de origen humilde y que se vinculó al radicalismo luego de pasar por el movimiento anarquista. Su autoformación surgió de la lectura de los casi 8.000 libros que integraban su biblioteca, generando un fuerte compromiso con los más pobres, con los trabajadores, con los desposeídos, a quienes tuvo presentes siempre a lo largo de su vida política.

 

Así Larralde se ocupó de la organización obrera (enero de 1958), del hombre de campo (febrero de 1958), fijó posición sobre los contratos petroleros (agosto de 1958) y propuso un completo plan de estabilización económica en enero de 1959.

 

Pero la tarea más importante impulsada por Larralde y que se vincula directamente con el pensamiento social del radicalismo es, sin dudas, la inclusión del art. 14 bis. en nuestra Constitución Nacional. La convención constituyente de 1957 debía receptar los derechos sociales que la legislación moderna había ido incorporando y que el texto de 1853 no incluyó. Las fuerzas políticas que integraron esa convención no estaban muy convencidas de hacerlo pues ello significaría, por un lado, eliminar privilegios de las clases dominantes y por el otro, reconocer los aportes llevados adelante por el derrocado gobierno de Juan Perón. En ese marco se discutió la incorporación del art. 14 bis. reconociéndose que un sector importante del bloque radical no quería acompañar su inclusión. Entonces, Larralde, Presidente del Comité Nacional, viajó a Santa Fe y monitoreó personalmente el comportamiento de cada convencional, llegando a sentarse al fondo del recinto el día de la votación, con el fin de garantizar que todos apoyaran la redacción propuesta. Y así sucedió, lo que permitió incluir el art. y modernizar, de esa manera, nuestro texto contitucional.

 

En fin queridos amigos del Instituto Yrigoyeneano, hemos visto una secuencia acotada de la evolución del pensamiento social del radicalismo, tema para el que estuvimos convocados. Creo que ha quedado demostrado que, por un lado, el principismo radical en este tema no ha sido moneda de canje en ningún pasaje de nuestra historia y nuestros hombres no han abdicado de su defensa en cada instancia en la que participaron, y por el otro, creo que esta exposición nos debe servir para demostrar que las conquistas sociales de las que gozan los trabajadores en nuestro país y que, lamentablemente están desapareciendo, no son patrimonio de un movimiento nacional ni de un coronel iluminado, sino que han sido el resultado de la acción de un partido político con doctrina, con principios y con hombres convencidos de su tarea transformadora, y ese partido es la Unión Cívica Radical.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía utilizada:

- “El Radicalismo”, Gabriel Del Mazo, Tomo I, Ed. Suquía, Córdoba, 1983, Pág. 172 y ss.

- “Los reelegidos”, Eduardo Bautista Pondé, Ed. Legasa, Buenos Aires, 1991, Pág. 152.

- “El Pensamiento escrito de Yrigoyen”, Gabriel Del Mazo, Ed. Raigal, Buenos Aires, 1945, Pág. 82 y ss.

- “Mi vida y mi doctrina”, Hipólito Yrigoyen, Ed. Raigal, Buenos Aires, 1957, Pág. 19 y ss.

- “Pensamiento y Acción”, Moisés Lebensohn, Comisión de Homenaje de la Provincia de Buenos Aires, Wilde, 1956, Pág. 61.

- “Crisólogo Larralde, reseña de sus vivencias y de su pensamiento político”, Fernando Blanco Muiño. Ed. Gráfica Sur. Buenos Aires, Agosto de 1997, Pág. 36 y ss.

- “H. Senado de la Nación”, Diario de Sesiones, 25-9-25.

- “H. Cámara de Diputados de la Nación”, Diario de Sesiones, Reunión Nº 71, 6 y 13 de noviembre de 1919, pág. 203 y ss.

 

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