CARTILLA DOCTRINARIA
DE LA
UNION CIVICA RADICAL
Esta “Cartilla” está
dedicada a los radicales ideológicamente jóvenes porque cuando se trata de
purismo ideológico, no es axiomático que la juventud se ajuste a la cronología,
acorde con aquella afirmación de José Ingenieros de que “jóvenes son los que
no tienen complicidad con el pasado”.
La dedicatoria es, pues, para los jóvenes por edad,
para los que dejaron la juventud sin que envejeciera su pensamiento, para los
que serán jóvenes cuando los que lo son ahora dejes de serlo, y así por siempre
en la inacabable renovación generacional.
PRINCIPIOS
DOCTRINARIOS DE LA U.C.R.
1.-
Federalismo
2.-
Cumplimiento de la Constitución Nacional
3.- Libertad
de Sufragio
4.-
Antiacuerdismo electoral
5.- Defensa
del patrimonio nacional
6.-
Americanismo
7.-
Neutralidad y organización internacional
En esencia, la Doctrina de la U.C.R. se asienta en los
siete enunciados que encabezan esta “Cartilla”.
No
hay declaraciones oficiales que los mencione taxativamente, pero sí constituyen
la síntesis del pensamiento pricipista de los fundadores de la U.C.R.
La
concentración numérica está ampliamente documentada en afirmaciones muy
conocidas de Leandro Alem y de Hipólito Yrigoyen; su contenido ideológico es
absolutamente indiscutible.
De
suyo, que es admisible que algún comentarista se incline a modificar la
calificación o a cambiar la denominación de los principios, y aún a
diversificarlos ampliando la calificación heptagonal, lo que no tiene mayor
significación porque lo substancial es la autenticidad del contenido y esas
variante no pueden ir más allá de una intención didáctica en busca de una mayor
claridad expositiva.
Lo
fundamental es que cada enunciado tenga el correlato que explique su sentido social, su arraigo histórico, y la forma
y momento en que los creadores de la U.C.R. los predicaron como causa y razón
de ser de la movilización política que le dio origen.
1
El
Federalismo, como ordenamiento político-social de la República Argentina, es
principio doctrinal de la U.C.R. no solamente porque lo haya predicado y
cumplido, sino porque recogió la realidad social argentina, constituyéndose en
su gran defensor.
El
natural vivir de los pueblos en el tiempo colonial se desarrolló en el
aislamiento. Era un problema de incomunicación devenido de los medios de
transporte, desarrollándose así un fuerte sentido localista.
Las
poblaciones encerradas en sí mismas, elaboraron su manera de vivir con una
distinción clasista emanada del abolengo de ser descendientes de los primeros
colonizadores. Signó a la clase alta con una altivez difícil de avasallar por
el poderío económico porteño. Los que fueron calificados como caudillos
pertenecían a ese sector social.
La
originariamente humilde Buenos Aires crecía o declinaba al ritmo cambiante del
contrabando. Restricción del contrabando: pobreza,; liberalidad para
contrabandear: enriquecimiento. De manera contrapuesta, el contrabando
empalidecía la industria y el comercio regional; acerrojar a los contrabandista
rejuvenecía lo industroso lugareño recuperando su prosperidad comercial.
Cuando
el interior dl país agudizó su resistencia y surgió el caudillo como jefe
político y militar, cabal intérprete del sentir lugareño, se hizo nítida la
realidad de la vocación federal de la sociedad argentina.
Buenos
Aires tuvo sostenedores del federalismo; fueron políticamente federales, pero
no en lo económico. Cuando se rozaban los intereses vinculados con el federalismo,
y en cambio fracasaron todas las anteriores
porque renegaban de esa verdad social.
Los
partidarios de la centralización de Buenos Aires y del acoquinamiento del
federalismo, polarizaron la intención dominadora porteña procurando hacer de la
Ciudad de Buenos Aires la capital de la república. Rivadavia en 1826 proyectó
federalizar una lonja de la provincia de Buenos Aires desde Ensenada hasta la
desembocadura del río Reconquista. Mitre intentó que fuera toda la provincia
bonaerense. Pero el pueblo argentino, no. Sus representantes sancionaron en
1868la ley que declaraba capital del a Nación a Rosario de Santa Fe. Al año
siguiente otra ley ratificó a Rosario como capital. En 1871 otra ley designó al
villorio Villanueva, próximo a Villa María, en Córdoba, y en 1873, una vez más
la nominación recayó en Rosario. Sarmiento vetó todas esas leyes, metiéndose en
el bolsillo la opinión parlamentaria que era la opinión de todo el país.
Bien
se ve que la federalización de Buenos Aires avasallaba el sentimiento
federalista argentino, explica el por qué de la oposición de Alem a la ley que
la impuso en 1880 e ilustra sobre la
compenetración del federalismo con el ideario radical justificando que sea uno
de los principios de la doctrina.
Alem,
en las memorables sesiones de la Legislatura bonaerense del 12 y 17 de
noviembre de 1830, enunciaba que capitalizada Buenos Aires es posible que
“tengamos un gobierno tan fuerte que al fin concluya por absorver toda la
fuerza de los pueblos y ciudadanos de la República”, porque “las grandes
capitales todo lo atraen y absorven y lo influencian”. “La vida de la campaña
dominada... “Cuando el poder central por sí solo tenga más fuerza que todos los Estados federales
juntos, el régimen... será paulatinamente subertido, y avasallado”. La
dictadura será inevitable siempre que un mal gobernante quiera establecer la...
la República Argentina quedará librada a la voluntad y a las pasiones del jefe
del ejecutivo nacional”.
El
traslado de la capital federal a Carmen de Patagones y Viedma por el
crecimiento argentino dentro del federalismo.
II
Hay
que hurgar en la historia para advertir la razón que asiste a la U.C.R. para
tener al Cumplimiento de la Constitución Nacional como principio doctrinario.
La sanción de la constitución de 1853 no implicó su estricto cumplimiento,
porque se la eludía cuando los intereses políticos lo requerían o se la
invocaba para justificar beneficios sectoriales. Un partido asumió la decisión
de defenderla y exigir que se cumpliera y fue la U.C.R., con lo que es
comprensible que su persistencia en reclamar que se la respetase originaba una
suerte de simbiosis entre la Constitución y el Partido, llegando así a
conformar un principio esencial de su doctrina. Yrigoyen la calificó como
sagrada.
En
verdad las transgresiones a la Constitución Nacional no perdieron actualidad.
Cada revolución militar se trajo bajo su brazo su propio e improvisado estatuto
reglamento que debía respetarse con prioridad a la Constitución; esto se
extendió hasta fines de 1983. Y es muy relativo suponer que vivimos en pleno
orden constitucional porque el gobierno nacional, al mejor estilo de Perón,
encuentra manera de soslayar sus preceptos.
El
régimen tripartito de poderes está cercenado porque el Poder Ejecutivo Nacional
mediante la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y la implantación del “per saltum”, limita la independencia del
poder Judicial en las instancias definitivas. También el Poder Legislativo
soporta embates del Ejecutivo porque este impone por decreto medidas que
corresponden ser dictadas por los legisladores; con mas los comentarios
peyorativos para con diputados y senadores en el desempeño de su función. El
conjunto semeja un plan armado en procura de la hegemonía del Poder Ejecutivo Nacional.
Vaya,
entonces, que bastante tenemos que hacer los radicales en defensa de la
doctrina del cumplimiento de la Constitución.
III
El
sufragio, como sistema del que se vale la comunidad para elegir mediante el
voto, a aquellos ciudadanos que han de ocupar los cargos es un derecho y es una
obligación de carácter individual e indelegable.
Tan
sustantivo derecho ciudadano no se respetó, sí se transgredió, por años y años,
hasta el escenario de la política argentina asomó la U.C.R. que se plantó ante
ese escarnio social exigiendo que se legislara implantando el voto universal
secreto y obligatorio, para igualar los derechos de la ciudadanía, evitar
presiones al libre albedrío del elector y habituar al pueblo argentino a
participar de la elección de sus representantes; debía reemplazarse el sistema
de Padrones preparados para facilitar el fraude, por el Padrón Militar que era
más creíble; las fuerzas políticas minoritarias deberían tener derecho a una
representación proporcionada a su caudal electoral.
Toda
la filosofía política que respaldaba a esas pretendidas exigencias constituyó
uno de los puntales de la doctrina de la U.C.R., que se conoció como Libertad
de Sufragio.
Esa
posición la adoptó, la defendió y llegó a imponerla la U.C.R., exclusivamente
la U.C.R. enfrentando a todas las tendencias políticas que, o preferían el
fraude, o se resignaban a la inercia condescendiente. Por esto invocar la
doctrina de la Libertad de Sufragio es prerrogativa de la U.C.R. Y de manera
excluyente.
Porque,
salvo el radicalismo, todos los Partidos políticos argentinos o practicaron o
usufructuaron el fraude electoral. Antes del 1916 las elecciones fraudulentas fueron
la norma. Y en esa forma irregular llegaron a la presidencia de la Nación
todos, hasta que asumió Hipólito Yrigoyen en comicios limpios. Después de los
gobiernos de Yrigoyen y Albear, otra vez el fraude con José Féliz Uriburu, con
Agustín P. Justo y en las elecciones de Roberto Ortiz y Ramón Castillo. Y
ningún partido –excepción siempre del radicalismo- protestó y no protestaron
porque se enganchaban en el fraude para
encaramarse como senadores, diputados y concejales.
Yrigoyen
fue asiduamente tentado para que entrara en componendas electoralistas. Julio
A. Roca le mandó mensaje pidiéndole que la U.C.R. apoyara la candidatura
presidencial de Manuel Quintana; despachó al mensajero diciéndole cómo
pretendían tal cosa cuando procurar terminar con el régimen que representaba
Roca y los suyos era la razón de ser de la U.C.R. Un par de veces el presidente
Figueroa Alcorta le pidió apoyo, especialmente cuando -fue la respuesta- y comenzando por “cambiar los registros
electorales, quemándolos si es necesario, sustituyéndolo por otros hechos
correctamente”.
Roque
Saenz Peña también quiso arrimar al radicalismo con ofertas dadivosas,
recibiendo la república de estilo: “No. Sólo comicios honorables garantidos
sobre la base de la reforma electoral”. Por fin Roque Sáenz Peña entendió y
asimiló el contenido de la doctrina que predicaba el radicalismo y el 13 de
febrero de 1912 promulgó le ley electoral. En un todo coincidente con las
sugerencias de don Hipólito.
El
proceder de Yrigoyen representa una regla de oro: si un gobierno quebranta el
orden republicano, la U.C.R. debe abstenerse de toda interlocución con él,
mientras no rectifique su comportamiento.
No
hay que confundir ofrecimientos con diálogo. Yrigoyen tuvo entrevistas en las
que recibió propuestas que rechazó, exigiendo previamente comicios correctos.
Nunca aceptó dialogar sobre planes de gobiernos.
El
Comité Nacional debería recordar al gobierno nacional que no ajusta su conducta
a la Constitución y, consiguientemente, abandonar el diálogo.
IV
PRINCIPIO
DE ANTIACUERDISMO ELECTORAL
Luego
de la revolución del ´90 la Convención de la Unión Cívica eligió la fórmula
Mitre – de Irigoyen para las elecciones de 1892, Roca entrevistó a Mitre a poco
de su regreso de Europa y le propuso que sustituyera a De Irigoyen por José E.
Uriburu porque así estaría asegurado el triunfo.
Don
Bartolo aceptó. Don Leandro se lo reprochó. Mitre argumentó que buscaba “un
acuerdo leal y patriótico de los partidos y la supresión de hechos de la lucha
electoral”. Alem replicó: “Yo no acepto el acuerdo. Soy radical intransigente”.
Con esta frase Alem sentaba el Antiacuerdismo Electoral como razón de ser de lo
que sería la U.C.R. Los acuerdista fueron expulsados y se fundó la U.C.R.
precisamente como reacción contra el acuerdo.
La
repulsa no se limita a acuerdos con otros partidos porque se extiende a la
introducción de extrapartidarios en la Listas de la U.C.R. para cargos
electivos.
Ese
pensar es claro. Yrigoyen en 1891 ante el ofrecimiento de otros partidos para
confeccionar Listas compartidas decía que “es timbre de honor haber rechazado
semejantes transacciones”.
En
1883 no aceptó la invitación de la Liga Agraria para formas Listas mixtas
porque “siempre importan una transgresión
y un compromiso restrictivo a la libertad de criterio de los partidos...
implica en todo momento mutilar la capacidad política del pueblo... destruyendo
anhelos y entusiasmos que mueven al ciudadano al ejercicio de su derecho”. La
U.C.R. debe plantear esta cuestión desde el punto de vista de los principios
que alienta en su seno. A la luz de este criterio, los acuerdos políticos ni
siquiera pueden formularse.”
En 1897 la U.C.R. de la Provincia de Buenos aires
declaró que
“se
pretende llevar al partido por caminos extraviados, caer en acuerdos, en
componendas con el orden de las cosas que –precisamente- habían dado origen a
la formación del Partido. Que las tradiciones y antecedentes del Partido le
imponen mantenerlos en toda su integridad, con mayor razón en el momento
actual, cuando correligionarios con sus energías debilitadas... buscan el
concurso de fuerzas extrañas para alcanzar por medios contrarios a la índole de
nuestra organización política, el triunfo de los ideales perseguidos por la U.C.R.”
En
1924 el Comité Nacional dijo que “repudia toda actividad partidaria que
signifique alianza o acercamiento con partidos de otra orientación.” La
Convención Nacional de 1948 asentó que “rechaza pactos o acuerdos con otras
fuerzas políticas y prohibe a sus afiliados, grupo u organismo que promuevan o
se implique en iniciativas de esa índole.” Y la del año 1953 reafirmó que “la
U.C.R. luchará sin pactos, acuerdos, conforme a su tradición histórica.”
Hipólito
Yrigoyen desde las alturas de su infabilidad principista excecró a los que
transan con pactos o acuerdos, sentenciando: “Benditos sean los que piden
transigencia con las actitudes personales; pero los que la piden en el orden de
los principios, malditos sean para siempre!”
Bien
se ve que se equivocan de medio a medio los radicales que propugnan esos
entendimientos. Acorde con la severa intransigencia de Hipólito Yrigoyen, quizá
no sea temeridad suponer que hubieran sido sancionados.
La
tesitura antiacuerdista engarza con la ética política. Por estar impregnada de
ética, la repulsa a los acuerdos no cede en ninguna instancia, se trate de un
entendimiento para lograr éxito electoral, o para abalanzarse sobre cargos
públicos, o hacer un acomodo prescindiendo de las diferencias que separan a los
Partidos políticos. Todo eso constituye una actitud irrespetuosa para con los
afiliados que se incorporaron atraídos por el ideario de su filosofía política.
El
Antiacuerdimo es una convicción fundamentada en claro raciocinio. Alem y
también Yrigoyen fueron terminantes y éste era inflexible: “La U.C.R. tiene fe
en sus hombres, pero no obstante ello, queda convocada para mantener
irreductiblemente los principios fundamentales que inspiraron su doctrina.”
El
Antiacurdismo marcha acollarado con la
Intransigencia. Aislados pierden fuerza. El pensar político genera principios y
la acumulación de estos estructura la doctrina política. Algunos consideran a
esos postulados doctrinales de cumplimiento circunstancial, para otros son la
médula de sus ideales a sostener permanentemente. Allí está la clave de la
Intransigencia.
Quien está persuadido de la verdad de esos principios
procura imponerlos sin concesiones, vale decir con absoluta intransigencia. La
U. C. R. Adoptó la Intransigencia como dogma y la hizo forma de proceder con
igual vigor que sus principios doctrinarios.
Es
prudente que los radicales mediten qué grave omisión es olvidar el
Antiacuerdismo y la Intransigencia es la concepción idealista de la U.C.R.
V
PRINCIPIO
DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL
La
doctrina de la U.C.R. puntualiza que determinadas riquezas naturales y ciertos
servicios públicos no deben salir del dominio del Estado ni ser concedidos a entidades
privadas.
También
se extiende al control de las negociaciones en que participa el Estado para
evitar que sus funcionarios, directa o indirectamente, se beneficien
ecomómicamente utilizando su influencia, o que se valgan del conocimiento
anticipado de medidas gubernativas posibles de ser aprovechadas, obteniendo
ventajas personales.
Abarca,
asimismo, la oposición a convenios internacionales con contenido entreguista
que, a veces, llegan a agraviar nuestra soberanía.
La
posición de la U.C.R. en defensa de los recursos naturales tuvo su m{as clara
exteriorización en orden al petróleo.
El
desarrollo se la industria petrolera a través de la Y.P.F. fue sensacional en los gobiernos de Yrigoyen
y Albear. El entreguismo comenzó con la revolución “con olor a petróleo” el 6
de septiembre de 1930. Prosiguió esquilmando a Y.P.F. Ille pretendió
restablecer la nacionalización anulando las concesiones impugnadas y ese gesto
de argentinidad afectó intereses foréneos que encontraron argentinos dispuestos
a deponerlo.
Para
el radicalismo algunos servicios deben ser atendidos por el Estado, tales como
los ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad. Los gobiernos radicales no
pudieron hacerlo. Perón, a ritmo escandaloso, nacionalizó los teléfonos y
ferrocarriles; la adquisición por el Estado de las compañías de electricidad
amontonaron presunciones de negocios m{as que turbios.
Perón
y los gobiernos militares adulteraron lo doctrinario del radicalismo
convirtiendo al Estado en un incansable absorvedor de empresas, buena parte de
ellas sumamente deficitarias en camino a la quiebra. Fue un gran negocio para
los empresarios y un desastre para el Estado. Respecto a la conducta en la
función pública, Yrigoyen alertó al más distraído: “Sin moral personal, no se
puede estar en la función pública” y exigía que quienes desempeñaran funciones
legislativas, administrativas o judiciales, debía suspender su actividad
profesional, comercial, o industrial por incompatibles y para que no se
aprovechara el desempeño de cargos gubernativos gestionando favores que lo
enriquecieran. Se oponía a la persistencia en cargos públicos electivos o no,
comprometiéndolos a que “desde los estrados de poder pasaríamos directa y
únicamente a nuestras casas y de allí a las filas de la opinión” y reputaba
intolerable utilizar medidas de gobierno proyectadas y conocidas con
anterioridad a que se decretaran para
beneficio económico del funcionario.
El
rechazo a pactos internacionales deteriorantes de la economía argentina puede
apreciarse a través de dos ejemplos clásicos: el primer empréstito y el pacto
Roca-Ruciman, ambos demostativos de lo que repele la Doctrina radical.
En
tiempos de Rivadavia se firmó un empréstito en el que el Banco Baring Brothers
nos dio un préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas para construir el puerto
de Buenos Aires, fundar ciudades en zonas de frontera y sobre la costa
atlántica, e instalar aguas corrientes para mejorar la salubridad de Buenos
Aires.
Entre
la colocación de títulos de la deuda en el mercado financiero de Londres,
intereses anticipados y amortización anticipada de dos años, quedó para que
percibiéramos 500.000 libras de las que nos remitieron 70.000 y las 430.000
restantes quedaron a nuestra disposición, pero en Londres. Desde luego que no
hubo ni puerto, ni ciudades, ni aguas corrientes, ni recibimos una libra más.
Con
el tiempo se consolidó la deuda fijando la suma a devolver en 1.641.000 libras,
equivalente a 8.000.000 de pesos fuertes que, cuando terminamos de pagar, trepó
a 23.734.766. Contra estas cosas luchaba la U.C.R. en defensa del patrimonio
nacional.
El
pacto Roca-Ruciman ejemplifica la reincidencia luego del desplazamiento del
radicalismo por la evolución de 1930.
El
presidente Justo envió a Londres una embajada para negociar acuerdos económicos,
integrada por el vicepresidente Julio A. Roca, Miguel Angel Cárcano y Guillermo
Leguizamón. Leguizamón no se ruborizó afirmando que “ la Argentina es una de
las joyas más preciadas de la corona de su graciosa magestad” y Roca
Enfatizó que “la Argentina es por su interdependencia
recíproca, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Reino
Unido”, lo que motivó que un miembro de la Cámara de los Comunes dijera que
“siendo la Argentina prácticamente una colonia económica, le conviene más
incorporarse de lleno al imperio británico.” Del pacto resultó que declinamos a
favor de Inglaterra el control de los frigoríficos y de los créditos a las
empresas británicas, le cedimos el transporte de la ciudad de Buenos Aires y
contratamos a Otto Niemeyer, alto funcionario del Banco de Inglaterra, para que
orientara nuestra economía. El zorro en el gallinero...
Nuestro patrimonio resultó muy dañado en el
alternativo juego de privatizaciones y estatizaciones. Con Juárez Celman
vivimos privatizaciones con ritmo de negociados; con Perón tuvimos
estatizaciones con cadencia de negociados. Ahora estamos otra vez en la línea
de privatizaciones y los medios informativos dicen nuevamente de posibles
negociados.
El
principio radical de la Defensa del Patrimonio Nacional se yergue para impedir
que de tal modo se mancille la soberanía nacional y se desmedre su riqueza.
VI
PRINCIPIO DE AMERICANISMO
El
Americanismo -de magros resultados
positivos hasta ahora- enraiza con los movimientos emancipadores y, conceptualmente, promueve una América
entrelazada por acuerdos que reconozcan o impulsen los intereses regionales;
que posibiliten el traslado de personas y mercaderías como si fuera un solo
país; que constituya un bloque en las relaciones internacionales con Estados no
americanos; que impele el desarrollo cultural, económico y política; que
extirpe todo residuo de coloniaje, que la modernización llegue incorporando los
avances técnicos sin destruir las costumbres y las tradiciones autóctonas; que
conjuque lo mejor que venga de Europa con lo rescatable de la civilización
indígena; que desarrolle una manera de vida internacional sin odios, sin
enfrentamientos, nutrida de comprensión y tolerancia; que haga de un americano
amigo de otro americano, todo en pos de una confederación de países con la
característica de conservar las respectivas soberanías.
La
doctrina de la U.C.R. recepta cabalmente estas aspiraciones y tuvo en Hipólito
Yrigoyen un excelente aplicador.
Uno
de sus primeros actos de gobierno fue denunciar el Tratado del A.B.C.,
suscripto con Brasil y Chile, afirmando que “Yo no puedo aceptar eso que coloca
a tres naciones en un plano superior a los demás. Eso no es justicia ni
garantía de paz. Las nacionalidades que se quedan en la puerta han de sentir es
escozor de la exclusión. Ningún pueblo se considera menos que otro, y
establecer la diferencia es ofender. No me extrañaría que esa fórmula fuese
expresión de alguien que no quiere dividir”.
Don Hipólito veía bajo es agua porque el inspirador
del Tratado Estados Unidos de América que venía de dar otro zarpazo sobre
México y eran muy tensas sus relaciones con Japón. Procuraba morigerar la
indiganación de los latino americanos uniendo las tres naciones mejor
organizadas de sudamerica Argentina Brazil Y Chile, mediante un Tratado que les
daría potencialidad hegemónica. Antes que fuera ratificado, Yrigoyen lo
desbarató.
En
cambio, convocó a un Congreso Continental de Neutrales a reunirse en Buenos
Aires, en 1917, para evitar que fueran conminadas a intervenir en la guerra. El
intento fracasó por la presión estadounidense, cuyo embajador comentaba con
desparpajo: “El proyecto es bueno, pero no le conviene a Estados Unidos de
América"”
Las
naciones independientes son titulares de los derechos que rigen su ordenamiento
interno, lo que representa que ninguna otra nación puede inmiscuirse quebrando
esa libre organización. El Americanismo calificó ese derecho como principio de
No Intervención, que repudia sus tres posibilidades: Invasión territorial,
Cobro compulsivo de deudas, y Coloniaje.
En
América la Invasión territorial se dio en dos formas: ocupación de territorios
como ánimo de anexarlos (Estados Unidos apoderándose de casi la mitad de
México) o permanencia transitoria (también Estados Unidos en Nicaragua,
República dominicana, etc.).
Infringiendo
el principio de No Intervención, Estados Unidos invadió la República
Dominicana, depuso a sus autoridades destituyéndolas por estadounidenses y
reemplazó la bandera dominicana por la del Invasor. Por ese entonces falleció
el poeta mexicano Amado Nervo, representante diplomático en Uruguay y
Argentina, cuyos restos se trasladaron a México en el Crucero “Uruguay”
escoltado por el argentino “9 de Julio”. Al regresar, el Comandante tenía
instrucciones de hacer visita de cortesía a algunos países, pero dada la
situación dominicana consultó si correspondía hacerlo y en caso afirmativo a
qué bandera rendir homenaje.
Defendiendo el principio de No Intervención, Yrigoyen fue terminante:
“Orden al Comandante del Crucero “9 de julio”: Id y saludad al pabellón
dominicano”.
La
República Oriental del Uruguay tuvo su sofocón durante la guerra de 1914. En
los Estados de Río Grande y Santa Catalina, en el sur del Brasil, hubo una
insurrección promovida por pobladores de origen germano para invadir al Uruguay
y tornarlo punto de apoyo para la marina alemana. En previsión, Uruguay
solicitó armamento e Yrigoyen respondió: No venderemos armas, pero si el Uruguay
es amenazado por fuerzas extranjeras, la Argentina se jugará íntegramente en su
defensa”. Otra correcta interpretación del no intervencionismo.
Así
como el intervencionismo conlleva violencia y ocupación territorial, la Libre Determinación de los Pueblos no
implica necesariamente el ingreso de fuerzas armadas. La libertad de
discernimiento de una nación prohibe a otros Estados inmiscuirse en los
problemas internos, aún cuando lo pidiese un sector de sus habitantes. Yrigoyen
lo aplicó cuando el presidente del Paraguay, Ayala, a quien intentaba deponer,
solicitó armas y cooperación de la Argentina. Don Hipólito se negó porque “mi
gobierno jamás interferirá en los problemas nacionales que deben ser resueltos
por ellos mismos”; ofreció, en cambio, mediar en procura de un advenimiento
entre los enfrentados.
VII
En
las instancias bélicas, los adversarios procuran alianzas que los fortalezcan y
que, contrapuestamente, debiliten al oponente. En esos casos, la presión de los
Estados poderosos sobre los más débiles intenta imponerles la ruptura de la
neutralidad y la participación en la guerra como aliado.
Para
el radicalismo, la neutralidad es la espontánea manera en que los habitantes de
una nación nacen, viven y mueren, si bien es cierto que siempre hay un lugar en
la tierra donde los humanos están combatiendo. La neutralidad es innata a los
pueblos. Hipólito Yrigoyen sentenciaba que “ la paz es el estado normal de las
naciones. Todo pueblo, todo grupo de pueblo hermanos, tiene la obligación de
mantener la paz y resguardarla. La desesperación de los gobiernos sin juicio
propio, por declara la neutralidad frente a conflictos que a lo nacional no
afectan, procede de que, desde lo más íntimo, los mueve un espíritu de
dependencia, un espíritu rendido de antemano, o bien por intereses, o bien por
una idea, o sentimiento de inferioridad, fruto de un tipo de política sin fe ni
principios”.
La
Argentina en la guerra del ´14 hizo reiteración principista de su doctrina de
la Neutralidad. Cuando Alemania anunció el bloqueo en las proximidades de
Inglaterra, Francia e Italia y que la navegación de los barcos neutrales sería
a su riesgo, Yrigoyen contestó que “ajustará su conducta, como siempre, a los
principios y normas fundamentales del Derecho Internacional”; los barcos de
bandera argentina no fueron molestados. Cuando por error hundieron naves de
nuestro pabellón reconocieron la justicia de la protesta y al terminar la
contienda el gobierno alemán desagravió a la bandera argentina.
La
hegemonía suele ser antinómica de la paz; por eso la U.C.R. sostiene los
principios que hemos recordado de No Intervención y Libre determinación de los
Pueblos; repudia el Cobro Compulsivo de deudas y el Coloniaje; y esto ensambla
con la igualdad jurídica de las naciones. Esa igualdad jurídica no obsta a que
existan países rectores por su excelente grado de evolución, pero esa rectoría
debe asentarse en autoridad moral y no en actos coercitivos.
La
doctrina de la U.C.R. referida a la Organización Internacional afirma que las
desavenencias no deben arrastrar a la lucha armada y sí recurrir al arbitraje
ante una Corte Internacional especialmente creada e insospechable de
parcialismo y que un organismo de esa naturaleza ha de estar integrado por
todas las naciones sin discriminación alguna. Esa tesis agrió la preponderancia
de tono omnipotente de las naciones vencedoras en la guerra de 1914.
La
Argentina fue invitada a la Conferencia Privada de Neutrales y a la Primera
Asamblea General de la Liga de las Naciones convocada para el 15 de noviembre
de 1920, en la Ciudad de Ginebra. Las instrucciones que el presidente de la
Delegación, Ponorio Pueyrredón, recibió de Yrigoyen establecía como premisa
fundamental que una Liga de naciones no podía avocarse a considerar el Orden
del Día sin declarar como previo y especial pronunciamiento, que serían
admitidos todos los Estados soberanos que desearan hacerlo. Si esto no se
aceptaba, la Argentina debía retirarse.
Nuestro
país llegaba a la Asamblea con indiscutida autoridad moral por las firmes
actitudes de Yrigoyen, de allí que se accedió a que Pueyrredón expusiera con
anticipación al tratamiento del temario. Este, al entrar en lo medular del
discurso destacó que la República Argentina consideraba esencial la
participación de todos los Estados soberanos reconocidos por la comunidad,
salvo que se negaran a incorporarse; que se creara una Corte Permanente de Justicia
Internacional porque si falta “la justicia, ningún país podrá ser libre desde
el punto de vista internacional”.
Pueyrredón
metía el dedo en la llaga porque el propósito de los triunfadores era eliminar
a los derrotados y asegurarse el predominio mundial por siempre jamás. El
pedido se rechazó y nuestra Delegación, acorde con el mandato recibido, se
retiró.
La
Argentina asumió una función agorera, al par que reveladora de la lucidez con
matiz visionario de Yrigoyen. En ese 1920 la Argentina se alejó anunciando la
inviabilidad de un organismo internacional que no estaba inspirado en el bien
común de todas las naciones y todos los pueblos de la tierra. Y en 1939, Europa
primero y el mundo entero después, estaban destrozándose. No alcanzó a 20 años
la paz prometida por ese
desequilibrado convenio ginebrino.
NEGLIGENCIA
DOCTRINARIA
La
deserción doctrinaria destiñe su contenido dogmático, desdibujando la
personalidad del radicalismo.
Hipólito
Yrigoyen intuyó que eso pudiera ocurrir con el transcurso de los años y predicó
que “Si la U.C.R. cayera en el error de confundirse con el medio imperante,
tendría que convocarse nuevamente a la voluntad nacional porque se habría
falseado su misión histórica y perdido su carácter político. Sería menester
condensar nuevas fuerzas para continuar la lucha cada vez más dificultosa,
porque a los males previstos y conocidos se habría agregado esta tremenda
apostasía a su fe. Y no hay drama más siniestro que la pérdida de la fe de un
pueblo”.
La
defección doctrinaria se patentiza ostensiblemente en la búsqueda de acuerdos
preelectorales que constituye un alzamiento contra el Antiacuerdismo que es
esencia de la Doctrina de la U.C.R.
Comenzó
la abjuración introduciendo ciudadanos no radicales en nuestras Listas, prosiguió
con la presencia extrapartidaria neda menos que en la fórmula de candidatos
para presidir la Nación, se sumó la concomitancia con otras fuerzas políticas
para trepar a cargos electivos
olvidando el supremo mensaje de Yrigoyen “Que se pierdan mil gobiernos pero que
se salven los principios” y culminó con un amasijo de tendencias políticas
diversas para elevar a Gobernador a un afiliado a nuestro partido que anunció,
jactanciosamente y como blasón, que prescindiría de los radicales en su función
como gobernante.
Quizá
convenga rememorar el famoso “Tu quoque juventus. Todos en tropel” de Francisco
Barroetaveña, para reavivar la autenticidad de nuestra conciencia radical, no
sea que lleguemos a tener que remendar aquella frase con un angustioso “Tu
toque radical. Todos en tropel a la desintegración?”.
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* El autor fue Presidente del Instituto Yrigoyeneano por más de quince años. Fue Escribano, Doctor en Notariado, Presidente de la Academia Nacional del Notariado y rector de la Universidad Nacional de Notariado.